Las "cifras" nuevamente le juegan una mala pasada al Gobierno
Una severa crisis enfrenta el sector pesquero nacional y la credibilidad del Gobierno tras el reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Pesca de un grave error en las cifras utilizadas para el cálculo de las cuotas de pesca, específicamente de la merluza. Este yerro, admitido por el subsecretario Julio Salas, ha sido señalado como el detonante directo del anuncio de cierre de operaciones de la importante empresa PacificBlu a partir de enero de 2026, generando incertidumbre laboral para cientos de trabajadores y encendiendo un intenso debate político sobre la gestión y responsabilidad gubernamental. La controversia fue analizada en profundidad en el programa "Política Podcast" de Paislobo Prensa.
El núcleo del problema radica en la admisión por parte del subsecretario Salas de que los datos proporcionados por el Ejecutivo para la tramitación de la nueva Ley de Pesca, en lo referente al fraccionamiento de la cuota de merluza entre el sector industrial y artesanal, eran incorrectos. Irónicamente, las cifras que la industria había presentado y que inicialmente fueron desestimadas por la autoridad, resultaron ser las correctas. Este reconocimiento ha sumido en la incertidumbre el proceso legislativo de una ley crucial para el país, que busca reemplazar la derogada "Ley Longueira", anulada previamente por vicios de cohecho.
La noticia del error gubernamental y el subsiguiente anuncio de PacificBlu sobre el cese de sus funciones en Talcahuano, que afectaría a un número significativo de empleos directos e indirectos, ha provocado una ola de reacciones. Diversos actores del mundo político y gremial han cuestionado duramente la gestión del subsecretario Salas, exigiéndose incluso su renuncia. Se critica la "desprolijidad" y la "ausencia de control" en el manejo de información tan sensible, que tiene un impacto directo en la viabilidad de las empresas y la estabilidad del sector.
Analistas y participantes del "Política Podcast" de Paislobo Prensa, como Pablo Hübner y Nicolás Céspedes, han profundizado en las implicancias de este escándalo. Hübner señaló que la situación es "bastante compleja" y que "no se puede legislar con datos errados". Se plantean interrogantes sobre el origen del error, si fue una "torpeza" o si existió "intencionalidad", y cuáles serán las consecuencias y responsabilidades políticas. La industria pesquera y diversos parlamentarios ya han solicitado una revisión exhaustiva del proceso legislativo, barajándose opciones que van desde repetir la votación de aspectos clave hasta suspender la tramitación o, incluso, "hacer borrón y cuenta nueva".
Nicolás Céspedes, por su parte, expresó una profunda preocupación por la aparente facilidad con la que se "modifica una celda en el Excel" en la administración pública, sugiriendo que estos errores podrían ser intencionados. Criticó la falta de asunción de responsabilidades políticas, recordando que un subsecretario "muestra la cara y tiene responsabilidad política sobre lo que ocurre en su subsecretaría". Céspedes fue enfático al señalar que, en su opinión, el subsecretario debió presentar su renuncia de forma inmediata. El ingeniero también cuestionó por qué el ministro del ramo no ha solicitado la dimisión, apuntando a una cultura de protección a pesar de los errores.
Este episodio se suma a otras controversias por manejo de cifras por parte del actual Gobierno, como lo ocurrido anteriormente con la Dirección de Presupuestos (DIPRES), lo que ha llevado a algunos a ironizar que la "falta de la cifra exacta" parece ser una constante en esta administración, recordando las propias palabras del Presidente Boric durante debates pasados.
El debate, tal como se recogió en Paislobo Prensa, también se extendió a una crítica más amplia sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Se mencionó la "desprolijidad administrativa", la "carencia de experiencia" y la designación de cargos basada más en la "afinidad política" que en la idoneidad técnica, especialmente considerando que el Frente Amplio y sus colectividades aliadas no representarían un conglomerado tan "abultado" en términos de cuadros técnicos preparados. Se recordó la promesa de una "supremacía moral" que, a juicio de los analistas, contrasta con los errores y escándalos recientes, incluyendo el "Caso Fundaciones" y la polémica en torno a ProCultura, que siembran dudas sobre un posible usufructo del Estado.
La caída de figuras emblemáticas del oficialismo como Izkia Siches y Giorgio Jackson también fue traída a colación como síntoma de un desgaste y una aparente falta de rumbo. Incluso la Cancillería, tradicionalmente una institución de prestigio, habría sufrido una merma en su imagen pública durante la actual administración.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido intentar controlar los daños. El ministro de Economía, Nicolás Grau, habría indicado que se buscará revertir la votación en la comisión donde se utilizaron las cifras erróneas. Sin embargo, para muchos, esta medida es insuficiente y no aborda la raíz del problema ni las responsabilidades políticas directas.
La complejidad de la Ley de Pesca, que debe considerar las diversas realidades ecosistémicas de las caletas a nivel nacional y atribuir cuotas basadas en criterios científicos, hace que este tipo de errores sean particularmente graves. Además, la demora en la tramitación de esta ley impacta en otras normativas vinculadas, como la Ley de Acuicultura y la aplicación de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), generando incertidumbre en sectores productivos clave para regiones como Los Lagos.
