Chile y política migratoria: 60 días para expulsiones y sanciones al transporte irregular
En el extremo norte de Chile, el Complejo Fronterizo Chacalluta no es solo un punto de tránsito, sino el tablero donde se redefine hoy el concepto de soberanía nacional. Durante su reciente despliegue operativo en la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast puso de relieve una crisis de gestión que trasciende la vigilancia física: la ineficacia de un marco legal que, por su brevedad y rigidez, ha terminado por facilitar la irregularidad. La pregunta que recorre los pasillos del Palacio de La Moneda y los puestos de avanzada en la frontera es si un Estado puede considerarse plenamente soberano cuando sus herramientas administrativas obligan a liberar a quienes han quebrantado la ley migratoria. Este giro radical busca pasar de la observación pasiva a una capacidad de acción punitiva y administrativa sin precedentes.
De 5 a 60 días: El fin de la "puerta giratoria" de la expulsión
El pilar central de esta nueva estrategia es una reforma constitucional que busca corregir lo que el Ejecutivo denomina una "brecha de vulnerabilidad administrativa". Actualmente, el Estado cuenta con un margen de apenas cinco días para coordinar la compleja logística que implica una expulsión. La propuesta gubernamental no solo eleva este plazo a 60 días —un incremento de 12 veces— sino que introduce la facultad de prorrogar dicho período si las circunstancias lo requieren.
Desde una perspectiva de gestión pública, esta medida es fundamental para garantizar que la expulsión sea una sanción efectiva y no un trámite fallido. El Presidente Kast ha sido enfático en que este tiempo es una herramienta para ejecutar una sanción administrativa, no penal, evitando que la burocracia de los salvoconductos y la logística aérea jueguen a favor de la irregularidad. Con 60 días, el Estado recupera el control de los tiempos procesales, eliminando la obligación de liberar a individuos con decreto de expulsión vigente por el simple vencimiento de un plazo perentorio.
"Hay cinco días donde la pueden tener retenida. Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar", enfatizó el Mandatario.
Perseguir la logística: El transporte interno como delito
El fenómeno migratorio revela que la entrada irregular es solo el primer eslabón de una cadena de explotación. El Ejecutivo ha identificado un ciclo perverso basado en la "autodenuncia": muchos migrantes ingresan, se reportan ante las autoridades para regularizar su presencia momentánea y, acto seguido, utilizan servicios de transporte para trasladarse hacia los centros urbanos del país.
Para cortar este flujo, se propone una modificación al Código Penal que sancione el transporte de migrantes irregulares dentro del territorio nacional. Al tipificar esta conducta como un delito con agravantes, la ley busca desarticular las redes logísticas que lucran con el movimiento de personas en situación irregular. La premisa es clara: el Estado no puede permitir que el territorio nacional sea un corredor libre para quienes facilitan la irregularidad bajo el pretexto de prestar un servicio de transporte. Como señaló el mandatario: "el crimen se mueve", y la legislación debe moverse con la misma agilidad.
Control total: Sancionando la entrada y la salida
La recuperación de la soberanía fronteriza requiere un enfoque de 360 grados. Hasta ahora, el esfuerzo punitivo se concentraba en el ingreso clandestino; sin embargo, la nueva propuesta legislativa busca también penalizar la salida irregular.
Este enfoque bidireccional es una pieza clave para evitar la dinámica de la "puerta giratoria". Al sancionar tanto el flujo de entrada como de salida, el Gobierno establece un control absoluto sobre el historial migratorio del individuo. Esta medida pretende cerrar los vacíos legales que permiten a personas en situación irregular transitar por los límites nacionales sin dejar un registro penal o administrativo, fortaleciendo así la capacidad de trazabilidad del Estado sobre cada persona que cruza sus fronteras.
Plan Escudo Fronterizo: Zanjas, drones y vigilancia activa
La dimensión legal de este giro radical se complementa con un despliegue tecnológico y físico supervisado directamente en el terreno. Durante su visita a las dependencias de la 1ª Brigada Acorazada Coraceros, el Presidente Kast recibió un briefing operacional detallado sobre el Plan Escudo Fronterizo (o Plan Control Fronterizo), analizando las capacidades tácticas en el Punto de Observación Beta.
Acompañado por los ministros Fernando Barros (Defensa Nacional) y Martín Arrau (Seguridad Pública), el Mandatario supervisó un ecosistema de vigilancia que integra:
- Infraestructura física: Mantenimiento y construcción de zanjas en sectores críticos para canalizar y disuadir los cruces ilegales.
- Vigilancia aérea no tripulada: Uso intensivo de drones para el monitoreo en tiempo real de pasos no habilitados.
- Equipamiento táctico individual: Implementación de cámaras corporales para el personal del Ejército, garantizando transparencia y registro de cada interacción.
- Monitoreo y coordinación: Sistemas avanzados de coordinación táctica que vinculan los puestos avanzados con las centrales de mando para una respuesta rápida ante incursiones.
Un nuevo paradigma legislativo
Estas medidas no son anuncios aislados, sino que forman parte de una doctrina de seguridad que prioriza el control territorial efectivo. Sin embargo, el éxito de este "giro radical" no depende exclusivamente del despliegue en Arica, sino de lo que el Ejecutivo denomina "unidad legislativa". El Presidente Kast ha hecho un llamado directo tanto al Senado como a la Cámara de Diputados para aprobar estas reformas con carácter transversal, apelando a que la seguridad fronteriza es un desafío que afecta a todos los chilenos por igual.
El endurecimiento de las penas y la extensión de los plazos de retención marcan un precedente en la política migratoria del Cono Sur. La efectividad de estas herramientas para contener un fenómeno global y dinámico será la prueba de fuego para la administración.
¿Es la extensión del plazo de retención la pieza que faltaba en el rompecabezas migratorio de Chile, o el desafío requiere soluciones que van más allá de lo legislativo?
Fuente: Prensa Presidencia, Emol, Biobíochile
