Inversión 2019 para la provincia: análisis y discrepancias necesarias
Por Francisco Reyes Castro, Consejero Regional
En el ejercicio de mi rol y al amparo de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional he planteado al intendente en el plenario del Consejo Regional (Core) y por la vía formal mis observaciones al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) de Los Lagos, en medio de la discusión presupuestaria para 2019 y en la defensa de una distribución equilibrada y justa de partidas, en específico respecto al territorio que me corresponde representar.
En ello hay similitud de miradas con varios otros y otras consejeras regionales, pero también matices. En mis intervenciones en el Core y también a través de medios públicos me he referido en específico a las partidas presupuestarias por provincia de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Obras Públicas, dos carteras de gran importancia para las comunidades rurales y urbanas de altas desigualdades. También hemos añadido observaciones a lo presupuestado por otras carteras como Transporte y Telecomunicaciones y Medio Ambiente, reparticiones de gran importancia en las coyunturas de congestión vehícular y falta de cobertura del transporte público, además de los efectos de una contaminación que crece y se expande en el aire, en los cursos fluviales y en el suelo.
Mis discrepancias con el ARI 2019 se expresan en diferencias por brecha, cobertura y localización, lo que afecta de sobre manera a comunas suburbanas o rurales y que se expresan por sus dispares realidades en la provincia de Osorno.
En el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la planificación de entrega de subsidios para la construcción de viviendas sociales presentada en distintas instancias por su secretario regional ministerial resulta del todo insuficiente ante los requerimientos planteados, organizados, sistematizados y con los cuales ha trabajado del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu.
En Osorno son 3.200 las familias organizadas en 49 comités, que desde ya varios años conformaron mesas de trabajo junto al Serviu y que fueron visitadas durante los primeros 6 meses del año por personeros del propio Minvu, para un reciente anuncio público que echó por tierra expectativas de un trabajo sostenido y por el cual incluso se logró –en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- un traspaso de terrenos del Ejército para su utilización en la urgencia social. El argumento esgrimido de que los terrenos del “predio Baquedano” requieren de cambio de uso de suelo para construir y que eso resulta un proceso “lento”, encierra falacias y excusas, al ser una facultad del Serviu corregir dicha falencia a través de la Ley de Urbanismo y Construcción.
Las diferencias por cobertura se expresan en las cifras planteadas por el representante del Minvu al hablar de número de subsidios a entregar en una planificación anual 2019 y por 4 años. Según el ARI 2019 de la cartera, de los 183 mil millones de pesos que solicitará el Minvu a Hacienda, el 85 por ciento son proyectos de “arraste” o que vienen en ejecución, lo que deja poco más de 26 mil millones para proyectos nuevos. Ese porcentaje debiera ir focalizado a la gran deuda y demanda habitacional pero hasta ahora, se está a la espera de una nueva propuesta más acorde a la demanda altamente expresada.
También es insuficiente el presupuesto y cobertura anunciada por el Ministerio de Obras Públicas para atender necesidades sentidas por las comunidades rurales de la provincia de Osorno, en específico en materia de Agua Potable Rural (APR) y conectividad con mantención de caminos básicos, lo que se expresó en las cifras y detalles expuestos por el personero del MOP para la planificación 2019. Si bien, los proyectos de “arrastre” (88 por ciento) dejan poca maniobra para una cartera nueva (12 por ciento), sí la distribución por provincia da cuenta de una inversión pública no focalizada en equilibrios y de acuerdo a problemáticas.
En 2018, la distribución regional del presupuesto MOP dejó a Osorno con un 15,43 por ciento; Palena con un 15,51; Chiloé con un 30,24% y Llanquihue con un 37%. De lo proyectado para 2019 que supera los 225 mil millones de pesos, Osorno ejecutaría en proyectos nuevos y de arrastre apenas 12 mil millones de pesos; Chiloé 103 mil millones; Llanquihue 21 mil; Palena 19 mil millones y para proyectos interprovinciales se ha dispuesto un poco más de 69 mil millones de pesos.
En el caso del Agua Potable Rural, la cartera regional de proyectos nuevos, prefactibilidad y de conservación con 3 mil millones de pesos ubican a la provincia de Osorno en un aislado cuarto lugar (con apenas 278 millones de pesos), además de escaso trabajo enlazado con los municipios y comunidades. Se suma a ello la urgente necesidad de contar con una dotación de profesionales acorde al requerimiento y la urgencia y la articulación que debe tener una versión amplia y ejecutiva de la Mesa del Agua, que identifique este problema como uno de los más importantes y urgentes en nuestro territorio.
En el caso de Vialidad, la cobertura proyectada para 2019 para los caminos básicos de la provincia de Osorno, en especial los utilizados por comunidades indígenas y campesinos, resulta insuficiente, necesaria de corregir en cuanto al presupuesto que bordea los 24 mil millones en total y con un urgente encadenamiento.
Necesario es revisar la planificación 2019 por provincia de carteras como Transporte y Telecomunicaciones, cuyo informe careció de detalle; al igual que el del Ministerio de Medio Ambiente que requiere iniciar una reevaluación del Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno (PDAO) con la articulación de otras carteras, la entrega de subsidios para el recambio de calefactores, programa de aislación térmica, el proceso de secado de leña y el eventual cambio de uso, y los resultados en materia de episodios críticos, aspectos que se cruzan con el apoyo que entrega a estos objetivos de política pública el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Lo anterior, al ser la contaminación del aire un problema que se extiende por la región sin mayor análisis de la forma y fondo de entregar o generar cobertura.
Presentadas estas discrepancias y otras que pueden surgir a partir del detalle por cartera y el FNDR que se proyecta en 106 mil millones de pesos para cubrir los compromisos de la Región de Los Lagos, ponemos nuestras miradas y discrepancias a disposición de un proceso de construcción presupuestaria eficaz y justa.
Fuente: Francisco J.Reyes Castro
En el ejercicio de mi rol y al amparo de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional he planteado al intendente en el plenario del Consejo Regional (Core) y por la vía formal mis observaciones al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) de Los Lagos, en medio de la discusión presupuestaria para 2019 y en la defensa de una distribución equilibrada y justa de partidas, en específico respecto al territorio que me corresponde representar.
En ello hay similitud de miradas con varios otros y otras consejeras regionales, pero también matices. En mis intervenciones en el Core y también a través de medios públicos me he referido en específico a las partidas presupuestarias por provincia de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Obras Públicas, dos carteras de gran importancia para las comunidades rurales y urbanas de altas desigualdades. También hemos añadido observaciones a lo presupuestado por otras carteras como Transporte y Telecomunicaciones y Medio Ambiente, reparticiones de gran importancia en las coyunturas de congestión vehícular y falta de cobertura del transporte público, además de los efectos de una contaminación que crece y se expande en el aire, en los cursos fluviales y en el suelo.
Mis discrepancias con el ARI 2019 se expresan en diferencias por brecha, cobertura y localización, lo que afecta de sobre manera a comunas suburbanas o rurales y que se expresan por sus dispares realidades en la provincia de Osorno.
En el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la planificación de entrega de subsidios para la construcción de viviendas sociales presentada en distintas instancias por su secretario regional ministerial resulta del todo insuficiente ante los requerimientos planteados, organizados, sistematizados y con los cuales ha trabajado del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu.
En Osorno son 3.200 las familias organizadas en 49 comités, que desde ya varios años conformaron mesas de trabajo junto al Serviu y que fueron visitadas durante los primeros 6 meses del año por personeros del propio Minvu, para un reciente anuncio público que echó por tierra expectativas de un trabajo sostenido y por el cual incluso se logró –en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- un traspaso de terrenos del Ejército para su utilización en la urgencia social. El argumento esgrimido de que los terrenos del “predio Baquedano” requieren de cambio de uso de suelo para construir y que eso resulta un proceso “lento”, encierra falacias y excusas, al ser una facultad del Serviu corregir dicha falencia a través de la Ley de Urbanismo y Construcción.
Las diferencias por cobertura se expresan en las cifras planteadas por el representante del Minvu al hablar de número de subsidios a entregar en una planificación anual 2019 y por 4 años. Según el ARI 2019 de la cartera, de los 183 mil millones de pesos que solicitará el Minvu a Hacienda, el 85 por ciento son proyectos de “arraste” o que vienen en ejecución, lo que deja poco más de 26 mil millones para proyectos nuevos. Ese porcentaje debiera ir focalizado a la gran deuda y demanda habitacional pero hasta ahora, se está a la espera de una nueva propuesta más acorde a la demanda altamente expresada.
También es insuficiente el presupuesto y cobertura anunciada por el Ministerio de Obras Públicas para atender necesidades sentidas por las comunidades rurales de la provincia de Osorno, en específico en materia de Agua Potable Rural (APR) y conectividad con mantención de caminos básicos, lo que se expresó en las cifras y detalles expuestos por el personero del MOP para la planificación 2019. Si bien, los proyectos de “arrastre” (88 por ciento) dejan poca maniobra para una cartera nueva (12 por ciento), sí la distribución por provincia da cuenta de una inversión pública no focalizada en equilibrios y de acuerdo a problemáticas.
En 2018, la distribución regional del presupuesto MOP dejó a Osorno con un 15,43 por ciento; Palena con un 15,51; Chiloé con un 30,24% y Llanquihue con un 37%. De lo proyectado para 2019 que supera los 225 mil millones de pesos, Osorno ejecutaría en proyectos nuevos y de arrastre apenas 12 mil millones de pesos; Chiloé 103 mil millones; Llanquihue 21 mil; Palena 19 mil millones y para proyectos interprovinciales se ha dispuesto un poco más de 69 mil millones de pesos.
En el caso del Agua Potable Rural, la cartera regional de proyectos nuevos, prefactibilidad y de conservación con 3 mil millones de pesos ubican a la provincia de Osorno en un aislado cuarto lugar (con apenas 278 millones de pesos), además de escaso trabajo enlazado con los municipios y comunidades. Se suma a ello la urgente necesidad de contar con una dotación de profesionales acorde al requerimiento y la urgencia y la articulación que debe tener una versión amplia y ejecutiva de la Mesa del Agua, que identifique este problema como uno de los más importantes y urgentes en nuestro territorio.
En el caso de Vialidad, la cobertura proyectada para 2019 para los caminos básicos de la provincia de Osorno, en especial los utilizados por comunidades indígenas y campesinos, resulta insuficiente, necesaria de corregir en cuanto al presupuesto que bordea los 24 mil millones en total y con un urgente encadenamiento.
Necesario es revisar la planificación 2019 por provincia de carteras como Transporte y Telecomunicaciones, cuyo informe careció de detalle; al igual que el del Ministerio de Medio Ambiente que requiere iniciar una reevaluación del Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno (PDAO) con la articulación de otras carteras, la entrega de subsidios para el recambio de calefactores, programa de aislación térmica, el proceso de secado de leña y el eventual cambio de uso, y los resultados en materia de episodios críticos, aspectos que se cruzan con el apoyo que entrega a estos objetivos de política pública el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Lo anterior, al ser la contaminación del aire un problema que se extiende por la región sin mayor análisis de la forma y fondo de entregar o generar cobertura.
Presentadas estas discrepancias y otras que pueden surgir a partir del detalle por cartera y el FNDR que se proyecta en 106 mil millones de pesos para cubrir los compromisos de la Región de Los Lagos, ponemos nuestras miradas y discrepancias a disposición de un proceso de construcción presupuestaria eficaz y justa.
Fuente: Francisco J.Reyes Castro
