Cierran investigación que buscó afectar a Ana María Gazmuri
Fiscalía cierra investigación por querella presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP), que buscó afectar a Directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri
En la mañana de este martes 14 de enero, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia dio por cerrada la investigación iniciada por querella contra delito a la salud pública presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP) contra quien resulte responsable, basado en una denuncia de Sebastián Contreras, paciente oncológico y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados. En su testimonio de los hechos ocurridos hace casi dos años, alude a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
La audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, que sólo tardó 5 minutos, estuvo a cargo de la magistrada Alicia Rosende.
“Estamos en el Centro de Justicia, donde nunca debimos haber estado, porque somos ciudadanos, somos usuarios medicinales de cannabis, somos familias que han encontrado en esta planta una mejor calidad de vida. No somos delincuentes, nos somos criminales, no somos traficantes: Estamos defendiendo el derecho soberano que nos asiste a encontrar las mejores vías para cuidar nuestra salud y la de la comunidad”, dijo la actriz y activista social, tras salir de la audiencia, donde estuvo acompañada de pacientes y usuarios de Cannabis Medicinal, junto a agrupaciones relacionadas como Fundación Mamá Cultiva, Fundación Tata Cultiva, entre otras.
Pero este camino se ha visto empañado por el actuar de un Estado a ratos indolente, hasta indiferente con esta creciente realidad, al punto de ni siquiera asumir públicamente los pasos ya dados, como los cambios regulatorios del año 2015 que reconocen plenamente el uso medicinal del cannabis y legaliza la vía farmacéutica. Un Estado que se resiste a generar una adecuado y completo marco regulatorio para el cannabis y sus usos, un Estado que, en vez de hacerse responsable de su rol como garante de derechos, como anhelamos la inmensa mayoría, decide perseguir y criminalizar a los más vulnerables, a los enfermos, a aquellos que este sistema cruel en que vivimos desecha y abandona. Un Estado que pretende desconocer que el cultivo personal de cannabis es un derecho amparado por la Ley 20.000, causando un gravísimo daño a quienes decide perseguir. Esta sistemática vulneración de derechos de usuarios medicinales de cannabis ha contado afortunadamente con defensores y jueces que, paulatinamente, han ido despertado a esta realidad, realidad presente no solo en Chile, sino también en el resto de Latinoamérica y el mundo. Ha sido la Justicia la que, una y otra vez, ha fallado a favor de los usuarios de cannabis que ejercen el derecho soberano a cultivar sus propias plantas. Agradecemos en este sentido la gran labor realizada por la Defensoría Penal Pública (DPP) a favor de los pacientes.
El actual gobierno ha iniciado en el año 2019, acciones que criminalizan y estigmatizan también a quienes promovemos la investigación, desarrollo y aplicación del cannabis para fines médicos con el objetivo de frenar este avance, llegando incluso a utilizar el derecho penal indebidamente para amedrentar y coartar nuestra labor.
Lamentamos que instituciones como el Colegio Médico (Colmed) hayan sido funcionales a esta oleada represiva de la administración del Presidente Sebastián Piñera, elaborando un informe que no resiste el más mínimo análisis científico ni político, asesorados por el adalid del negacionismo del uso medicinal del cannabis, Mariano Montenegro.
Este informe cumplió su objetivo y logró permear a la Comisión de Salud del Senado, donde se estancó la Ley Cultivo Seguro, después de una apabullante y transversal aprobación en la Cámara de Diputados con el 88% de los votos. Recordemos que este proyecto de ley propone una modificación del Código Sanitario que impediría, ante un procedimiento policial, la incautación de las plantas de los usuarios medicinales de cannabis con la presentación de receta médica, sin limitar por ello la labor del Ministerio Público.
El informe del Colmed fue instrumentalizado por miembros de este gobierno como el director del Senda, Carlos Charme, el ministro de Salud, Jaime Mañalich y la ex directora del ISP, María Soledad Velásquez, para iniciar una campaña de desinformación y desprestigio contra la labor de los médicos y directivos de Fundación Daya en particular, y contra el acceso democrático al cannabis en general.
Es así como en septiembre del 2019 aparecen más de siete publicaciones en el diario El Mercurio, entre reportajes, artículos editoriales y cartas al director, claramente orquestadas tras el objetivo de dañar la reputación y credibilidad de Fundación Daya.
