Fiscalía de Osorno desbarata compleja organización criminal dedicada al narcotráfico
La Fiscal Jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, detalló la desarticulación de una sofisticada organización criminal que operaba en la provincia, dedicándose principalmente al tráfico de drogas a gran escala. Tras más de un año de arduas investigaciones, se logró la detención de 20 personas –19 de nacionalidad extranjera y una chilena– quienes enfrentan cargos por tráfico de drogas, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, y falsificación de documentos vehiculares. El grupo criminal se caracterizaba por su meticulosidad, constante cambio de domicilios en diversos sectores de Osorno y una estructura jerarquizada para el lavado de activos.
Un duro golpe al crimen organizado en la Región de Los Lagos se concretó recientemente en la provincia de Osorno con la desarticulación de una peligrosa red delictual, según informó la Fiscal Jefe de Osorno, María Angélica de Miguel. La investigación, que se extendió por más de un año, culminó con la detención de 20 individuos, de los cuales 19 son de nacionalidad extranjera (venezolana en su mayoría) y uno chileno, quienes fueron formalizados por una serie de graves delitos.
"Esta investigación llevó bastante tiempo en poder finalizarla, poder, como señalamos nosotros, reventar el procedimiento", explicó la fiscal De Miguel. La organización se distinguía por su alto grado de cautela y un modus operandi diferente al de otras bandas de narcotraficantes locales. "Es una organización que se cuidaba mucho, una organización que tiene una metodología de actuar distinta a la que conocemos. Se cuidaba mucho, de hecho hay una persona también que está presa preventiva porque esta persona es la que proveía de las casas en las cuales ellos habitaban o las cuales tenían la oficina como le llamamos nosotros donde efectivamente tenían la droga y tenían las armas", detalló.
El operativo incluyó el allanamiento de 17 domicilios distribuidos en diversos sectores de Osorno, evidenciando la estrategia del grupo de no concentrarse en una sola área para evadir la acción policial. La fiscalía ha establecido que la organización se dedicaba a la "venta al por mayor" de droga, abasteciendo a otros microtraficantes que luego distribuían las sustancias en la ciudad.
Dentro de la estructura criminal, existían roles definidos. "Pudimos ver que habían distintos roles dentro de esta organización. Obviamente las personas que encargaban, y esta parte es muy importante, la parte económica que encargaban, que todos estos dineros fueran depositados en determinadas cuentas de personas extranjeras", señaló la persecutora. Otros miembros se ocupaban de la logística, como la búsqueda de inmuebles, y labores de vigilancia, demostrando una planificación meticulosa.
Durante los allanamientos, se incautaron 13 vehículos, muchos con documentación adulterada, y una cantidad significativa de evidencia tecnológica, incluyendo alrededor de 52 teléfonos móviles. "Es como la punta del iceberg, porque en el fondo es tanto aparatos tecnológicos que se incautaron. Por lo tanto, no descartamos que obviamente se pueda reformalizar y que pueden haber más ilícitos que se cometieron", advirtió De Miguel. Los imputados arriesgan penas que parten en los 10 años y un día de presidio, incrementándose según el grado de participación.
La fiscal destacó la peligrosidad que representaba el ingreso irregular de muchos de los miembros extranjeros al país. "La mayoría pasaron por pasos no habilitados, por lo tanto no sabemos quiénes son y ese es el gran peligro que tenemos en nuestra región y en el resto del país también, que no sabemos con quién estamos tratando, por lo tanto hay personas que tenían tres, cuatro, cinco identidades distintas", afirmó.
La Fiscal De Miguel subrayó la importancia de este golpe, recordando que desde 2020, con el inicio de la pandemia y el establecimiento de cordones sanitarios como el de San Pablo, se evidenció un aumento en el ingreso de drogas a la región. "Lo primero fue asumir que efectivamente esta droga pasaba por nuestra ciudad hacia el resto del sur de la región. Pero buena parte de esa droga quedaba acá", comentó, mencionando un decomiso anterior de 248 kilos de droga en Osorno.
La creación de una unidad de crimen organizado por parte de la Fiscalía Regional ha sido clave para enfrentar este fenómeno. "Creo que han sido bastante exitosos, han tenido procedimientos exitosos en Puerto Montt, procedimientos en Osorno", indicó, aunque reconoció que el problema no se erradicará por completo, pero sí se disminuye significativamente la circulación de drogas y la comisión de delitos asociados.
En otro ámbito, la fiscal se refirió a la preocupante seguidilla de falsos avisos de bomba y amenazas de muerte que han afectado a comunidades educativas en la provincia. "Tuvimos este año a la fecha, 11 avisos entre falsos avisos de bombas y, además, amenazas de muerte a docentes", informó. El año pasado se registraron aproximadamente cuatro casos.
