Encuesta CEP: 83% exige reducir gasto administrativo del Estado
Un histórico consenso transversal detectó la última Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde el 83,0% de los ciudadanos chilenos exige priorizar la reducción del gasto en la administración del Estado para sanear las finanzas públicas.
El estudio técnico, coordinado por el académico Sebastián Izquierdo, abarcó una muestra de 1.469 personas entrevistadas en sus hogares a lo largo de 122 comunas de Chile, registrando un margen de error de ±2,8% con datos recolectados entre el 18 de abril al 27 de mayo de 2026.
Los resultados publicados por El Mercurio evidencian una postura drástica e inédita que une a sectores políticos opuestos: el recorte del gasto administrativo es respaldado por el 86,1% de los votantes ligados a José Antonio Kast y por el 84,9% de quienes respaldan a la ministra Jeannette Jara.
A pesar de esta exigencia de eficiencia, el informe revela un escenario analítico complejo, ya que un 47,8% de los encuestados rechaza la premisa de que el país estaría mejor si disminuye la participación del Estado en la economía, frente a un escaso 24,2% que se muestra a favor de dicha postura.
La insatisfacción con la gestión pública se sostiene en que un 52,2% de la población asocia directamente la intervención estatal con un exceso de burocracia y problemas operativos, reflejando un descontento generalizado hacia la operatividad interna del aparato gubernamental actual.
Respecto a la estrategia de la actual administración para enfrentar el déficit, la ciudadanía se muestra dividida, registrando un 41,3% de rechazo global frente a un 34,2% de aprobación, con un marcado 73,4% de desacuerdo entre las filas de los adherentes a la ministra Jeannette Jara.
Por el contrario, el bloque electoral alineado con José Antonio Kast respalda el ajuste fiscal gubernamental con un 54,9% de aprobación, evidenciando las profundas discrepancias ideológicas sobre el diseño y la dirección que deben tomar las políticas de recaudación y desembolso a nivel nacional.
La preocupación macroeconómica subyacente es alta, dado que el 53,6% del total de la muestra califica el nivel de la deuda pública como un problema muy o bastante grave, percepción que escala de forma nítida al 74,5% en la oposición y se reduce a un 31,4% en el oficialismo.
Frente a las alternativas de ajuste fiscal, las medidas tradicionales capturan bajo apoyo ciudadano en el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP): la opción de aumentar impuestos obtuvo un 31,8% de menciones, reducir programas sociales un 27,8%, y recortar inversión en infraestructura un 27,2%.
El análisis de Sebastián Izquierdo advierte un matiz clave para la discusión presupuestaria del país, precisando que la ciudadanía no demanda un Estado más pequeño en sus prestaciones fundamentales, sino una erradicación severa de lo que perciben como ineficiencias, viáticos y personalismo político.
Fuente: Centro de Estudios Públicos (CEP) / El Mercurio (Economía y Negocios) - Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash
El estudio técnico, coordinado por el académico Sebastián Izquierdo, abarcó una muestra de 1.469 personas entrevistadas en sus hogares a lo largo de 122 comunas de Chile, registrando un margen de error de ±2,8% con datos recolectados entre el 18 de abril al 27 de mayo de 2026.
Los resultados publicados por El Mercurio evidencian una postura drástica e inédita que une a sectores políticos opuestos: el recorte del gasto administrativo es respaldado por el 86,1% de los votantes ligados a José Antonio Kast y por el 84,9% de quienes respaldan a la ministra Jeannette Jara.
A pesar de esta exigencia de eficiencia, el informe revela un escenario analítico complejo, ya que un 47,8% de los encuestados rechaza la premisa de que el país estaría mejor si disminuye la participación del Estado en la economía, frente a un escaso 24,2% que se muestra a favor de dicha postura.
La insatisfacción con la gestión pública se sostiene en que un 52,2% de la población asocia directamente la intervención estatal con un exceso de burocracia y problemas operativos, reflejando un descontento generalizado hacia la operatividad interna del aparato gubernamental actual.
Respecto a la estrategia de la actual administración para enfrentar el déficit, la ciudadanía se muestra dividida, registrando un 41,3% de rechazo global frente a un 34,2% de aprobación, con un marcado 73,4% de desacuerdo entre las filas de los adherentes a la ministra Jeannette Jara.
Por el contrario, el bloque electoral alineado con José Antonio Kast respalda el ajuste fiscal gubernamental con un 54,9% de aprobación, evidenciando las profundas discrepancias ideológicas sobre el diseño y la dirección que deben tomar las políticas de recaudación y desembolso a nivel nacional.
La preocupación macroeconómica subyacente es alta, dado que el 53,6% del total de la muestra califica el nivel de la deuda pública como un problema muy o bastante grave, percepción que escala de forma nítida al 74,5% en la oposición y se reduce a un 31,4% en el oficialismo.
Frente a las alternativas de ajuste fiscal, las medidas tradicionales capturan bajo apoyo ciudadano en el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP): la opción de aumentar impuestos obtuvo un 31,8% de menciones, reducir programas sociales un 27,8%, y recortar inversión en infraestructura un 27,2%.
El análisis de Sebastián Izquierdo advierte un matiz clave para la discusión presupuestaria del país, precisando que la ciudadanía no demanda un Estado más pequeño en sus prestaciones fundamentales, sino una erradicación severa de lo que perciben como ineficiencias, viáticos y personalismo político.
Fuente: Centro de Estudios Públicos (CEP) / El Mercurio (Economía y Negocios) - Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash
