Tenis de Mesa: Tribunal anula elecciones y remueve a directiva
El Tribunal Electoral Regional Metropolitano dictó un fallo contundente que anula el proceso eleccionario de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme), realizado el pasado 4 de enero de 2025. La sentencia acoge la reclamación por vicios manifiestos en las candidaturas y la comisión electoral, ordenando la cesación inmediata de la presidencia y tesorería electas.
En una resolución que marca un precedente administrativo para el deporte nacional, el Tribunal estableció que tanto la presidenta electa, Beatriz Campillay Rojas, como el tesorero, Franco Baldecchi Gallardo, incumplieron los requisitos básicos exigidos por los estatutos de la Federación. Según detalla el fallo, quedó demostrado que ninguno poseía la calidad de dirigente o exdirigente de una asociación afiliada, condición habilitante indispensable para postular a dichos cargos.
El abogado querellante, Javier Gómez, calificó la sentencia como "muy dura y contundente", subrayando que el dictamen no solo remueve a los directivos cuestionados, sino que confirma la existencia de "irregularidades manifiestas" que viciaron la voluntad electoral. El documento legal también señala la designación irregular de Javier Cabrera en la Comisión Electoral, quien no contaba con la representación de su asociación base, lo que provocó una conformación defectuosa del órgano fiscalizador desde su origen.
Como medida inmediata, el Tribunal ordenó que los cargos cuestionados cesen sus funciones. Se ha instruido la conformación de un directorio provisional integrado por Claudio Araya (vicepresidente), Javiera Valenzuela (secretaria) y Bruno Caroca (director), quienes tendrán la responsabilidad exclusiva de citar a una asamblea general extraordinaria en un plazo de 30 días hábiles —una vez ejecutoriada la sentencia— para nominar una nueva Comisión Electoral.
El fallo también reivindicó la candidatura de Christian Ramírez Bravo, cuyo rechazo fue calificado como injustificado y fuera de la normativa legal. Ante el escenario judicial, Gómez anticipó que es probable que la contraparte apele a la resolución, lo que podría extender el proceso de definición de nuevas autoridades por un periodo estimado de seis a siete meses, hasta que se resuelva la segunda instancia y se convoque a nuevos comicios bajo estrictos estándares de transparencia.
Fuente: Á. Torres R.
En una resolución que marca un precedente administrativo para el deporte nacional, el Tribunal estableció que tanto la presidenta electa, Beatriz Campillay Rojas, como el tesorero, Franco Baldecchi Gallardo, incumplieron los requisitos básicos exigidos por los estatutos de la Federación. Según detalla el fallo, quedó demostrado que ninguno poseía la calidad de dirigente o exdirigente de una asociación afiliada, condición habilitante indispensable para postular a dichos cargos.
El abogado querellante, Javier Gómez, calificó la sentencia como "muy dura y contundente", subrayando que el dictamen no solo remueve a los directivos cuestionados, sino que confirma la existencia de "irregularidades manifiestas" que viciaron la voluntad electoral. El documento legal también señala la designación irregular de Javier Cabrera en la Comisión Electoral, quien no contaba con la representación de su asociación base, lo que provocó una conformación defectuosa del órgano fiscalizador desde su origen.
Como medida inmediata, el Tribunal ordenó que los cargos cuestionados cesen sus funciones. Se ha instruido la conformación de un directorio provisional integrado por Claudio Araya (vicepresidente), Javiera Valenzuela (secretaria) y Bruno Caroca (director), quienes tendrán la responsabilidad exclusiva de citar a una asamblea general extraordinaria en un plazo de 30 días hábiles —una vez ejecutoriada la sentencia— para nominar una nueva Comisión Electoral.
El fallo también reivindicó la candidatura de Christian Ramírez Bravo, cuyo rechazo fue calificado como injustificado y fuera de la normativa legal. Ante el escenario judicial, Gómez anticipó que es probable que la contraparte apele a la resolución, lo que podría extender el proceso de definición de nuevas autoridades por un periodo estimado de seis a siete meses, hasta que se resuelva la segunda instancia y se convoque a nuevos comicios bajo estrictos estándares de transparencia.
