Caso ProCultura: Remoción de fiscal Cooper y millonarios traspasos a fundaciones
El denominado Caso ProCultura, una arista del Caso Convenios o Fundaciones, ha experimentado un nuevo vuelco con la decisión del Ministerio Público de remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación. Este hecho se produce en medio de cuestionamientos a procedimientos de escuchas telefónicas y un debate nacional sobre la asignación de fondos públicos a fundaciones, especialmente por parte de los Gobiernos Regionales, que han visto un aumento exponencial en los montos transferidos durante la actual administración en comparación con periodos anteriores. La situación ha generado un intenso debate sobre la probidad, la eficiencia del gasto fiscal y el real poder y fiscalización de las nuevas autoridades regionales.
La investigación del Caso ProCultura, que indaga presuntas irregularidades en millonarios traspasos de fondos públicos a la fundación del mismo nombre, ha tomado un nuevo rumbo. El Fiscal Nacional Ángel Valencia decidió reasignar la causa, que estaba en manos del fiscal Patricio Cooper, devolviéndola al fiscal Juan Castro Bekios, quien originalmente inició las pesquisas por el Caso Democracia Viva, del cual ProCultura es una arista.
Esta decisión se gatilló luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, psiquiatra cuyas conversaciones telefónicas con Daniel Andrade (representante legal de Democracia Viva) fueron interceptadas. El tribunal de alzada cuestionó la legalidad de dichas escuchas, argumentando que Huneeus figuraba como testigo y no como imputada en la causa cuando se autorizó la intervención de su teléfono, que además estaba a su nombre y no al de Andrade, como inicialmente se habría solicitado. Según los antecedentes expuestos en el podcast "Política Podcast" por Rocío Gambra y Pablo Hübner, se habría solicitado la intervención del teléfono de Andrade, pero se interceptaron las comunicaciones de Huneeus, quien era la titular de la línea. A pesar de identificar que se trataba de una voz femenina y que la titular era Huneeus, la escucha y transcripción habrían continuado por dos semanas antes de solicitar una autorización específica para ella. La Corte criticó duramente tanto al fiscal Cooper como a la jueza que autorizó el procedimiento inicial, señalando una aparente falta de rigurosidad al no percatarse de estas inconsistencias.
Desde el oficialismo, particularmente el Frente Amplio, surgieron voces que calificaron el actuar como "espionaje" y una "persecución política". El Presidente Gabriel Boric, consultado en una gira internacional, había manifestado su postura de "caiga quien caiga". Paradójicamente, uno de los primeros en "caer" o ser apartado de la investigación ha sido el propio fiscal Cooper.
Pablo Hübner, analista invitado al programa, calificó la situación como "digna de una serie de Netflix", destacando la complejidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la dinámica política. Subrayó la importancia de que la investigación siga su curso con garantías de imparcialidad, más allá de los cambios de fiscales, para asegurar que se llegue a la verdad y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
El Caso ProCultura ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la transferencia de fondos públicos a fundaciones y el rol de los Gobiernos Regionales (GORE). Según datos revelados en el mismo espacio radial, citando un gráfico publicado por El Mercurio, durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric, se habrían asignado $3.282.841.556 a fundaciones. De este monto, el Gobierno central indica que solo el 19% corresponde a asignaciones directas del Estado, mientras que el 81% restante provendría de los Gobiernos Regionales.
Estas cifras contrastan fuertemente con las de administraciones anteriores. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el máximo traspasado en un año fue de $316 millones. En el segundo mandato de Michelle Bachelet, la cifra más alta alcanzó los $556 millones en 2016, y en el primer gobierno de Piñera, el peak fue de $684 millones. Es decir, los más de $3.200 millones asignados recientemente superan con creces los montos históricos, siendo entre cuatro y cinco veces mayores.
Pablo Hübner señaló que este aumento explosivo en la asignación de fondos por parte de los GORE podría estar relacionado con la mayor discrecionalidad que poseen estas nuevas autoridades electas y, en algunos casos, la falta de organismos técnicos internos para ejecutar dichos presupuestos, recurriendo así a la externalización a través de fundaciones. Esta situación ha sido comparada con la problemática detectada anteriormente en municipalidades, calificadas en informes de transparencia como "cajas de Pandora" por la discrecionalidad en el uso de recursos.
