Juzgados de Policía Local en Osorno al borde del colapso
Los juzgados de Policía Local en Osorno enfrentan una grave crisis de infraestructura y gestión, con un aumento exponencial de causas, superando las 28.000 anuales por juzgado, lo que representa un incremento de más del 250% respecto a los años anteriores, cuando se tramitaban entre 7.000 y 8.000. Esta situación ha generado un deterioro en las condiciones laborales de los funcionarios y una deficiente atención a los usuarios, según denunció el presidente del Colegio de Abogados de Osorno, Juan Carlos Claret, en el reciente "Legal Podcast" de Paislobo Prensa. La problemática, que se arrastra desde 2017, exige una acción coordinada entre el municipio y el poder legislativo para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía.
La jurisdicción de los Juzgados de Policía Local, encargados de regular la vida en la ciudad ("polis") y resolver una vasta gama de materias que van desde multas por no votar, infracciones a la Ley Cholito, tala ilegal de bosque nativo, accidentes de tránsito, problemas de copropiedad y ordenanzas municipales, hasta patentes comerciales, se encuentra en un estado de abandono crítico en Osorno y a nivel nacional. Así lo expresó Juan Carlos Claret, presidente del Colegio de Abogados de Osorno, quien destacó que esta situación ha sido una prioridad en la agenda gremial desde que asumió su cargo.
Claret,explicó en el "Legal Podcast" que los Juzgados de Policía Local operan en una "zona gris" institucional. Por un lado, dependen de la fiscalización de la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero el financiamiento, los sueldos y la dotación de funcionarios son responsabilidad de las municipalidades, lo que genera un traspaso de responsabilidades que perjudica directamente a la ciudadanía y a quienes laboran en estos tribunales.
Uno de los problemas más acuciantes es el incremento masivo de causas, especialmente tras la implementación del voto obligatorio. Un juzgado de Policía Local, que en condiciones normales tramitaba entre 7.000 y 8.000 causas anuales, ahora maneja alrededor de 28.000. Este volumen, sumado a un sistema de tramitación arcaico, completamente escrito y carente de digitalización, agrava la situación.
Las deficiencias de infraestructura son alarmantes. Claret detalló que el edificio actual de los juzgados en Osorno, carece de salidas de emergencia adecuadas –muchas de ellas obstruidas por el archivo de causas–, no cuenta con ascensores para personas con movilidad reducida y presenta una grave escasez de baños para el público. "Nos ha tocado ver, por ejemplo, para quienes tramitamos ahí, yo una vez a la semana siempre voy al juzgado, de testigos que para esperar pasar a dar su testimonio, que puede ser desde las nueve de la mañana, estar esperando hasta las once, las doce, que muchas veces son adultos mayores (...) tampoco hay infraestructura sanitaria dentro del edificio disponible al público, digamos, para que ellos puedan hacer sus necesidades básicas", relató Claret, exponiendo la precariedad de las condiciones.
La situación no es nueva. Un proyecto para un nuevo edificio para los Juzgados de Policía Local fue propuesto en 2017 por el entonces alcalde Jaime Bertín, pero se ha dilatado debido a la pandemia y cambios en la administración municipal. Si bien el actual alcalde, también Jaime Bertín, había retomado la iniciativa, la priorización de recursos para otros proyectos, como el del Carmela Carvajal, ha vuelto a postergarlo. La propuesta actual de reubicar los juzgados en el edificio de calle Amthauer, donde funciona Seguridad Ciudadana y la clínica jurídica de la Universidad de Los Lagos, ha generado "serios reparos" por parte del Colegio de Abogados debido a la falta de locomoción y estacionamientos, lo que dificultaría el acceso de los usuarios.
El Colegio de Abogados de Osorno está ejerciendo presión gremial, no solo ante el municipio sino también con parlamentarios, para impulsar cambios legislativos que permitan una reforma integral. Claret enfatizó la necesidad de una discusión legislativa para abordar cuestiones como la sobrecarga laboral y la digitalización de los procesos. "¿Por qué un juzgado de policía local y no el Servel debe ser el encargado de cursar las multas por no votar?", cuestionó Claret, señalando la ineficiencia de algunos procedimientos actuales.
