Consejero Regional califica de "frescura" pago a constructora
Una resolución de la Contraloría Regional de Los Lagos ha instruido al Gobierno Regional (GORE) el pago de una indemnización de $1.030 millones a la Empresa Hurtado, debido a los retrasos en la entrega de terrenos para el proyecto de mejoramiento de la Avenida República en Osorno, iniciado en 2018. La decisión ha generado una fuerte controversia, con el consejero regional Francisco Reyes calificando el pago como "injusto" y denunciando negligencia por parte del SERVIU, el GORE y el municipio, elevando el costo total del proyecto a cerca de $10.000 millones.
Una millonaria controversia ha estallado en la Región de Los Lagos luego que la Contraloría General de la República ordenara al Gobierno Regional (GORE) indemnizar con $1.030 millones a la Constructora Hurtado. La medida compensatoria se origina por los problemas y retrasos en el proyecto de "Mejoramiento de Avenida República en Osorno", una obra que comenzó en 2018 y que ha estado plagada de dificultades.
El dictamen del ente contralor se fundamenta en que la institucionalidad pública, específicamente el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de Los Lagos, no proporcionó a tiempo los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto, lo que causó un perjuicio económico a la empresa por concepto de "mayores gastos generales". Si bien el informe reconoció un total de 483 días de atraso, la indemnización fue calculada sobre la base de 240 días.
La decisión ha generado un profundo malestar político y administrativo. El consejero regional Francisco Reyes ha sido una de las voces más críticas, calificando la situación como "el pago injusto y fuera de criterio de indemnización a una empresa que no hizo la pega en la Avenida República en Rahue Bajo". En una dura intervención, Reyes afirmó que "esa obra que partió el año 2017 ya está destruida y tenemos que pagarle a la empresa que construyó 1.030 millones de pesos por un trabajo mal hecho".
Además, el consejero reveló que el costo total del proyecto se ha disparado. "La empresa ha cobrado aumentos de presupuesto de manera permanente de 5.800 millones, estamos ya llegando a los 10.000 millones de pesos con esta indemnización que tendría que pagar el CORE", sentenció.
Reyes apuntó a una responsabilidad compartida entre las entidades públicas involucradas, acusando una "falta de coordinación y la negligencia en el trabajo colaborativo entre el SERVIU que se lavan las manos como unidad técnica, el gobierno regional que paga y paga como caja pagadora, como La Polar 'llegar y llevar' y el municipio que se desentiende de sus atribuciones". Anunció que rechazará la aprobación de los fondos para este pago.
El proyecto, adjudicado en noviembre de 2017 por un monto inicial de $5.800 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), contemplaba un plazo de ejecución de 20 meses. Sin embargo, desde su inicio en enero de 2018, enfrentó constantes dificultades. Ya en marzo de 2024, concejales y consejeros como María Soledad Uribe y el propio Reyes advertían sobre la "desatención" y "desvinculación" entre el municipio, el SERVIU y el GORE en relación a la obra, que incluso en diciembre de 2020 solo contaba con una recepción provisional por parte del SERVIU.
Frente a esta crisis, el consejero Reyes ha presentado una propuesta formal para mejorar la fiscalización y coordinación en futuros convenios intersectoriales, sugiriendo la creación de un "comité técnico interinstitucional", el establecimiento de indicadores de desempeño, la realización de auditorías aleatorias y, fundamentalmente, que los inspectores técnicos de obras (ITO) tengan responsabilidad administrativa, ya que, según señaló, "hoy día los hitos no tienen responsabilidad administrativas. Se contratan como externos, emiten un informe y se van".
Fuente información: Agencia MI
Una millonaria controversia ha estallado en la Región de Los Lagos luego que la Contraloría General de la República ordenara al Gobierno Regional (GORE) indemnizar con $1.030 millones a la Constructora Hurtado. La medida compensatoria se origina por los problemas y retrasos en el proyecto de "Mejoramiento de Avenida República en Osorno", una obra que comenzó en 2018 y que ha estado plagada de dificultades.
El dictamen del ente contralor se fundamenta en que la institucionalidad pública, específicamente el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) de Los Lagos, no proporcionó a tiempo los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto, lo que causó un perjuicio económico a la empresa por concepto de "mayores gastos generales". Si bien el informe reconoció un total de 483 días de atraso, la indemnización fue calculada sobre la base de 240 días.
La decisión ha generado un profundo malestar político y administrativo. El consejero regional Francisco Reyes ha sido una de las voces más críticas, calificando la situación como "el pago injusto y fuera de criterio de indemnización a una empresa que no hizo la pega en la Avenida República en Rahue Bajo". En una dura intervención, Reyes afirmó que "esa obra que partió el año 2017 ya está destruida y tenemos que pagarle a la empresa que construyó 1.030 millones de pesos por un trabajo mal hecho".
Además, el consejero reveló que el costo total del proyecto se ha disparado. "La empresa ha cobrado aumentos de presupuesto de manera permanente de 5.800 millones, estamos ya llegando a los 10.000 millones de pesos con esta indemnización que tendría que pagar el CORE", sentenció.
Reyes apuntó a una responsabilidad compartida entre las entidades públicas involucradas, acusando una "falta de coordinación y la negligencia en el trabajo colaborativo entre el SERVIU que se lavan las manos como unidad técnica, el gobierno regional que paga y paga como caja pagadora, como La Polar 'llegar y llevar' y el municipio que se desentiende de sus atribuciones". Anunció que rechazará la aprobación de los fondos para este pago.
El proyecto, adjudicado en noviembre de 2017 por un monto inicial de $5.800 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), contemplaba un plazo de ejecución de 20 meses. Sin embargo, desde su inicio en enero de 2018, enfrentó constantes dificultades. Ya en marzo de 2024, concejales y consejeros como María Soledad Uribe y el propio Reyes advertían sobre la "desatención" y "desvinculación" entre el municipio, el SERVIU y el GORE en relación a la obra, que incluso en diciembre de 2020 solo contaba con una recepción provisional por parte del SERVIU.
Frente a esta crisis, el consejero Reyes ha presentado una propuesta formal para mejorar la fiscalización y coordinación en futuros convenios intersectoriales, sugiriendo la creación de un "comité técnico interinstitucional", el establecimiento de indicadores de desempeño, la realización de auditorías aleatorias y, fundamentalmente, que los inspectores técnicos de obras (ITO) tengan responsabilidad administrativa, ya que, según señaló, "hoy día los hitos no tienen responsabilidad administrativas. Se contratan como externos, emiten un informe y se van".
Fuente información: Agencia MI