Se ha planteado la interrogante sobre si este modelo de transferencia de poder a las regiones, que buscaba mayor autonomía y pertinencia en la solución de problemas locales, está funcionando como se esperaba. La discusión se centra en la necesidad de establecer controles más acuciosos y protocolos estrictos, en línea con las recomendaciones de la Comisión Engel, para evitar el mal uso de fondos públicos y el desvío del espíritu de la ley, que es atender las necesidades de la comunidad y no favorecer redes de conocidos o amigos.
Paralelamente, durante la transmisión del podcast, se conoció la noticia de que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo a favor de Manuel Monsalve, otorgándole arresto domiciliario total en el marco de otra investigación por presuntos delitos de corrupción. Esta decisión también generó debate sobre la coherencia y la reacción del oficialismo frente a casos que involucran a figuras de su propio sector, especialmente considerando las duras críticas que profirieron en el pasado a administraciones anteriores por situaciones similares. Se mencionó la necesidad de que las instituciones funcionen con rigurosidad, independiente de quién esté siendo investigado.
En un ámbito distinto, pero relevante para la gestión regional, se informó la aprobación del nuevo Plan Regulador para la zona urbana de Puerto Varas, un instrumento de planificación esperado por más de una década, ya que el anterior databa de 1990-1991. Este nuevo plan busca ordenar el crecimiento de una ciudad que ha experimentado una expansión significativa.
El nuevo plan regulador implica un crecimiento del radio urbano en más de 1.600 hectáreas. Sin embargo, aún quedan pendientes de incorporar los sectores de Nueva Braunau y Ensenada, zonas consideradas de alta sensibilidad. Nueva Braunau por su cercanía al río Maullín (santuario de la naturaleza) y la proliferación de parcelaciones; y Ensenada por su proximidad al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y al volcán Calbuco, uno de los más activos del país, donde existen construcciones en zonas de alto riesgo.
La aprobación es vista como un logro para la administración municipal actual de Puerto Varas, ya que permitirá abordar problemas de conectividad, tráfico y bienestar urbano. No obstante, la implementación del plan conllevará desafíos significativos en cuanto a la provisión de servicios básicos como alcantarillado, agua potable y alumbrado público en las nuevas áreas urbanas, así como la adaptación a nuevas normativas de vialidad, como la exigencia de calles con doble vereda. Se espera que este instrumento colabore en la planificación de proyectos futuros, incluyendo la licitación de la Ruta 5 Sur.
Fuente información: Rocío Gambra
La investigación del Caso ProCultura, que indaga presuntas irregularidades en millonarios traspasos de fondos públicos a la fundación del mismo nombre, ha tomado un nuevo rumbo. El Fiscal Nacional Ángel Valencia decidió reasignar la causa, que estaba en manos del fiscal Patricio Cooper, devolviéndola al fiscal Juan Castro Bekios, quien originalmente inició las pesquisas por el Caso Democracia Viva, del cual ProCultura es una arista.
Esta decisión se gatilló luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, psiquiatra cuyas conversaciones telefónicas con Daniel Andrade (representante legal de Democracia Viva) fueron interceptadas. El tribunal de alzada cuestionó la legalidad de dichas escuchas, argumentando que Huneeus figuraba como testigo y no como imputada en la causa cuando se autorizó la intervención de su teléfono, que además estaba a su nombre y no al de Andrade, como inicialmente se habría solicitado. Según los antecedentes expuestos en el podcast "Política Podcast" por Rocío Gambra y Pablo Hübner, se habría solicitado la intervención del teléfono de Andrade, pero se interceptaron las comunicaciones de Huneeus, quien era la titular de la línea. A pesar de identificar que se trataba de una voz femenina y que la titular era Huneeus, la escucha y transcripción habrían continuado por dos semanas antes de solicitar una autorización específica para ella. La Corte criticó duramente tanto al fiscal Cooper como a la jueza que autorizó el procedimiento inicial, señalando una aparente falta de rigurosidad al no percatarse de estas inconsistencias.
Desde el oficialismo, particularmente el Frente Amplio, surgieron voces que calificaron el actuar como "espionaje" y una "persecución política". El Presidente Gabriel Boric, consultado en una gira internacional, había manifestado su postura de "caiga quien caiga". Paradójicamente, uno de los primeros en "caer" o ser apartado de la investigación ha sido el propio fiscal Cooper.
