Lago Ranco: Litigio por terrenos podría terminar con desalojo de 50 familias
Una compleja disputa territorial en el sector Ilihue, comuna de Lago Ranco, mantiene a cerca de 50 familias bajo la amenaza de desalojo, luego de que el Juzgado de Letras de Río Bueno acogiera una medida prejudicial interpuesta por la empresa Agrícola y Forestal Ilihue SpA.
La acción judicial, tramitada bajo el Rol C-53-2026, exige que un grupo indeterminado de ocupantes comparezca ante el tribunal para exhibir títulos, contratos o cualquier documento que justifique su permanencia en el inmueble denominado saldo o resto del remanente de la Hijuela Número Cinco, Lote A.
El origen del conflicto radica en un juicio de partición civil mediante el cual la empresa adquirió los terrenos. Los dirigentes vecinales denuncian que la firma pretendería extender ilegalmente su dominio afectando de forma directa la posesión material continua de los residentes históricos.
La situación es crítica, puesto que ya existen decretos de desalojo vigentes y se fijó como plazo definitivo el próximo 30 de septiembre para una de las familias afectadas. Ante el masivo número de requeridos, el tribunal ordenó la notificación por avisos en prensa para dar inicio formal a las audiencias.
La comunidad, representada por el dirigente Jorge Puchal Medina y con la asesoría de la exalcaldesa Sarita Jaramillo, coordina acciones ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y Justicia, fundando su defensa en el arraigo y posesión de más de 30 años en la zona.
Fuente: Christian Peschke / Foto de Simon Godfrey en Unsplash
La acción judicial, tramitada bajo el Rol C-53-2026, exige que un grupo indeterminado de ocupantes comparezca ante el tribunal para exhibir títulos, contratos o cualquier documento que justifique su permanencia en el inmueble denominado saldo o resto del remanente de la Hijuela Número Cinco, Lote A.
El origen del conflicto radica en un juicio de partición civil mediante el cual la empresa adquirió los terrenos. Los dirigentes vecinales denuncian que la firma pretendería extender ilegalmente su dominio afectando de forma directa la posesión material continua de los residentes históricos.
La situación es crítica, puesto que ya existen decretos de desalojo vigentes y se fijó como plazo definitivo el próximo 30 de septiembre para una de las familias afectadas. Ante el masivo número de requeridos, el tribunal ordenó la notificación por avisos en prensa para dar inicio formal a las audiencias.
La comunidad, representada por el dirigente Jorge Puchal Medina y con la asesoría de la exalcaldesa Sarita Jaramillo, coordina acciones ante las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y Justicia, fundando su defensa en el arraigo y posesión de más de 30 años en la zona.
Fuente: Christian Peschke / Foto de Simon Godfrey en Unsplash
