Cuestionan si alertas de emergencia buscan proteger a la ciudadanía o al gobierno

Cuestionan si alertas de emergencia buscan proteger a la ciudadanía o al gobierno
Un reciente episodio en el que alertas de tsunami y evacuación se extendieron a comunas sin costa, como Frutillar, Puerto Octay, Puyehue y Osorno, ha generado un intenso debate sobre la efectividad y pertinencia de los sistemas de emergencia en Chile. La situación, que incluyó la suspensión de clases y una movilización masiva, ha suscitado críticas por la falta de georreferenciación en las notificaciones y los costos asociados a la paralización de la vida cotidiana.




La reciente activación del sistema de alerta para un presunto evento de tsunami en la región de Los Lagos ha encendido la polémica entre la ciudadanía y expertos. A pesar de que las notificaciones del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) están diseñadas para la protección de las personas, el alcance de las últimas alarmas ha llevado a cuestionar su verdadero objetivo y efectividad.

Un punto de conflicto ha sido la imprecisión de las alertas, que llegaron a comunas que no tienen costa de mar, como Frutillar, Puerto Octay, Puyehue y Osorno, e incluso Puerto Montt, que no está expuesta directamente a un maremoto. Según el ex Seremi de Agricultura, Eduardo Winkler, “paralizaron a toda una región” y "es ridículo". El debate se ha intensificado al conocerse que las alarmas, emitidas en la madrugada, fueron seguidas horas después por otras que pedían a las personas volver a la normalidad. Este tipo de situaciones, aseguran, evidencian una “falta de georreferenciación”.

Los costos de esta supuesta “paralización” también han sido un tema de discusión. Carlos Patricio, un usuario, se preguntó “¿cuántos millones gastó el gobierno? combustible, horas hombre, comercio cerrado, bomberos y fuerzas armadas trabajando”. La situación se agrava al considerar la suspensión de clases, que ha afectado a niños que reciben alimentación en sus establecimientos y a familias que dependen de la jornada escolar para poder trabajar. La alerta inicial fue seguida por una segunda suspensión de clases por temporal, catalogada de “totalmente injustificada”.

La crítica se extiende al manejo de la información, ya que las autoridades se demoraron en afinar la puntería, y aún a las cuatro o cinco de la tarde seguían habiendo patrullas sacando a la gente de la costa en Puerto Montt, a pesar de que "no tenía ningún sentido" y "se sabía que no iba a pasar nada". Si bien se entiende la necesidad de ser precavido ante la duda de un posible desastre, como lo ocurrido en 2010, se exige una mejor planificación para evitar los daños colaterales. Como bien lo plantea Winkler, “la primera alarma yo la puedo entender, me parece lógico ante la duda y ante el riesgo” pero "después tendremos que empezar a afinar un poquito la puntería".


Fuente información: Rocío Gambra
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