Contraloría detecta pagos irregulares por más de $230 millones en el DAEM de Puerto Montt
Un demoledor informe final de investigación de la Contraloría General de la República ha revelado que diez funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt recibieron pagos de remuneraciones cuestionadas por un total de $230.379.448 entre enero de 2019 y junio de 2024. A raíz de estos hallazgos, el ente fiscalizador ha instruido al municipio iniciar las acciones legales para recuperar $197.110.840, además de iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades y evaluar la presentación de un juicio de cuentas.
Según lo informa el Diario El Llanquihue en su edición de este sábado 19 de julio, la Contraloría General de la República ha puesto en jaque la administración de recursos en el sistema educativo de la capital regional, tras emitir un contundente informe final que detalla una serie de pagos irregulares a diez funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). El documento, que cierra un exhaustivo proceso de fiscalización, cifra en $230.379.448 el monto total de las remuneraciones cuestionadas y ordena a la Municipalidad de Puerto Montt adoptar medidas urgentes para restituir $197.110.840 a las arcas fiscales.
Según señala El Llanquihue, el informe del organismo contralor es el resultado de un análisis pormenorizado sobre 150 observaciones iniciales, de las cuales 117 fueron consideradas con mérito suficiente para configurar irregularidades. Según detalló el director regional de Contraloría, Carlos Ibáñez a El Llanquihue, "el monto resistido de estas observaciones alcanza los 230 millones de pesos, de los cuales se instruyó el reintegro de 197 millones". Esta instrucción implica que el municipio deberá iniciar un "juicio de cuentas", un procedimiento legal destinado a perseguir la recuperación de fondos públicos indebidamente percibidos.
Las irregularidades detectadas son de diversa naturaleza e incluyen pagos por servicios no acreditados, ausencias injustificadas, remuneraciones dobles y falta de supervisión en la ejecución de contratos y horas extraordinarias. De hecho, el informe apuntaría directamente a las debilidades de control interno durante la jefatura del ex director del DAEM, Albán Mancilla, período en el que se concentran las situaciones más graves. Entre las anomalías se mencionan la ausencia de ejecución de acciones legales por parte del DAEM, el no cobro de boletas de garantía y la autorización de modificaciones de contratos sin respaldo.
Siguien lo informado por El Llanquihue, dentro de los casos más emblemáticos se encontraría el del ex director del Liceo Andrés Bello, Richard Ruiz Hernández, a quien se le pagaron $35.781.301 de forma improcedente entre 2020 y 2022, ordenándosele la devolución íntegra de esa suma. Otro caso sería el de José Arcos Ojeda, quien durante los años 2019, 2021 y 2022 percibió $59.414.994 de manera irregular, de los cuales la Contraloría objetaría la totalidad por pagos asociados a la ejecución de labores sin que se acreditara la efectiva realización de estas.
El documento también detallaría pagos a otros ocho funcionarios por conceptos como suplencias no realizadas, licencias médicas que debieron ser cubiertas por el seguro de salud (Fonasa) y no por el empleador, y ausencias sin justificación. Por ejemplo, a Freddy Loayza Muñoz se le ordena devolver $4.978.946 por una suplencia en la que no acreditó asistencia, mientras que a Paulina Villarroel Mancilla se le instruye restituir $30.591.382 por pagos irregulares entre enero de 2019 y abril de 2023.
La reacción desde el Concejo Municipal no se hizo esperar según consigna el diario El Llanquihue. La concejala Bárbara Álvarez (Partido Popular) calificó la situación como un "despilfarro". "Me indigna saber que nuestras escuelas tienen falencias, mientras la Contraloría nos alerta de despilfarros en el DAEM", declaró. En una línea similar, la concejala María Elena Olea (Partido Socialista) afirmó que "esto es una escandalosa corrupción, de acuerdo al informe; es decir, son hechos. Sorprende que haya gente aún trabajando ahí".
Por su parte, el concejal Fernando Orellana (Partido Demócrata Cristiano) criticó la defensa jurídica del municipio, recordando que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya había desestimado una querella anterior por falta de antecedentes, lo que, a su juicio, evidencia una gestión deficiente.