Pablo Hübner, analista invitado al programa, calificó la situación como "digna de una serie de Netflix", destacando la complejidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la dinámica política. Subrayó la importancia de que la investigación siga su curso con garantías de imparcialidad, más allá de los cambios de fiscales, para asegurar que se llegue a la verdad y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
El Caso ProCultura ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la transferencia de fondos públicos a fundaciones y el rol de los Gobiernos Regionales (GORE). Según datos revelados en el mismo espacio radial, citando un gráfico publicado por El Mercurio, durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric, se habrían asignado $3.282.841.556 a fundaciones. De este monto, el Gobierno central indica que solo el 19% corresponde a asignaciones directas del Estado, mientras que el 81% restante provendría de los Gobiernos Regionales.
Estas cifras contrastan fuertemente con las de administraciones anteriores. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el máximo traspasado en un año fue de $316 millones. En el segundo mandato de Michelle Bachelet, la cifra más alta alcanzó los $556 millones en 2016, y en el primer gobierno de Piñera, el peak fue de $684 millones. Es decir, los más de $3.200 millones asignados recientemente superan con creces los montos históricos, siendo entre cuatro y cinco veces mayores.
Pablo Hübner señaló que este aumento explosivo en la asignación de fondos por parte de los GORE podría estar relacionado con la mayor discrecionalidad que poseen estas nuevas autoridades electas y, en algunos casos, la falta de organismos técnicos internos para ejecutar dichos presupuestos, recurriendo así a la externalización a través de fundaciones. Esta situación ha sido comparada con la problemática detectada anteriormente en municipalidades, calificadas en informes de transparencia como "cajas de Pandora" por la discrecionalidad en el uso de recursos.
Se ha planteado la interrogante sobre si este modelo de transferencia de poder a las regiones, que buscaba mayor autonomía y pertinencia en la solución de problemas locales, está funcionando como se esperaba. La discusión se centra en la necesidad de establecer controles más acuciosos y protocolos estrictos, en línea con las recomendaciones de la Comisión Engel, para evitar el mal uso de fondos públicos y el desvío del espíritu de la ley, que es atender las necesidades de la comunidad y no favorecer redes de conocidos o amigos.
Paralelamente, durante la transmisión del podcast, se conoció la noticia de que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo a favor de Manuel Monsalve, otorgándole arresto domiciliario total en el marco de otra investigación por presuntos delitos de corrupción. Esta decisión también generó debate sobre la coherencia y la reacción del oficialismo frente a casos que involucran a figuras de su propio sector, especialmente considerando las duras críticas que profirieron en el pasado a administraciones anteriores por situaciones similares. Se mencionó la necesidad de que las instituciones funcionen con rigurosidad, independiente de quién esté siendo investigado.
En un ámbito distinto, pero relevante para la gestión regional, se informó la aprobación del nuevo Plan Regulador para la zona urbana de Puerto Varas, un instrumento de planificación esperado por más de una década, ya que el anterior databa de 1990-1991. Este nuevo plan busca ordenar el crecimiento de una ciudad que ha experimentado una expansión significativa.
El nuevo plan regulador implica un crecimiento del radio urbano en más de 1.600 hectáreas. Sin embargo, aún quedan pendientes de incorporar los sectores de Nueva Braunau y Ensenada, zonas consideradas de alta sensibilidad. Nueva Braunau por su cercanía al río Maullín (santuario de la naturaleza) y la proliferación de parcelaciones; y Ensenada por su proximidad al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y al volcán Calbuco, uno de los más activos del país, donde existen construcciones en zonas de alto riesgo.
La aprobación es vista como un logro para la administración municipal actual de Puerto Varas, ya que permitirá abordar problemas de conectividad, tráfico y bienestar urbano. No obstante, la implementación del plan conllevará desafíos significativos en cuanto a la provisión de servicios básicos como alcantarillado, agua potable y alumbrado público en las nuevas áreas urbanas, así como la adaptación a nuevas normativas de vialidad, como la exigencia de calles con doble vereda. Se espera que este instrumento colabore en la planificación de proyectos futuros, incluyendo la licitación de la Ruta 5 Sur.
Fuente información: Rocío Gambra
