Fijan audiencias para continuar con investigación contra Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, informó que el Pleno del máximo tribunal del país fijó para el viernes 7 de junio los alegatos tras el informe de la ministra Rosa María Maggi que propuso la máxima pena (4 meses de suspensión) a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso por faltas relativas a incumplimiento de obligaciones funcionarias y que compromete el principio de probidad.
Además, propuso disponer la remoción de las tres autoridades por no haber observado el buen comportamiento exigible, en el uso de la facultad que confiere el artículo 80 de la Constitución Política de la República.
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La autoridad detalla que: "en el pleno de hoy se tomó conocimiento del informe que remitió la ministra Maggi y, debido a que dos de los ministros que están involucrados ya solicitaron alegatos, se dispuso traer los autos en relación y se fijó como audiencia el próximo viernes".De acuerdo a lo anterior, el vocero establece:
"En esa audiencia se debe revisar el asunto, es decir se escucha la relación a través de la cual el tribunal toma conocimiento de ello y enseguida se escucha los alegatos y luego viene entonces el proceso de deliberación . Tenemos cinco días para resolver, puede que la resolución se obtenga ese mismo día o en días siguientes y en ese caso se va a informar de inmediato como ya es costumbre y luego se entregará la sentencia redactada".
Al ser consultado sobre posibles recusaciones, el portavoz informó que: "Hasta este momento no tenemos conocimiento de una solicitud de recusación, más allá de lo que ha informado la prensa y si ello sucede, el próximo viernes se tomarán las decisiones que sean pertinentes", concluyó.
Según el auto acordado 15-2018 sobre Régimen Disciplinario, el órgano resolutor (Pleno de la Corte Suprema) tiene -posterior a los alegatos- cinco días hábiles para dictar su resolución. Los procesos disciplinarios son investigaciones de conductas derivadas del incumplimiento de un deber o prohibición funcionaria y son independientes de las responsabilidades penales o civiles que puedan afectar a miembros del Poder Judicial por ese mismo hecho.
Información enviada a PL por: Comunicaciones Poder Judicial.