Esta campaña culmina su escalamiento con declaraciones del Ministro Jaime Mañalich que instruye a la Directora del ISP a presentar una querella a quien resulte responsable por el caso de un paciente oncológico, estudiante de Medicina y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados. Si bien la querella no apunta directamente a mi persona, se basa en la denuncia del estudiante de medicina, Sebastián Contreras, al que no conozco personalmente, quien realiza una denuncia en mi contra, por haberle donado, mediante otra persona que milita en RD, hace casi dos años, un aceite de cannabis que, según afirma, le habría hecho mal. No guardo ningún rencor hacia Sebastián y le deseo lo mejor, solo lamento que se hayan aprovechado de su situación de vulnerabilidad con fines que se alejan por completo de la ética y el apego a la verdad, guiados por ambiciones políticas.
Casi simultáneamente, la entonces directora del ISP, María Soledad Velásquez, bloqueó la producción de una nueva partida de Cannabiol, primer fármaco chileno en base a cannabis, dejando a miles de pacientes sin su tratamiento. Existe un fármaco de cannabis importado, Sativex, disponible en farmacias chilenas, de similar composición al nacional, pero cuesta 13 veces más caro que el producto nacional hoy suspendido; resulta evidente que la inmensa mayoría de los chilenos no pueden pagar 600.000 pesos mensuales por un tratamiento, es decir, dos sueldos mínimos. María Soledad Velásquez hoy ya no ejerce sus funciones en el Instituto de Salud Pública, ya que la Contraloría no tomó razón de su designación por presentar conflictos de interés por su anterior rol de lobbista de la industria farmacéutica.
Concluyendo, vemos que en Chile se criminaliza a usuarios medicinales de Cannabis que ejercen su derecho al autocultivo, se persigue a quienes defendemos el derecho al acceso democrático y se bloquea el producto nacional de bajo costo que con tanto esfuerzo se ha desarrollado. Se ha querido dañar a Fundación Daya, pero Fundación Daya es una organización querida y respetada por la comunidad, comprometida en ser un foco de luz y compasión, de encuentro y humanidad, que no duda un segundo en alzar la voz por los perseguidos y criminalizados, por los abandonados por un sistema de salud cruel que discrimina, desecha y olvida. Hoy celebramos que el Ministerio Público haya apelado al sentido común, decidiendo no perseverar en esta causa y dar como cerrada la investigación por falta de fundamentos para una acusación, pero esto no se trata de mí, ni de Fundación Daya, sino de una legítima demanda ciudadana que crece exponencialmente en Chile y en el mundo, convirtiéndose en una alternativa segura, económica y eficaz frente a tantas dolencias y sufrimiento que aqueja a la humanidad. Estamos en tiempos donde las sociedades exigen respeto a la libertad de elegir en muchos ámbitos de la vida, incluyendo los tratamientos y alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida y generen bienestar. El cannabis es una planta medicinal y su uso es un Derecho Humano; no bajaremos los brazos hasta abrirle camino en todos los rincones de nuestro país. Por la salud, la seguridad y la dignidad de miles de familias chilenas”.
Ana María Gazmuri
Fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Daya
Si bien la querella no la alude directamente, Ana María Gazmuri, se siente afectada con el caso y solicita, con el patrocinio de la Defensoría Penal Pública (DPP) la carpeta investigativa para conocer su contenido. Esta fue rechazada por el Ministerio Público por declarar la causa bajo secreto. La abogada María Paz Bahamondes, abogada defensora de la DPP, reclama sobre la decisión del Ministerio Público en audiencia de cautela de garantías. El tribunal rechaza la cautela, sin embargo rebajó el plazo del secreto de la investigación interpuesta por el Ministerio Público de 120 a 60 días. A una semana de vencerse el plazo de los 60 días y de la correspondiente audiencia de cautela de garantías fijada para el 14 de enero, el Ministerio Público decide no perseverar en este procedimiento por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar la acusación.
La audiencia de cautela de garantías queda sin efectos y se citó a audiencia de comunicación para ese mismo 14 de enero.
Fuente de la información: Carolina Aliaga - Fundación Daya
En la mañana de este martes 14 de enero, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia dio por cerrada la investigación iniciada por querella contra delito a la salud pública presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP) contra quien resulte responsable, basado en una denuncia de Sebastián Contreras, paciente oncológico y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados. En su testimonio de los hechos ocurridos hace casi dos años, alude a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
La audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, que sólo tardó 5 minutos, estuvo a cargo de la magistrada Alicia Rosende.
