$106 mil millones: Elecciones de gobernadores y presupuesto
Subejecución presupuestaria y desafíos políticos marcan la semana en la Región de Los Lagos.
El Política Podcast, con la conducción de Rocío Gambra y el invitado Juan Carlos Claret, abordó una variedad de temas críticos para la región, entre los que destacaron las elecciones de gobernadores regionales, las problemáticas derivadas de la subejecución presupuestaria y las complejidades políticas del caso Monsalve.
Este domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales en la Región de Los Lagos. Con voto obligatorio, la ciudadanía deberá elegir entre los candidatos Alejandro Santana (Chile Vamos) y Claudia Reyes (Partido Republicano).
El gobernador regional, explicó Claret, es una autoridad clave en la gestión del presupuesto regional, que asciende a 106 mil millones de pesos. Este financiamiento es fundamental para proyectos municipales como pavimentación, construcción de sedes sociales y programas de desarrollo económico. Aunque el gobernador no tiene atribuciones directas en materia de seguridad, su rol coordinador puede ser decisivo para implementar estrategias que beneficien a la región.
Uno de los temas que generó mayor debate fue la subejecución del presupuesto regional. Según Claret, esto podría reflejar una gestión ineficiente que afecta directamente la capacidad de los municipios para concretar proyectos. Además, se señaló que, para elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria, el gobierno regional renunció a 10 mil millones de pesos, reduciendo el monto total de 106 mil a 96 mil millones. Este ajuste busca justificar una gestión eficiente, aunque limita recursos críticos para iniciativas locales.
Claret destacó que esta situación, combinada con deudas pendientes como las del Colegio Carmela Carvajal y sus ex trabajadores, genera frustración en la comunidad, que ve fondos disponibles sin un uso adecuado.
El caso de Luis Monsalve, acusado de delitos graves, sigue siendo un tema candente. Claret explicó que el proceso judicial ha avanzado dentro de los parámetros legales esperados, con pruebas contundentes que podrían derivar en penas de entre 15 y 20 años. Sin embargo, destacó el impacto político del caso, que ha puesto al gobierno en una situación delicada, con cuestionamientos sobre una posible omisión de denuncia por parte de altos funcionarios.
Además, se comentó que nuevas denuncias podrían surgir a partir de este caso, como ha ocurrido en otros contextos de denuncias de abuso. Claret subrayó que la transparencia en la investigación será clave para evitar un mayor desgaste institucional.
Finalmente, Claret comentó la reciente designación de Dorothy Pérez como Contralora General de la República, la primera mujer en asumir este cargo. Su decisión de trasladar la resolución de la "confianza legítima" de funcionarios públicos desde la sede administrativa a la justicia ordinaria ha generado controversia, ya que podría afectar la estabilidad laboral de trabajadores bajo contrato. Este cambio busca dar mayor libertad a los jefes de servicio, aunque ha sido recibido con preocupación por los sindicatos del sector público.
Fuente información: Rocío Gambra
El Política Podcast, con la conducción de Rocío Gambra y el invitado Juan Carlos Claret, abordó una variedad de temas críticos para la región, entre los que destacaron las elecciones de gobernadores regionales, las problemáticas derivadas de la subejecución presupuestaria y las complejidades políticas del caso Monsalve.
Este domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales en la Región de Los Lagos. Con voto obligatorio, la ciudadanía deberá elegir entre los candidatos Alejandro Santana (Chile Vamos) y Claudia Reyes (Partido Republicano).
El gobernador regional, explicó Claret, es una autoridad clave en la gestión del presupuesto regional, que asciende a 106 mil millones de pesos. Este financiamiento es fundamental para proyectos municipales como pavimentación, construcción de sedes sociales y programas de desarrollo económico. Aunque el gobernador no tiene atribuciones directas en materia de seguridad, su rol coordinador puede ser decisivo para implementar estrategias que beneficien a la región.
Preocupaciones por la subejecución presupuestaria
Uno de los temas que generó mayor debate fue la subejecución del presupuesto regional. Según Claret, esto podría reflejar una gestión ineficiente que afecta directamente la capacidad de los municipios para concretar proyectos. Además, se señaló que, para elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria, el gobierno regional renunció a 10 mil millones de pesos, reduciendo el monto total de 106 mil a 96 mil millones. Este ajuste busca justificar una gestión eficiente, aunque limita recursos críticos para iniciativas locales.
Claret destacó que esta situación, combinada con deudas pendientes como las del Colegio Carmela Carvajal y sus ex trabajadores, genera frustración en la comunidad, que ve fondos disponibles sin un uso adecuado.
Caso Monsalve: impacto jurídico y político
El caso de Luis Monsalve, acusado de delitos graves, sigue siendo un tema candente. Claret explicó que el proceso judicial ha avanzado dentro de los parámetros legales esperados, con pruebas contundentes que podrían derivar en penas de entre 15 y 20 años. Sin embargo, destacó el impacto político del caso, que ha puesto al gobierno en una situación delicada, con cuestionamientos sobre una posible omisión de denuncia por parte de altos funcionarios.
Además, se comentó que nuevas denuncias podrían surgir a partir de este caso, como ha ocurrido en otros contextos de denuncias de abuso. Claret subrayó que la transparencia en la investigación será clave para evitar un mayor desgaste institucional.
Perspectiva sobre Dorothy Pérez y la Contraloría
Finalmente, Claret comentó la reciente designación de Dorothy Pérez como Contralora General de la República, la primera mujer en asumir este cargo. Su decisión de trasladar la resolución de la "confianza legítima" de funcionarios públicos desde la sede administrativa a la justicia ordinaria ha generado controversia, ya que podría afectar la estabilidad laboral de trabajadores bajo contrato. Este cambio busca dar mayor libertad a los jefes de servicio, aunque ha sido recibido con preocupación por los sindicatos del sector público.
Fuente información: Rocío Gambra