"El fastidio, el hastío frente a una lentitud del sistema, ¿en qué redunda? En que el usuario se descarga con el funcionario municipal que está ahí", lamentó Claret, haciendo hincapié en la injusticia que esto representa para los trabajadores que desempeñan sus funciones en condiciones adversas. El Colegio de Abogados de Osorno, junto con otras asociaciones, ha reflotado esta problemática, buscando un espacio de diálogo con autoridades y parlamentarios para encontrar soluciones que beneficien a toda la ciudadanía.
Fuente información: J.C. Claret
La jurisdicción de los Juzgados de Policía Local, encargados de regular la vida en la ciudad ("polis") y resolver una vasta gama de materias que van desde multas por no votar, infracciones a la Ley Cholito, tala ilegal de bosque nativo, accidentes de tránsito, problemas de copropiedad y ordenanzas municipales, hasta patentes comerciales, se encuentra en un estado de abandono crítico en Osorno y a nivel nacional. Así lo expresó Juan Carlos Claret, presidente del Colegio de Abogados de Osorno, quien destacó que esta situación ha sido una prioridad en la agenda gremial desde que asumió su cargo.
Claret,explicó en el "Legal Podcast" que los Juzgados de Policía Local operan en una "zona gris" institucional. Por un lado, dependen de la fiscalización de la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero el financiamiento, los sueldos y la dotación de funcionarios son responsabilidad de las municipalidades, lo que genera un traspaso de responsabilidades que perjudica directamente a la ciudadanía y a quienes laboran en estos tribunales.
Uno de los problemas más acuciantes es el incremento masivo de causas, especialmente tras la implementación del voto obligatorio. Un juzgado de Policía Local, que en condiciones normales tramitaba entre 7.000 y 8.000 causas anuales, ahora maneja alrededor de 28.000. Este volumen, sumado a un sistema de tramitación arcaico, completamente escrito y carente de digitalización, agrava la situación.
Las deficiencias de infraestructura son alarmantes. Claret detalló que el edificio actual de los juzgados en Osorno, carece de salidas de emergencia adecuadas –muchas de ellas obstruidas por el archivo de causas–, no cuenta con ascensores para personas con movilidad reducida y presenta una grave escasez de baños para el público. "Nos ha tocado ver, por ejemplo, para quienes tramitamos ahí, yo una vez a la semana siempre voy al juzgado, de testigos que para esperar pasar a dar su testimonio, que puede ser desde las nueve de la mañana, estar esperando hasta las once, las doce, que muchas veces son adultos mayores (...) tampoco hay infraestructura sanitaria dentro del edificio disponible al público, digamos, para que ellos puedan hacer sus necesidades básicas", relató Claret, exponiendo la precariedad de las condiciones.
La situación no es nueva. Un proyecto para un nuevo edificio para los Juzgados de Policía Local fue propuesto en 2017 por el entonces alcalde Jaime Bertín, pero se ha dilatado debido a la pandemia y cambios en la administración municipal. Si bien el actual alcalde, también Jaime Bertín, había retomado la iniciativa, la priorización de recursos para otros proyectos, como el del Carmela Carvajal, ha vuelto a postergarlo. La propuesta actual de reubicar los juzgados en el edificio de calle Amthauer, donde funciona Seguridad Ciudadana y la clínica jurídica de la Universidad de Los Lagos, ha generado "serios reparos" por parte del Colegio de Abogados debido a la falta de locomoción y estacionamientos, lo que dificultaría el acceso de los usuarios.
El Colegio de Abogados de Osorno está ejerciendo presión gremial, no solo ante el municipio sino también con parlamentarios, para impulsar cambios legislativos que permitan una reforma integral. Claret enfatizó la necesidad de una discusión legislativa para abordar cuestiones como la sobrecarga laboral y la digitalización de los procesos. "¿Por qué un juzgado de policía local y no el Servel debe ser el encargado de cursar las multas por no votar?", cuestionó Claret, señalando la ineficiencia de algunos procedimientos actuales.
"El fastidio, el hastío frente a una lentitud del sistema, ¿en qué redunda? En que el usuario se descarga con el funcionario municipal que está ahí", lamentó Claret, haciendo hincapié en la injusticia que esto representa para los trabajadores que desempeñan sus funciones en condiciones adversas. El Colegio de Abogados de Osorno, junto con otras asociaciones, ha reflotado esta problemática, buscando un espacio de diálogo con autoridades y parlamentarios para encontrar soluciones que beneficien a toda la ciudadanía.
Fuente información: J.C. Claret