La situación de PacificBlu y el escándalo de las cifras erróneas no solo ponen en jaque la tramitación de una ley fundamental, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para manejar con rigor y transparencia los asuntos de Estado. Las consecuencias económicas, sociales y políticas de este episodio aún están por verse en su totalidad, pero sin duda marcarán un precedente en la ya compleja coyuntura nacional. La proyección inmediata es de una ardua fiscalización por parte de la oposición y una creciente presión sobre el subsecretario Salas y el Ejecutivo para entregar explicaciones satisfactorias y asumir las responsabilidades correspondientes ante un error que, como se ha dicho, podría costar muy caro al país.
Fuente información: Rocío Gambra
El núcleo del problema radica en la admisión por parte del subsecretario Salas de que los datos proporcionados por el Ejecutivo para la tramitación de la nueva Ley de Pesca, en lo referente al fraccionamiento de la cuota de merluza entre el sector industrial y artesanal, eran incorrectos. Irónicamente, las cifras que la industria había presentado y que inicialmente fueron desestimadas por la autoridad, resultaron ser las correctas. Este reconocimiento ha sumido en la incertidumbre el proceso legislativo de una ley crucial para el país, que busca reemplazar la derogada "Ley Longueira", anulada previamente por vicios de cohecho.
La noticia del error gubernamental y el subsiguiente anuncio de PacificBlu sobre el cese de sus funciones en Talcahuano, que afectaría a un número significativo de empleos directos e indirectos, ha provocado una ola de reacciones. Diversos actores del mundo político y gremial han cuestionado duramente la gestión del subsecretario Salas, exigiéndose incluso su renuncia. Se critica la "desprolijidad" y la "ausencia de control" en el manejo de información tan sensible, que tiene un impacto directo en la viabilidad de las empresas y la estabilidad del sector.
Analistas y participantes del "Política Podcast" de Paislobo Prensa, como Pablo Hübner y Nicolás Céspedes, han profundizado en las implicancias de este escándalo. Hübner señaló que la situación es "bastante compleja" y que "no se puede legislar con datos errados". Se plantean interrogantes sobre el origen del error, si fue una "torpeza" o si existió "intencionalidad", y cuáles serán las consecuencias y responsabilidades políticas. La industria pesquera y diversos parlamentarios ya han solicitado una revisión exhaustiva del proceso legislativo, barajándose opciones que van desde repetir la votación de aspectos clave hasta suspender la tramitación o, incluso, "hacer borrón y cuenta nueva".
Nicolás Céspedes, por su parte, expresó una profunda preocupación por la aparente facilidad con la que se "modifica una celda en el Excel" en la administración pública, sugiriendo que estos errores podrían ser intencionados. Criticó la falta de asunción de responsabilidades políticas, recordando que un subsecretario "muestra la cara y tiene responsabilidad política sobre lo que ocurre en su subsecretaría". Céspedes fue enfático al señalar que, en su opinión, el subsecretario debió presentar su renuncia de forma inmediata. El ingeniero también cuestionó por qué el ministro del ramo no ha solicitado la dimisión, apuntando a una cultura de protección a pesar de los errores.
Este episodio se suma a otras controversias por manejo de cifras por parte del actual Gobierno, como lo ocurrido anteriormente con la Dirección de Presupuestos (DIPRES), lo que ha llevado a algunos a ironizar que la "falta de la cifra exacta" parece ser una constante en esta administración, recordando las propias palabras del Presidente Boric durante debates pasados.
El debate, tal como se recogió en Paislobo Prensa, también se extendió a una crítica más amplia sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Se mencionó la "desprolijidad administrativa", la "carencia de experiencia" y la designación de cargos basada más en la "afinidad política" que en la idoneidad técnica, especialmente considerando que el Frente Amplio y sus colectividades aliadas no representarían un conglomerado tan "abultado" en términos de cuadros técnicos preparados. Se recordó la promesa de una "supremacía moral" que, a juicio de los analistas, contrasta con los errores y escándalos recientes, incluyendo el "Caso Fundaciones" y la polémica en torno a ProCultura, que siembran dudas sobre un posible usufructo del Estado.
La caída de figuras emblemáticas del oficialismo como Izkia Siches y Giorgio Jackson también fue traída a colación como síntoma de un desgaste y una aparente falta de rumbo. Incluso la Cancillería, tradicionalmente una institución de prestigio, habría sufrido una merma en su imagen pública durante la actual administración.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido intentar controlar los daños. El ministro de Economía, Nicolás Grau, habría indicado que se buscará revertir la votación en la comisión donde se utilizaron las cifras erróneas. Sin embargo, para muchos, esta medida es insuficiente y no aborda la raíz del problema ni las responsabilidades políticas directas.
La complejidad de la Ley de Pesca, que debe considerar las diversas realidades ecosistémicas de las caletas a nivel nacional y atribuir cuotas basadas en criterios científicos, hace que este tipo de errores sean particularmente graves. Además, la demora en la tramitación de esta ley impacta en otras normativas vinculadas, como la Ley de Acuicultura y la aplicación de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), generando incertidumbre en sectores productivos clave para regiones como Los Lagos.
La situación de PacificBlu y el escándalo de las cifras erróneas no solo ponen en jaque la tramitación de una ley fundamental, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para manejar con rigor y transparencia los asuntos de Estado. Las consecuencias económicas, sociales y políticas de este episodio aún están por verse en su totalidad, pero sin duda marcarán un precedente en la ya compleja coyuntura nacional. La proyección inmediata es de una ardua fiscalización por parte de la oposición y una creciente presión sobre el subsecretario Salas y el Ejecutivo para entregar explicaciones satisfactorias y asumir las responsabilidades correspondientes ante un error que, como se ha dicho, podría costar muy caro al país.
Fuente información: Rocío Gambra