La Municipalidad de Puerto Montt tiene ahora un plazo perentorio para acatar las instrucciones de la Contraloría, lo que incluye iniciar los procesos de cobro a los involucrados y llevar a cabo el sumario administrativo para establecer las responsabilidades que correspondan.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2025/07/19/papel/
Según lo informa el Diario El Llanquihue en su edición de este sábado 19 de julio, la Contraloría General de la República ha puesto en jaque la administración de recursos en el sistema educativo de la capital regional, tras emitir un contundente informe final que detalla una serie de pagos irregulares a diez funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). El documento, que cierra un exhaustivo proceso de fiscalización, cifra en $230.379.448 el monto total de las remuneraciones cuestionadas y ordena a la Municipalidad de Puerto Montt adoptar medidas urgentes para restituir $197.110.840 a las arcas fiscales.
Según señala El Llanquihue, el informe del organismo contralor es el resultado de un análisis pormenorizado sobre 150 observaciones iniciales, de las cuales 117 fueron consideradas con mérito suficiente para configurar irregularidades. Según detalló el director regional de Contraloría, Carlos Ibáñez a El Llanquihue, "el monto resistido de estas observaciones alcanza los 230 millones de pesos, de los cuales se instruyó el reintegro de 197 millones". Esta instrucción implica que el municipio deberá iniciar un "juicio de cuentas", un procedimiento legal destinado a perseguir la recuperación de fondos públicos indebidamente percibidos.
Las irregularidades detectadas son de diversa naturaleza e incluyen pagos por servicios no acreditados, ausencias injustificadas, remuneraciones dobles y falta de supervisión en la ejecución de contratos y horas extraordinarias. De hecho, el informe apuntaría directamente a las debilidades de control interno durante la jefatura del ex director del DAEM, Albán Mancilla, período en el que se concentran las situaciones más graves. Entre las anomalías se mencionan la ausencia de ejecución de acciones legales por parte del DAEM, el no cobro de boletas de garantía y la autorización de modificaciones de contratos sin respaldo.
Siguien lo informado por El Llanquihue, dentro de los casos más emblemáticos se encontraría el del ex director del Liceo Andrés Bello, Richard Ruiz Hernández, a quien se le pagaron $35.781.301 de forma improcedente entre 2020 y 2022, ordenándosele la devolución íntegra de esa suma. Otro caso sería el de José Arcos Ojeda, quien durante los años 2019, 2021 y 2022 percibió $59.414.994 de manera irregular, de los cuales la Contraloría objetaría la totalidad por pagos asociados a la ejecución de labores sin que se acreditara la efectiva realización de estas.
El documento también detallaría pagos a otros ocho funcionarios por conceptos como suplencias no realizadas, licencias médicas que debieron ser cubiertas por el seguro de salud (Fonasa) y no por el empleador, y ausencias sin justificación. Por ejemplo, a Freddy Loayza Muñoz se le ordena devolver $4.978.946 por una suplencia en la que no acreditó asistencia, mientras que a Paulina Villarroel Mancilla se le instruye restituir $30.591.382 por pagos irregulares entre enero de 2019 y abril de 2023.
La reacción desde el Concejo Municipal no se hizo esperar según consigna el diario El Llanquihue. La concejala Bárbara Álvarez (Partido Popular) calificó la situación como un "despilfarro". "Me indigna saber que nuestras escuelas tienen falencias, mientras la Contraloría nos alerta de despilfarros en el DAEM", declaró. En una línea similar, la concejala María Elena Olea (Partido Socialista) afirmó que "esto es una escandalosa corrupción, de acuerdo al informe; es decir, son hechos. Sorprende que haya gente aún trabajando ahí".
Por su parte, el concejal Fernando Orellana (Partido Demócrata Cristiano) criticó la defensa jurídica del municipio, recordando que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya había desestimado una querella anterior por falta de antecedentes, lo que, a su juicio, evidencia una gestión deficiente.
La Municipalidad de Puerto Montt tiene ahora un plazo perentorio para acatar las instrucciones de la Contraloría, lo que incluye iniciar los procesos de cobro a los involucrados y llevar a cabo el sumario administrativo para establecer las responsabilidades que correspondan.
Fuente información: https://www.ellanquihue.cl/impresa/2025/07/19/papel/
