Declaran ilegal detención de siete manifestantes cesantes

El juez de Garantía de Osorno, Pedro Paredes, declaró ilegal la detención de siete manifestantes pertenecientes al Comité de Cesantes de Osorno detenidos por Carabineros, seis de ellos imputados de desórdenes públicos y una mujer acusada de causar daños. Esto ocurrió durante el medio día de ayer mientras participaban de una protesta en contra de la disminución de los cupos del programa pro empleo.

La decisión del magistrado se dio a conocer hoy luego de que se efectuara el control de detención. En dicha audiencia, a la cual asistieron numerosos representantes de la agrupación de desempleados, el magistrado escuchó los argumentos de la defensora penal pública Carol Munzenmayer, quien explicó que sus representados reconocían haber asistido a la protesta y haber reclamado sus derechos de manera pacífica, pero negaron tajantemente haber protagonizado desórdenes públicos o haber roto un vidrio de la puerta de la Gobernación Provincial. Según la defensora, los siete imputados fueron detenidos de manera injustificada en una manifestación a la que asistieron más de 200 personas y acusados de llevar a cabo desórdenes públicos y daños si que existan pruebas de dichas imputaciones. Además, explicó Munzenmayer, las seis mujeres detenidas resultaron con lesiones en sus brazos y sus piernas, y ninguno de los carabineros presuntamente golpeados por las mujeres presentó lesiones. La abogada explicó que los detenidos manifestaron de manera transparente, no usaron armas, no estaban encapuchados y fueron detenidos por personal de Carabineros que estaba preparado por cascos escudos y otros elementos defensivos, resultando con lesiones en sus cuerpos. “No es lo mismo participar en una manifestación que perturbar gravemente la tranquilidad pública o cometer delitos”, dijo Carol Munzenmayer.

Frente a estos argumentos el juez resolvió que la detención era ilegal debido a que no existían pruebas que acreditaran la participación de los imputados en desórdenes públicos o el los daños.

A pesar de esta resolución el fiscal de la causa, Matías Montero, optó por formalizar a los siete detenidos como autores de desórdenes públicos y a una imputada como autora de daños, los cuales habrían sido generados a un vidrio de 18x30 centímetros ubicado en la puerta principal de la gobernación, perjuicio que fue avaluado en 100 mil pesos. Luego de comunicar el delito por el que estaban siendo investigados el fiscal solicitó como medida cautelar que a los imputados se les prohibiera acercarse a la Gobernación provincial, medida a la que se opuso la defensora alegando que no existía sustento para ella debido a que ya el juez había decretado ilegal la detención porque “esta no contaba con los presupuestos facticos que hicieran presumir a esta altura de la investigación que los imputados habían participado en los delitos que le imputó el Ministerio Público”.

Finalmente el juez negó la medida cautelar atendiendo los argumentos de la defensora, la cual solicitó que se fije una audiencia para el 22 de febrero a las 10 horas para solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa.
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