Detalles de la querella contra la administración de la Casa del Deporte de Osorno
El Juzgado de Garantía de Osorno acogió a trámite una querella criminal por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración desleal, en contra del director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), y un director del Consejo Local de Deportes (Colodep). La acción legal, presentada por el abogado Juan Carlos Claret, denuncia el arriendo no autorizado de unos 45 estacionamientos en la Casa del Deporte, un inmueble fiscal, cuyos pagos mensuales —que superarían los $2.2 millones— habrían sido transferidos a cuentas personales de Cárcamo sin que existan rendiciones de cuentas al IND.
Una grave denuncia de presunta corrupción remece la administración de uno de los inmuebles patrimoniales más reconocibles de Osorno. El Juzgado de Garantía de la ciudad admitió a tramitación una querella criminal presentada el pasado miércoles 24 de septiembre por el abogado Juan Carlos Claret, a título personal, en contra de quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración desleal.
La acción judicial apunta directamente al director regional del Instituto Nacional de Deporte (IND) y a uno de los directores del Consejo Local de Deportes de Osorno (Colodep).
El epicentro de la acusación es la "Casa del Deporte", un inmueble de conservación histórica ubicado en la esquina de las calles O'Higgins con Rodríguez, propiedad del IND y entregado en comodato al Colodep desde el año 2011 para su administración. Según la querella, el terreno del recinto, de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, se estaría utilizando de manera irregular como un estacionamiento para cerca de 45 vehículos, generando ingresos mensuales estimados en $2.250.000.
La denuncia sostiene que los pagos por este arriendo, de $50.000 mensuales por vehículo, no ingresaban a las arcas del Colodep, sino que eran transferidos directamente a una de las dos cuentas bancarias personales (Banco Estado o Banco Chile) del director del Colodep. Para dar una apariencia de legalidad, a los arrendatarios —entre los que se contarían funcionarios municipales y del servicio de salud— se les entregaba un sticker para sus vehículos que los identificaba como supuestos "socios" del Colodep, condición que, según el querellante, no sería real.
La investigación personal de Claret, que incluyó solicitudes vía Ley de Transparencia, reveló un dato clave: el IND confirmó que no existen registros de las rendiciones de cuenta anuales que el Colodep estaba obligado a realizar por convenio. Esta falta de fiscalización por parte del IND, como ente propietario del inmueble fiscal, fundamenta la inclusión de su director regional en la querella, acusándolo de consentir la presunta malversación por omisión de su deber de control.
La situación de abandono y mal uso del recinto no es nueva. Ya en 2013, un reportaje de Radio Bío Bío daba cuenta de la preocupación de la entonces directora regional del IND, Ingrid Schettino, por el uso del lugar como estacionamiento y el consumo de alcohol en sus dependencias, ambas actividades prohibidas por ley y por el convenio de administración.
Además del presunto desvío de fondos, la querella documenta con fotografías el uso del inmueble para actividades político-electorales, como la recolección de firmas para una candidatura presidencial y campañas de un partido político, sin la autorización del IND. El caso fue asignado al fiscal Matías Montero, especializado en delitos económicos, quien dirigirá la investigación.
Una grave denuncia de presunta corrupción remece la administración de uno de los inmuebles patrimoniales más reconocibles de Osorno. El Juzgado de Garantía de la ciudad admitió a tramitación una querella criminal presentada el pasado miércoles 24 de septiembre por el abogado Juan Carlos Claret, a título personal, en contra de quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración desleal.
La acción judicial apunta directamente al director regional del Instituto Nacional de Deporte (IND) y a uno de los directores del Consejo Local de Deportes de Osorno (Colodep).
El epicentro de la acusación es la "Casa del Deporte", un inmueble de conservación histórica ubicado en la esquina de las calles O'Higgins con Rodríguez, propiedad del IND y entregado en comodato al Colodep desde el año 2011 para su administración. Según la querella, el terreno del recinto, de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, se estaría utilizando de manera irregular como un estacionamiento para cerca de 45 vehículos, generando ingresos mensuales estimados en $2.250.000.
La denuncia sostiene que los pagos por este arriendo, de $50.000 mensuales por vehículo, no ingresaban a las arcas del Colodep, sino que eran transferidos directamente a una de las dos cuentas bancarias personales (Banco Estado o Banco Chile) del director del Colodep. Para dar una apariencia de legalidad, a los arrendatarios —entre los que se contarían funcionarios municipales y del servicio de salud— se les entregaba un sticker para sus vehículos que los identificaba como supuestos "socios" del Colodep, condición que, según el querellante, no sería real.
La investigación personal de Claret, que incluyó solicitudes vía Ley de Transparencia, reveló un dato clave: el IND confirmó que no existen registros de las rendiciones de cuenta anuales que el Colodep estaba obligado a realizar por convenio. Esta falta de fiscalización por parte del IND, como ente propietario del inmueble fiscal, fundamenta la inclusión de su director regional en la querella, acusándolo de consentir la presunta malversación por omisión de su deber de control.
La situación de abandono y mal uso del recinto no es nueva. Ya en 2013, un reportaje de Radio Bío Bío daba cuenta de la preocupación de la entonces directora regional del IND, Ingrid Schettino, por el uso del lugar como estacionamiento y el consumo de alcohol en sus dependencias, ambas actividades prohibidas por ley y por el convenio de administración.
Además del presunto desvío de fondos, la querella documenta con fotografías el uso del inmueble para actividades político-electorales, como la recolección de firmas para una candidatura presidencial y campañas de un partido político, sin la autorización del IND. El caso fue asignado al fiscal Matías Montero, especializado en delitos económicos, quien dirigirá la investigación.
Fuente información: Rocío Gambra
Esta nota podría tener imágenes de: https://pixabay.com/es/ - https://unsplash.com/