Instituciones como el Liceo Industrial, la Universidad de Los Lagos y, mayoritariamente, INACAP, fueron blanco de estas acciones. Las investigaciones, realizadas en conjunto con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, han arrojado resultados concretos.
En el Liceo Industrial, un alumno fue identificado como autor de una llamada alertando sobre una bomba y será formalizado. Similarmente, una alumna de la Universidad de Los Lagos fue vinculada a un aviso de bomba en las salas virtuales de la casa de estudios y también enfrentará la justicia.
El caso más complejo se dio en INACAP, donde un estudiante de informática fue identificado como el responsable de múltiples correos amenazantes a docentes y directivos, así como falsos avisos de bomba. "Lo que hacía era escribir esos correos y posteriormente usaba una clave de activación con un celular de un amigo de él en Antofagasta", explicó la fiscal. El joven fue formalizado por seis delitos de amenazas y seis falsos avisos de bomba, quedando con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas y al establecimiento.
La fiscal De Miguel calificó estas conductas como "gravísimas" debido al riesgo en las evacuaciones, la alarma pública generada y el desvío de valiosos recursos policiales, como la movilización del GOPE. "Por lo tanto consideramos que es tremendamente grave la conducta y cada vez que exista un aviso de bomba lo vamos a investigar", sentenció, haciendo un llamado a la responsabilidad de la comunidad y los padres, ya que muchas de estas acciones coinciden con periodos de pruebas.
Finalmente, la Fiscal Jefe reconoció la existencia de denuncias y preocupación por la venta y consumo de drogas en el interior y exterior de establecimientos educacionales, involucrando a menores de edad. "Como fiscalía siempre estamos tratando, pese a que no somos un ente preventivo, pero siempre estamos tratando de colaborar en la prevención", aseguró. Destacó la importancia de la denuncia por parte de directivos, docentes (quienes tienen obligación legal) y apoderados, para lo cual existen canales como Denuncia Seguro que resguardan la identidad. "Sabemos que se está vendiendo droga al interior de los establecimientos educacionales y por lo tanto estamos esperando las denuncias", concluyó.
En cuanto a la organización criminal desbaratada, la investigación continúa abierta. La gran cantidad de información contenida en los dispositivos electrónicos incautados será analizada exhaustivamente por las policías, lo que podría derivar en la reformalización de los imputados por nuevos delitos o la identificación de otros implicados. La Fiscalía no descarta que la red tuviera conexiones internacionales para la comisión de ilícitos en Osorno. Respecto a los avisos de bomba, se mantendrá una política de investigación rigurosa para cada caso. En relación con las drogas en colegios, se espera que la colaboración y las denuncias permitan iniciar investigaciones formales.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
Un duro golpe al crimen organizado en la Región de Los Lagos se concretó recientemente en la provincia de Osorno con la desarticulación de una peligrosa red delictual, según informó la Fiscal Jefe de Osorno, María Angélica de Miguel. La investigación, que se extendió por más de un año, culminó con la detención de 20 individuos, de los cuales 19 son de nacionalidad extranjera (venezolana en su mayoría) y uno chileno, quienes fueron formalizados por una serie de graves delitos.
"Esta investigación llevó bastante tiempo en poder finalizarla, poder, como señalamos nosotros, reventar el procedimiento", explicó la fiscal De Miguel. La organización se distinguía por su alto grado de cautela y un modus operandi diferente al de otras bandas de narcotraficantes locales. "Es una organización que se cuidaba mucho, una organización que tiene una metodología de actuar distinta a la que conocemos. Se cuidaba mucho, de hecho hay una persona también que está presa preventiva porque esta persona es la que proveía de las casas en las cuales ellos habitaban o las cuales tenían la oficina como le llamamos nosotros donde efectivamente tenían la droga y tenían las armas", detalló.
El operativo incluyó el allanamiento de 17 domicilios distribuidos en diversos sectores de Osorno, evidenciando la estrategia del grupo de no concentrarse en una sola área para evadir la acción policial. La fiscalía ha establecido que la organización se dedicaba a la "venta al por mayor" de droga, abasteciendo a otros microtraficantes que luego distribuían las sustancias en la ciudad.
Dentro de la estructura criminal, existían roles definidos. "Pudimos ver que habían distintos roles dentro de esta organización. Obviamente las personas que encargaban, y esta parte es muy importante, la parte económica que encargaban, que todos estos dineros fueran depositados en determinadas cuentas de personas extranjeras", señaló la persecutora. Otros miembros se ocupaban de la logística, como la búsqueda de inmuebles, y labores de vigilancia, demostrando una planificación meticulosa.
