Asociación Nacional de Fiscales critica duramente fallo de Corte de Antofagasta en Caso ProCultura

Asociación Nacional de Fiscales
La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) emitió una enérgica declaración pública este sábado 24 de mayo de 2025, manifestando su profunda preocupación por la reciente reasignación de la investigación del denominado Caso ProCultura. La medida afectó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y se produjo tras un controvertido fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. El gremio acusa que la resolución judicial se fundamentó en "opiniones de carácter políticas y no jurídicas", llegando incluso a comparar actuaciones del Ministerio Público con prácticas de la "dictadura", lo que calificaron como un "exceso" que no pueden obviar.

Un profundo malestar y preocupación expresó la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) a través de una declaración pública emitida durante la jornada de ayer, a raíz de la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta que motivó la salida del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación del Caso ProCultura. El gremio de persecutores cuestionó con dureza los argumentos esgrimidos por el tribunal de alzada, señalando que estos contendrían "opiniones de carácter políticas y no jurídicas".

El punto más álgido de la crítica de la ANF radica en la comparación que, según acusan, realizó la Corte antofagastina entre las actuaciones del Ministerio Público y "prácticas realizadas durante la 'dictadura'". En el comunicado, el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Fiscales fue enfático: "cuestión que nos parece un exceso y que las y los fiscales no podemos obviar".

La controversia se originó luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura. Dicho recurso buscaba declarar ilegales las escuchas telefónicas realizadas a su aparato celular, diligencias que habían sido solicitadas por el equipo investigador encabezado por el fiscal Cooper. Al acoger el recurso, el tribunal de alzada cuestionó la legalidad de estas medidas.

Como consecuencia directa de este fallo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tomó la decisión de apartar al fiscal Cooper de la investigación del Caso ProCultura y reasignarla al fiscal regional de Antofagasta, Juan Carlos Castro Bekios. En su momento, el propio Fiscal Nacional Valencia había manifestado que el fallo de la corte antofagastina contenía "afirmaciones graves" que podrían afectar la legitimidad de la causa.

Ante este escenario, la Asociación Nacional de Fiscales salió en defensa del trabajo de sus asociados y de la institución. "La Fiscalía respeta y ajusta su actuar a los principios de legalidad y objetividad, propios de un Estado de Derecho, sometiendo, además, las peticiones de medidas intrusivas a los órganos jurisdiccionales establecidos en la ley, que son los juzgados de garantía, con la observancia del pleno y absoluto respeto a los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos involucrados en la persecución penal", recalca la declaración del gremio.

Los fiscales subrayan que las medidas cuestionadas, como las escuchas telefónicas, fueron solicitadas y autorizadas por los tribunales competentes, en el marco de las facultades que la ley les otorga para investigar delitos. Consideran que la resolución judicial y la posterior decisión administrativa de remover a Cooper han generado un "precedente preocupante", especialmente por los argumentos esgrimidos que, a su juicio, "exceden lo jurídico".

La ANF también manifestó su expectativa respecto a la instancia judicial superior: "Esperamos de buena fe que la Excelentísima Sala Penal de la Corte Suprema, pondere ese tipo de desafortunadas comparaciones que hizo una sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta". Esta declaración evidencia la esperanza del gremio en que el máximo tribunal del país pueda revisar y sopesar los términos utilizados por la corte nortina.

El Caso ProCultura ha generado gran atención mediática debido a las indagaciones sobre presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos a la fundación del mismo nombre. La salida del fiscal Cooper, quien llevaba adelante varias aristas complejas de la investigación, y ahora la dura declaración de la ANF, añaden nuevos elementos de tensión y debate sobre el desarrollo de esta causa y las interpretaciones judiciales que la rodean.


Para entender mejor:
  • Asociación Nacional de Fiscales (ANF): Organismo gremial que agrupa a los fiscales del Ministerio Público de Chile. Su función principal es la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y velar por la autonomía y el correcto funcionamiento de la Fiscalía.
  • Ministerio Público (Fiscalía): Organismo autónomo y jerarquizado, cuya función principal es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y1 testigos.
  • Caso ProCultura: Investigación penal sobre presuntas irregularidades en convenios y traspasos de fondos públicos a la Fundación ProCultura.
  • Recurso de Amparo: Acción constitucional que tiene por objeto proteger la libertad personal y seguridad individual cuando estas han sido vulneradas o amenazadas por actos u omisiones ilegales o arbitrarias.
  • Ilustrísima Corte de Apelaciones: Tribunal colegiado de segunda instancia que conoce de los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra las resoluciones de los juzgados de primera instancia de su jurisdicción, entre otras competencias.
  • Excelentísima Corte Suprema: Máximo tribunal del Poder Judicial de Chile. Entre sus funciones está conocer recursos de casación en la forma y en el fondo, recursos de queja y otros asuntos que la ley le encomiende, buscando la correcta aplicación del derecho.
  • Fiscal Regional: Fiscal a cargo de la dirección de la Fiscalía en una determinada región del país.
  • Fiscal Nacional: Máxima autoridad del Ministerio Público, encargado de la dirección y administración de la institución a nivel nacional.
  • Estado de Derecho: Principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.

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