“Estamos en el Centro de Justicia, donde nunca debimos haber estado, porque somos ciudadanos, somos usuarios medicinales de cannabis, somos familias que han encontrado en esta planta una mejor calidad de vida. No somos delincuentes, nos somos criminales, no somos traficantes: Estamos defendiendo el derecho soberano que nos asiste a encontrar las mejores vías para cuidar nuestra salud y la de la comunidad”, dijo la actriz y activista social, tras salir de la audiencia, donde estuvo acompañada de pacientes y usuarios de Cannabis Medicinal, junto a agrupaciones relacionadas como Fundación Mamá Cultiva, Fundación Tata Cultiva, entre otras.
Texto completo de la Declaración Pública
“Fundación Daya, en sus siete años de vida, se ha dedicado por completo a abrir caminos de alivio y bienestar mediante el uso medicinal del cannabis, respondiendo a la necesidad de miles de pacientes chilenos de acceder a opciones terapéuticas que permitan una mejor calidad de vida, mediante una atención cercana y humanizada, que reconoce al propio paciente como el protagonista de su proceso. Fomentamos la educación y el empoderamiento, el desarrollo de la autonomía y el ejercicio de la soberanía personal en los procesos terapéuticos. Defendemos la libertad de las y los ciudadanos para decidir, y los acompañamos en ese camino. Siete años en los que hemos visto el inmenso impacto del uso medicinal del cannabis en miles de familias chilenas, que han encontrado la posibilidad de una vida más digna.Pero este camino se ha visto empañado por el actuar de un Estado a ratos indolente, hasta indiferente con esta creciente realidad, al punto de ni siquiera asumir públicamente los pasos ya dados, como los cambios regulatorios del año 2015 que reconocen plenamente el uso medicinal del cannabis y legaliza la vía farmacéutica. Un Estado que se resiste a generar una adecuado y completo marco regulatorio para el cannabis y sus usos, un Estado que, en vez de hacerse responsable de su rol como garante de derechos, como anhelamos la inmensa mayoría, decide perseguir y criminalizar a los más vulnerables, a los enfermos, a aquellos que este sistema cruel en que vivimos desecha y abandona. Un Estado que pretende desconocer que el cultivo personal de cannabis es un derecho amparado por la Ley 20.000, causando un gravísimo daño a quienes decide perseguir. Esta sistemática vulneración de derechos de usuarios medicinales de cannabis ha contado afortunadamente con defensores y jueces que, paulatinamente, han ido despertado a esta realidad, realidad presente no solo en Chile, sino también en el resto de Latinoamérica y el mundo. Ha sido la Justicia la que, una y otra vez, ha fallado a favor de los usuarios de cannabis que ejercen el derecho soberano a cultivar sus propias plantas. Agradecemos en este sentido la gran labor realizada por la Defensoría Penal Pública (DPP) a favor de los pacientes.
El actual gobierno ha iniciado en el año 2019, acciones que criminalizan y estigmatizan también a quienes promovemos la investigación, desarrollo y aplicación del cannabis para fines médicos con el objetivo de frenar este avance, llegando incluso a utilizar el derecho penal indebidamente para amedrentar y coartar nuestra labor.
Lamentamos que instituciones como el Colegio Médico (Colmed) hayan sido funcionales a esta oleada represiva de la administración del Presidente Sebastián Piñera, elaborando un informe que no resiste el más mínimo análisis científico ni político, asesorados por el adalid del negacionismo del uso medicinal del cannabis, Mariano Montenegro.
Este informe cumplió su objetivo y logró permear a la Comisión de Salud del Senado, donde se estancó la Ley Cultivo Seguro, después de una apabullante y transversal aprobación en la Cámara de Diputados con el 88% de los votos. Recordemos que este proyecto de ley propone una modificación del Código Sanitario que impediría, ante un procedimiento policial, la incautación de las plantas de los usuarios medicinales de cannabis con la presentación de receta médica, sin limitar por ello la labor del Ministerio Público.
El informe del Colmed fue instrumentalizado por miembros de este gobierno como el director del Senda, Carlos Charme, el ministro de Salud, Jaime Mañalich y la ex directora del ISP, María Soledad Velásquez, para iniciar una campaña de desinformación y desprestigio contra la labor de los médicos y directivos de Fundación Daya en particular, y contra el acceso democrático al cannabis en general.
Es así como en septiembre del 2019 aparecen más de siete publicaciones en el diario El Mercurio, entre reportajes, artículos editoriales y cartas al director, claramente orquestadas tras el objetivo de dañar la reputación y credibilidad de Fundación Daya.
