Cártel de Sinaloa ataca con dron la sede de la Fiscalía Federal en México
Un dron cargado con al menos dos granadas de fragmentación fue detonado en el estacionamiento de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, México, en un ataque atribuido por fuentes de inteligencia federal a una facción del Cártel de Sinaloa. A pesar de la gravedad del hecho, que representa una escalada táctica en la violencia del crimen organizado, las autoridades confirmaron oficialmente que el incidente no dejó personas heridas ni fallecidas. El suceso se enmarca en la violenta disputa territorial que mantiene dicho cártel con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un ataque sin precedentes ha puesto en alerta a las autoridades federales mexicanas, luego de que un dron cargado con explosivos fuera detonado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Río de Tijuana, estado de Baja California. Según información contenida en comunicados oficiales de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y reportada por agencias internacionales como Associated Press (AP) y Reuters, el vehículo aéreo no tripulado llevaba adosadas al menos dos granadas de fragmentación que estallaron en el patio de estacionamiento de la delegación.
Fuentes de inteligencia federal han atribuido la autoría del atentado a una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente la liderada por el histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada. La hipótesis principal es que el ataque constituye un acto de intimidación y una demostración de fuerza en el contexto de la cruenta guerra que esta organización criminal mantiene por el control de la "plaza" de Tijuana, uno de los corredores más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su principal rival en la zona es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a grupos remanentes del antiguo Cártel de los Arellano Félix.
Este evento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una reciente ola de violencia que ha afectado a Baja California, la cual ha incluido la quema de vehículos de transporte público y el despliegue de mensajes intimidatorios, conocidos como "narcomantas", para forzar un toque de queda entre la ciudadanía.
El uso de esta tecnología representa una significativa evolución en las tácticas de los grupos delictuales. Analistas señalan que la capacidad de vulnerar perímetros de seguridad de instalaciones federales con tecnología de bajo costo y difícil detección plantea un desafío complejo y asimétrico para las fuerzas de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, quienes están a cargo de la seguridad en la región. El ataque es interpretado no solo como una agresión directa, sino también como un mensaje simbólico del poder y la sofisticación operativa que han alcanzado los cárteles.
Expertos en seguridad proyectan que es altamente probable que el uso de drones con fines ofensivos por parte del crimen organizado se incremente y se vuelva más sofisticado en el corto y mediano plazo, con el riesgo de que esta táctica sea replicada en otras regiones del país. La respuesta del Estado, a través del desarrollo de contramedidas tecnológicas y nuevos protocolos de defensa, será crucial para disuadir futuros ataques.
Fuente información: Agencia MI
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Un ataque sin precedentes ha puesto en alerta a las autoridades federales mexicanas, luego de que un dron cargado con explosivos fuera detonado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Río de Tijuana, estado de Baja California. Según información contenida en comunicados oficiales de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y reportada por agencias internacionales como Associated Press (AP) y Reuters, el vehículo aéreo no tripulado llevaba adosadas al menos dos granadas de fragmentación que estallaron en el patio de estacionamiento de la delegación.
Fuentes de inteligencia federal han atribuido la autoría del atentado a una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente la liderada por el histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada. La hipótesis principal es que el ataque constituye un acto de intimidación y una demostración de fuerza en el contexto de la cruenta guerra que esta organización criminal mantiene por el control de la "plaza" de Tijuana, uno de los corredores más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su principal rival en la zona es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a grupos remanentes del antiguo Cártel de los Arellano Félix.
Este evento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una reciente ola de violencia que ha afectado a Baja California, la cual ha incluido la quema de vehículos de transporte público y el despliegue de mensajes intimidatorios, conocidos como "narcomantas", para forzar un toque de queda entre la ciudadanía.
El uso de esta tecnología representa una significativa evolución en las tácticas de los grupos delictuales. Analistas señalan que la capacidad de vulnerar perímetros de seguridad de instalaciones federales con tecnología de bajo costo y difícil detección plantea un desafío complejo y asimétrico para las fuerzas de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, quienes están a cargo de la seguridad en la región. El ataque es interpretado no solo como una agresión directa, sino también como un mensaje simbólico del poder y la sofisticación operativa que han alcanzado los cárteles.
Expertos en seguridad proyectan que es altamente probable que el uso de drones con fines ofensivos por parte del crimen organizado se incremente y se vuelva más sofisticado en el corto y mediano plazo, con el riesgo de que esta táctica sea replicada en otras regiones del país. La respuesta del Estado, a través del desarrollo de contramedidas tecnológicas y nuevos protocolos de defensa, será crucial para disuadir futuros ataques.
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