La interpelación a la Ministra Aguilera y el abandono del sistema de salud
Columna de Opinión de Ph.D Rocío Gambra.
La fallida interpelación a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, no solo refleja la crisis sanitaria que enfrenta el país, sino también una preocupante distorsión en las herramientas de fiscalización política. Mientras las listas de espera alcanzan niveles históricos, con más de tres millones de personas aguardando atención –incluyendo 330.000 cirugías pendientes y 85.000 garantías explícitas retrasadas, según cifras del ex Ministro Enrique Paris–, el Congreso parece haber olvidado la importancia de las interpelaciones como mecanismo de control y rendición de cuentas.
En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente abuso de las acusaciones constitucionales, las cuales, más allá de su legitimidad, muchas veces terminan siendo utilizadas como armas políticas que rara vez prosperan. Sin embargo, se ha pasado por alto que, antes de llegar a este extremo, existen herramientas previas, como la interpelación, cuyo propósito es obtener respuestas claras y directas de los ministros sobre temas críticos para el país.
La interpelación no busca destituir, sino transparentar, esclarecer y exigir explicaciones públicas sobre la gestión de las autoridades. Es una oportunidad para que el Congreso y la ciudadanía entiendan qué está fallando y qué medidas se están tomando para corregir el rumbo. Pero, al parecer, incluso este paso básico está siendo desatendido. La ausencia de diputados durante la votación que habría permitido interpelar a la Ministra Aguilera es una señal de que se prefiere saltar directamente a medidas más drásticas y mediáticas, dejando de lado los procesos intermedios que podrían fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública.
Mientras tanto, las listas de espera siguen creciendo. Tal como señaló Paris, ni siquiera durante la pandemia se registraron cifras tan críticas. Esta situación exige una respuesta rápida y efectiva, pero también un debate serio y responsable. La Ministra Aguilera tiene el deber de enfrentar esta crisis con mayor decisión, pero el Congreso también debe cumplir su rol de fiscalizador, utilizando todas las herramientas disponibles antes de recurrir a las acusaciones constitucionales como única salida.
Chile no necesita más juicios políticos apresurados; necesita diálogo, rendición de cuentas y soluciones concretas para los problemas que afectan a millones de personas. La salud de los chilenos no puede seguir siendo víctima de la inercia política y el cálculo electoral.
Fuente información: Rpgambra@gmail.com
La fallida interpelación a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, no solo refleja la crisis sanitaria que enfrenta el país, sino también una preocupante distorsión en las herramientas de fiscalización política. Mientras las listas de espera alcanzan niveles históricos, con más de tres millones de personas aguardando atención –incluyendo 330.000 cirugías pendientes y 85.000 garantías explícitas retrasadas, según cifras del ex Ministro Enrique Paris–, el Congreso parece haber olvidado la importancia de las interpelaciones como mecanismo de control y rendición de cuentas.
En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente abuso de las acusaciones constitucionales, las cuales, más allá de su legitimidad, muchas veces terminan siendo utilizadas como armas políticas que rara vez prosperan. Sin embargo, se ha pasado por alto que, antes de llegar a este extremo, existen herramientas previas, como la interpelación, cuyo propósito es obtener respuestas claras y directas de los ministros sobre temas críticos para el país.
La interpelación no busca destituir, sino transparentar, esclarecer y exigir explicaciones públicas sobre la gestión de las autoridades. Es una oportunidad para que el Congreso y la ciudadanía entiendan qué está fallando y qué medidas se están tomando para corregir el rumbo. Pero, al parecer, incluso este paso básico está siendo desatendido. La ausencia de diputados durante la votación que habría permitido interpelar a la Ministra Aguilera es una señal de que se prefiere saltar directamente a medidas más drásticas y mediáticas, dejando de lado los procesos intermedios que podrían fortalecer la democracia y mejorar la gestión pública.
Mientras tanto, las listas de espera siguen creciendo. Tal como señaló Paris, ni siquiera durante la pandemia se registraron cifras tan críticas. Esta situación exige una respuesta rápida y efectiva, pero también un debate serio y responsable. La Ministra Aguilera tiene el deber de enfrentar esta crisis con mayor decisión, pero el Congreso también debe cumplir su rol de fiscalizador, utilizando todas las herramientas disponibles antes de recurrir a las acusaciones constitucionales como única salida.
Chile no necesita más juicios políticos apresurados; necesita diálogo, rendición de cuentas y soluciones concretas para los problemas que afectan a millones de personas. La salud de los chilenos no puede seguir siendo víctima de la inercia política y el cálculo electoral.
Fuente información: Rpgambra@gmail.com
