Exención de contribuciones y crisis en el Fondo Común Municipal

Exención de contribuciones y crisis en el Fondo Común Municipal

En una nueva edición de Política Podcast de Paislobo Prensa, la conductora Rocío Gambra analizó junto al concejal de San Pablo, Fabián Cortéz (PPD), las graves trabas legislativas en la compensación de contribuciones para los municipios chilenos.

Traba legislativa en contribuciones y riesgo para el Fondo Común Municipal

Durante el espacio, se debatió la exención del Impuesto Territorial para mayores de 65 años, beneficio de carácter voluntario sujeto a inscripción. Sin embargo, el centro del conflicto radica en la paralización legislativa del fondo compensatorio estatal de $200.000 millones.

Los alcaldes de oposición, liderados por el edil Tomás Vodanovic, advirtieron que la fórmula propuesta por el Ejecutivo para redistribuir los dineros (60% de ingreso directo y 40% al Fondo Común Municipal) resulta regresiva, perjudicando a las comunas de menores recursos.

Impacto económico en San Pablo y análisis exhaustivo de la mega reforma

  • Déficit en el Presupuesto de San Pablo: La comuna cuenta con un presupuesto anual de $4.500 millones. La falta del mecanismo compensatorio implicaría una pérdida directa de $100 millones, afectando proyectos, adquisición de combustible, operación de maquinaria y pago de personal.
  • Alta dependencia del FCM: A diferencia de comunas de mayores ingresos tributarios por patentes comerciales (como Vitacura o Lo Barnechea), San Pablo es catalogada como "fondo común dependiente", lo que agrava su vulnerabilidad fiscal. Otras comunas mencionadas en la comparativa fueron Buin, Talagante, Puerto Montt y Osorno.
  • Falta de quórum en el Senado: La votación del articulado fue postergada para la primera semana de agosto al no alcanzar los 26 votos necesarios. Influyó la ausencia de un senador de la UDI, el rechazo de la bancada del Partido Nacional Libertario en la Cámara y la incertidumbre en torno al voto de la senadora Vanessa Kaiser.
  • Postura del Ejecutivo: De acuerdo a los panelistas, figuras políticas mencionadas como el ministro Quirós habrían cerrado el margen de negociación, mientras que autoridades como García Ruminot y Claudio Alvarado intentarían mediar y flexibilizar el debate.
  • Impugnación ante el Tribunal Constitucional: La oposición ingresó requerimientos al TC basándose en cuatro ejes: invariabilidad tributaria, normas vinculadas a resoluciones ambientales, restricciones a tribunales ambientales y posible afectación a los derechos indígenas.
  • Exigencias de fiscalización asimétricas: Se criticó que a los municipios rurales y pequeños se les exija justificar al detalle el gasto de los fondos repuestos, condición que no operaría con la misma rigurosidad para las comunas ricas que concentran el 60% de la recaudación inicial.
  • Antecedentes técnicos y comisiones: El diálogo recordó posturas de la Comisión Marfán respecto a bajar impuestos garantizando compensaciones, y declaraciones del ex ministro Ignacio Briones asumiendo que estas rebajas benefician a los grupos con mayor capacidad de inversión.
  • Contexto político y evaluación presidencial: Se analizó que el Gobierno arriesga su capital político aprovechando una ventana de tres años sin elecciones, en un momento donde la aprobación de José Antonio Kast registra tendencias a la baja.

Renuncia en Hacienda y propuesta de test de drogas para el Concejo Municipal

El análisis abordó la renuncia de una alta autoridad central —identificada en el programa como Juan Pablo Rodríguez, apuntado como subsecretario de Hacienda— tras registrar un presunto positivo en un examen de cabello, pese a que la exautoridad apelaría a un falso positivo.

A raíz de este caso, Fabián Cortéz anunció que propondrá formalmente en el Concejo Municipal de San Pablo la obligatoriedad de realizar un test de drogas a todos los concejales, prueba que requeriría muestras de aproximadamente 200 gramos de pelo.

El debate rescató la experiencia de una concejala de Puerto Montt, quien tras someterse al procedimiento manifestó preocupación por el grave daño a la honra ciudadana que causaría un error o falso positivo en este tipo de controles de probidad.


Fuente: Rocío Gambra / Foto de Emil Kalibradov en Unsplash

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