Durante los allanamientos, se incautaron 13 vehículos, muchos con documentación adulterada, y una cantidad significativa de evidencia tecnológica, incluyendo alrededor de 52 teléfonos móviles. "Es como la punta del iceberg, porque en el fondo es tanto aparatos tecnológicos que se incautaron. Por lo tanto, no descartamos que obviamente se pueda reformalizar y que pueden haber más ilícitos que se cometieron", advirtió De Miguel. Los imputados arriesgan penas que parten en los 10 años y un día de presidio, incrementándose según el grado de participación.
La fiscal destacó la peligrosidad que representaba el ingreso irregular de muchos de los miembros extranjeros al país. "La mayoría pasaron por pasos no habilitados, por lo tanto no sabemos quiénes son y ese es el gran peligro que tenemos en nuestra región y en el resto del país también, que no sabemos con quién estamos tratando, por lo tanto hay personas que tenían tres, cuatro, cinco identidades distintas", afirmó.
Impacto regional y respuesta institucional
La Fiscal De Miguel subrayó la importancia de este golpe, recordando que desde 2020, con el inicio de la pandemia y el establecimiento de cordones sanitarios como el de San Pablo, se evidenció un aumento en el ingreso de drogas a la región. "Lo primero fue asumir que efectivamente esta droga pasaba por nuestra ciudad hacia el resto del sur de la región. Pero buena parte de esa droga quedaba acá", comentó, mencionando un decomiso anterior de 248 kilos de droga en Osorno.
La creación de una unidad de crimen organizado por parte de la Fiscalía Regional ha sido clave para enfrentar este fenómeno. "Creo que han sido bastante exitosos, han tenido procedimientos exitosos en Puerto Montt, procedimientos en Osorno", indicó, aunque reconoció que el problema no se erradicará por completo, pero sí se disminuye significativamente la circulación de drogas y la comisión de delitos asociados.
Avisos de bomba y amenazas en establecimientos educacionales
En otro ámbito, la fiscal se refirió a la preocupante seguidilla de falsos avisos de bomba y amenazas de muerte que han afectado a comunidades educativas en la provincia. "Tuvimos este año a la fecha, 11 avisos entre falsos avisos de bombas y, además, amenazas de muerte a docentes", informó. El año pasado se registraron aproximadamente cuatro casos.
Instituciones como el Liceo Industrial, la Universidad de Los Lagos y, mayoritariamente, INACAP, fueron blanco de estas acciones. Las investigaciones, realizadas en conjunto con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, han arrojado resultados concretos.
En el Liceo Industrial, un alumno fue identificado como autor de una llamada alertando sobre una bomba y será formalizado. Similarmente, una alumna de la Universidad de Los Lagos fue vinculada a un aviso de bomba en las salas virtuales de la casa de estudios y también enfrentará la justicia.
El caso más complejo se dio en INACAP, donde un estudiante de informática fue identificado como el responsable de múltiples correos amenazantes a docentes y directivos, así como falsos avisos de bomba. "Lo que hacía era escribir esos correos y posteriormente usaba una clave de activación con un celular de un amigo de él en Antofagasta", explicó la fiscal. El joven fue formalizado por seis delitos de amenazas y seis falsos avisos de bomba, quedando con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas y al establecimiento.
La fiscal De Miguel calificó estas conductas como "gravísimas" debido al riesgo en las evacuaciones, la alarma pública generada y el desvío de valiosos recursos policiales, como la movilización del GOPE. "Por lo tanto consideramos que es tremendamente grave la conducta y cada vez que exista un aviso de bomba lo vamos a investigar", sentenció, haciendo un llamado a la responsabilidad de la comunidad y los padres, ya que muchas de estas acciones coinciden con periodos de pruebas.
Preocupación por drogas en entornos escolares
Finalmente, la Fiscal Jefe reconoció la existencia de denuncias y preocupación por la venta y consumo de drogas en el interior y exterior de establecimientos educacionales, involucrando a menores de edad. "Como fiscalía siempre estamos tratando, pese a que no somos un ente preventivo, pero siempre estamos tratando de colaborar en la prevención", aseguró. Destacó la importancia de la denuncia por parte de directivos, docentes (quienes tienen obligación legal) y apoderados, para lo cual existen canales como Denuncia Seguro que resguardan la identidad. "Sabemos que se está vendiendo droga al interior de los establecimientos educacionales y por lo tanto estamos esperando las denuncias", concluyó.
En cuanto a la organización criminal desbaratada, la investigación continúa abierta. La gran cantidad de información contenida en los dispositivos electrónicos incautados será analizada exhaustivamente por las policías, lo que podría derivar en la reformalización de los imputados por nuevos delitos o la identificación de otros implicados. La Fiscalía no descarta que la red tuviera conexiones internacionales para la comisión de ilícitos en Osorno. Respecto a los avisos de bomba, se mantendrá una política de investigación rigurosa para cada caso. En relación con las drogas en colegios, se espera que la colaboración y las denuncias permitan iniciar investigaciones formales.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
