Lanzan estrategia nacional contra la explotación sexual de NNA
El Gobierno de Chile presentó el nuevo Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) 2024–2032, una política de Estado orientada a desarticular las redes delictuales y proteger de forma integral a las víctimas de esta grave vulneración.
La iniciativa es coordinada de manera directa por la Subsecretaría de la Niñez, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con diversas instituciones estatales, organismos internacionales de derechos humanos y entes autónomos del país.
Esta estrategia nacional surge como una respuesta urgente ante el incremento sustantivo en la complejidad del fenómeno delictivo, el cual abarca desde la captación en entornos digitales y la trata de personas hasta la producción de material de abuso en internet.
El nuevo instrumento moderniza la gestión pública bajo el amparo de la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral, estableciendo una plataforma de gobernanza que busca descentralizar las acciones operativas y adecuar los recursos fiscales a las realidades críticas de cada región.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, enfatizó la urgencia del despliegue institucional señalando que el Estado debe actuar de manera unificada, decidida y sin espacio para omisiones, situando la protección de la infancia como una prioridad ética.
De acuerdo con los datos analizados por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, las víctimas identificadas a nivel nacional experimentaron un aumento del 72% entre los años 2022 y 2024, consolidando una tendencia de alta preocupación pública.
Las estadísticas reflejan que los entornos virtuales son la principal vía de captación, afectando en un 90% a mujeres adolescentes de 14 a 17 años, mientras que el 85% de los agresores corresponde a sujetos externos al núcleo familiar residencial de las víctimas.
El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, detalló que el abordaje del problema requiere un fortalecimiento estructural en los procesos de detección temprana y prevención, organizando el trabajo territorial mediante mesas de articulación interinstitucional de alta especialización técnica.
El diseño operativo contempla un total de 20 acciones intersectoriales distribuidas en cinco ámbitos estratégicos bien definidos, que incluyen la prevención digital, fiscalización en sectores turísticos de alto riesgo y la instauración de un protocolo de investigación penal unificado.
Por su parte, el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, confirmó el diseño de un plan sectorial interno destinado a perfeccionar las rutas de reparación integral y el flujo de información con la justicia.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, valoró de forma positiva este esfuerzo de coordinación liderado por el Ejecutivo, expresando que el organismo autónomo fiscalizará que la estrategia genere compromisos financieros reales y resultados medibles a corto plazo en el territorio nacional.
Finalmente, la representante de UNICEF en el país, Violet Speek-Warnery, destacó que este marco refrenda los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990.
Fuente: pvegag@desarrollosocial.gob.cl
La iniciativa es coordinada de manera directa por la Subsecretaría de la Niñez, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con diversas instituciones estatales, organismos internacionales de derechos humanos y entes autónomos del país.
Esta estrategia nacional surge como una respuesta urgente ante el incremento sustantivo en la complejidad del fenómeno delictivo, el cual abarca desde la captación en entornos digitales y la trata de personas hasta la producción de material de abuso en internet.
El nuevo instrumento moderniza la gestión pública bajo el amparo de la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral, estableciendo una plataforma de gobernanza que busca descentralizar las acciones operativas y adecuar los recursos fiscales a las realidades críticas de cada región.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, enfatizó la urgencia del despliegue institucional señalando que el Estado debe actuar de manera unificada, decidida y sin espacio para omisiones, situando la protección de la infancia como una prioridad ética.
De acuerdo con los datos analizados por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, las víctimas identificadas a nivel nacional experimentaron un aumento del 72% entre los años 2022 y 2024, consolidando una tendencia de alta preocupación pública.
Las estadísticas reflejan que los entornos virtuales son la principal vía de captación, afectando en un 90% a mujeres adolescentes de 14 a 17 años, mientras que el 85% de los agresores corresponde a sujetos externos al núcleo familiar residencial de las víctimas.
El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, detalló que el abordaje del problema requiere un fortalecimiento estructural en los procesos de detección temprana y prevención, organizando el trabajo territorial mediante mesas de articulación interinstitucional de alta especialización técnica.
El diseño operativo contempla un total de 20 acciones intersectoriales distribuidas en cinco ámbitos estratégicos bien definidos, que incluyen la prevención digital, fiscalización en sectores turísticos de alto riesgo y la instauración de un protocolo de investigación penal unificado.
Por su parte, el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, confirmó el diseño de un plan sectorial interno destinado a perfeccionar las rutas de reparación integral y el flujo de información con la justicia.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, valoró de forma positiva este esfuerzo de coordinación liderado por el Ejecutivo, expresando que el organismo autónomo fiscalizará que la estrategia genere compromisos financieros reales y resultados medibles a corto plazo en el territorio nacional.
Finalmente, la representante de UNICEF en el país, Violet Speek-Warnery, destacó que este marco refrenda los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990.
Fuente: pvegag@desarrollosocial.gob.cl