Esta campaña culmina su escalamiento con declaraciones del Ministro Jaime Mañalich que instruye a la Directora del ISP a presentar una querella a quien resulte responsable por el caso de un paciente oncológico, estudiante de Medicina y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien, al parecer, el cannabis le generó efectos no deseados. Si bien la querella no apunta directamente a mi persona, se basa en la denuncia del estudiante de medicina, Sebastián Contreras, al que no conozco personalmente, quien realiza una denuncia en mi contra, por haberle donado, mediante otra persona que milita en RD, hace casi dos años, un aceite de cannabis que, según afirma, le habría hecho mal. No guardo ningún rencor hacia Sebastián y le deseo lo mejor, solo lamento que se hayan aprovechado de su situación de vulnerabilidad con fines que se alejan por completo de la ética y el apego a la verdad, guiados por ambiciones políticas.
Casi simultáneamente, la entonces directora del ISP, María Soledad Velásquez, bloqueó la producción de una nueva partida de Cannabiol, primer fármaco chileno en base a cannabis, dejando a miles de pacientes sin su tratamiento. Existe un fármaco de cannabis importado, Sativex, disponible en farmacias chilenas, de similar composición al nacional, pero cuesta 13 veces más caro que el producto nacional hoy suspendido; resulta evidente que la inmensa mayoría de los chilenos no pueden pagar 600.000 pesos mensuales por un tratamiento, es decir, dos sueldos mínimos. María Soledad Velásquez hoy ya no ejerce sus funciones en el Instituto de Salud Pública, ya que la Contraloría no tomó razón de su designación por presentar conflictos de interés por su anterior rol de lobbista de la industria farmacéutica.
Concluyendo, vemos que en Chile se criminaliza a usuarios medicinales de Cannabis que ejercen su derecho al autocultivo, se persigue a quienes defendemos el derecho al acceso democrático y se bloquea el producto nacional de bajo costo que con tanto esfuerzo se ha desarrollado. Se ha querido dañar a Fundación Daya, pero Fundación Daya es una organización querida y respetada por la comunidad, comprometida en ser un foco de luz y compasión, de encuentro y humanidad, que no duda un segundo en alzar la voz por los perseguidos y criminalizados, por los abandonados por un sistema de salud cruel que discrimina, desecha y olvida. Hoy celebramos que el Ministerio Público haya apelado al sentido común, decidiendo no perseverar en esta causa y dar como cerrada la investigación por falta de fundamentos para una acusación, pero esto no se trata de mí, ni de Fundación Daya, sino de una legítima demanda ciudadana que crece exponencialmente en Chile y en el mundo, convirtiéndose en una alternativa segura, económica y eficaz frente a tantas dolencias y sufrimiento que aqueja a la humanidad. Estamos en tiempos donde las sociedades exigen respeto a la libertad de elegir en muchos ámbitos de la vida, incluyendo los tratamientos y alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida y generen bienestar. El cannabis es una planta medicinal y su uso es un Derecho Humano; no bajaremos los brazos hasta abrirle camino en todos los rincones de nuestro país. Por la salud, la seguridad y la dignidad de miles de familias chilenas”.
Ana María Gazmuri
Fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Daya
Hitos relevantes del proceso
El 16 de Septiembre de 2019, la Directora del ISP, María Soledad Velásquez y la abogada Sandra Tapia -con presencia la prensa- presenta la querella por delito a la salud pública.Si bien la querella no la alude directamente, Ana María Gazmuri, se siente afectada con el caso y solicita, con el patrocinio de la Defensoría Penal Pública (DPP) la carpeta investigativa para conocer su contenido. Esta fue rechazada por el Ministerio Público por declarar la causa bajo secreto. La abogada María Paz Bahamondes, abogada defensora de la DPP, reclama sobre la decisión del Ministerio Público en audiencia de cautela de garantías. El tribunal rechaza la cautela, sin embargo rebajó el plazo del secreto de la investigación interpuesta por el Ministerio Público de 120 a 60 días. A una semana de vencerse el plazo de los 60 días y de la correspondiente audiencia de cautela de garantías fijada para el 14 de enero, el Ministerio Público decide no perseverar en este procedimiento por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar la acusación.
La audiencia de cautela de garantías queda sin efectos y se citó a audiencia de comunicación para ese mismo 14 de enero.
Fuente de la información: Carolina Aliaga - Fundación Daya
