Explotación sexual infantil digital en Chile: Casos aumentan 81% en seis años
Un análisis de Ciper Chile, basado en datos del Ministerio Público, reveló un explosivo aumento del 81% en los delitos de producción y difusión de material de explotación sexual infantil entre 2019 y 2025, sumando 2.555 casos. Pese al alza, impulsada por una nueva ley, persisten graves desafíos: el 80% de las sentencias en 2024 no implicó cárcel efectiva y una falencia legal permite a condenados omitir estos antecedentes, dificultando la consulta del registro de inhabilidades para trabajar con menores.
Un alarmante incremento del 81% han registrado los delitos asociados a la producción y difusión de material audiovisual de explotación sexual infantil en Chile entre 2019 y lo que va de 2025. Así lo revela un análisis realizado por Ciper Chile (escrito por Josefina Rochna, Magdalena Yáñez y Catalina Olate) basado en cifras del Ministerio Público, que da cuenta de un total de 2.555 ingresos por esta causa en dicho período.
La escalada ha sido sostenida, pasando de 242 casos ingresados en 2019 a un peak de 561 casos en 2024. Solo en lo que va de 2025, la cifra ya alcanza los 438 ingresos.
Parte de este incremento se atribuye a la promulgación, en diciembre de 2022, de una ley que tipificó como delito la captación, grabación o transmisión de actos sexuales con menores de 18 años. Solo por este nuevo tipo penal, los ingresos fueron 41 en 2023, 152 en 2024 y 154 en el parcial de 2025.
Sin embargo, Maurizio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, advierte que las cifras podrían estar subrepresentadas. "Hay muchos otros delitos vinculados a la elaboración de registros audiovisuales. Este número va a seguir aumentando", señaló a dicho medio, explicando que casos de grooming (acciones de un adulto para ganarse la confianza de un menor con fines sexuales) a menudo se tipifican como "abuso sexual sin contacto", quedando fuera de esta estadística.
A pesar del aumento en las investigaciones, la respuesta judicial presenta serios desafíos. Cifras del Poder Judicial de 2024 indican que de 163 personas sentenciadas por estos delitos, el 80% (es decir, 131 condenados) recibió penas sustitutivas, como remisión condicional o libertad vigilada, evitando la cárcel efectiva.
Para buscar penas más severas, la fiscalía ha empleado estrategias como calificar la descarga como "importación" (delito con pena mayor) o imputar "delito reiterado" (un delito por cada imagen o video), en lugar de "delito continuado".
A esto se suma una grave vulnerabilidad legislativa. El artículo 38 de la Ley 18.216 permite que una persona con una primera condena por simple delito pueda solicitar la omisión de dicha sanción en su certificado de antecedentes si cumple una pena sustitutiva. En la práctica, muchos empleadores solo solicitan ese documento y no consultan el registro específico de inhabilidades para trabajar con menores, que sí contiene la información.
Francisco Estrada, ex director del SENAME, calificó esta norma como problemática: "la decisión de omitir ciertos antecedentes penales fue bien intencionada, pero en la medida en que no discrimina el tipo de delito, desorienta y confunde. Yo creo que habría que corregirla, que no corresponde que se omitan las condenas por este tipo de delito".
La persecución de estos delitos, que operan en redes cifradas como Viber, Telegram y Signal, depende fuertemente de la cooperación internacional. Fiscales confirmaron que la PDI recibe aproximadamente 100 denuncias diarias de la organización estadounidense NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), la cual envió cerca de 43.000 reportes a Chile solo el año anterior.
Esta colaboración ha permitido operativos como "Orión 3" (2024), que resultó en 100 detenidos y la incautación de 57.950 imágenes y 84.902 videos, y "Orión 4" (2025), con 102 detenidos.
No obstante, un tratado clave para agilizar estas investigaciones, el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, sigue pendiente en el Congreso desde hace tres años. El fiscal Nicolás Núñez destacó su importancia: “A otro país, que sea miembro de este convenio, y sin pasar por la burocracia estatal, le podemos pedir directamente información básica, que es esencial para este tipo de investigaciones”.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/10/21/delitos-por-produccion-de-material-audiovisual-de-explotacion-sexual-infantil-han-aumentado-81-en-seis-anos/
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Un alarmante incremento del 81% han registrado los delitos asociados a la producción y difusión de material audiovisual de explotación sexual infantil en Chile entre 2019 y lo que va de 2025. Así lo revela un análisis realizado por Ciper Chile (escrito por Josefina Rochna, Magdalena Yáñez y Catalina Olate) basado en cifras del Ministerio Público, que da cuenta de un total de 2.555 ingresos por esta causa en dicho período.
La escalada ha sido sostenida, pasando de 242 casos ingresados en 2019 a un peak de 561 casos en 2024. Solo en lo que va de 2025, la cifra ya alcanza los 438 ingresos.
Parte de este incremento se atribuye a la promulgación, en diciembre de 2022, de una ley que tipificó como delito la captación, grabación o transmisión de actos sexuales con menores de 18 años. Solo por este nuevo tipo penal, los ingresos fueron 41 en 2023, 152 en 2024 y 154 en el parcial de 2025.
Sin embargo, Maurizio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, advierte que las cifras podrían estar subrepresentadas. "Hay muchos otros delitos vinculados a la elaboración de registros audiovisuales. Este número va a seguir aumentando", señaló a dicho medio, explicando que casos de grooming (acciones de un adulto para ganarse la confianza de un menor con fines sexuales) a menudo se tipifican como "abuso sexual sin contacto", quedando fuera de esta estadística.
Desafíos Judiciales: Bajas penas efectivas y falencias legales
A pesar del aumento en las investigaciones, la respuesta judicial presenta serios desafíos. Cifras del Poder Judicial de 2024 indican que de 163 personas sentenciadas por estos delitos, el 80% (es decir, 131 condenados) recibió penas sustitutivas, como remisión condicional o libertad vigilada, evitando la cárcel efectiva.
Para buscar penas más severas, la fiscalía ha empleado estrategias como calificar la descarga como "importación" (delito con pena mayor) o imputar "delito reiterado" (un delito por cada imagen o video), en lugar de "delito continuado".
A esto se suma una grave vulnerabilidad legislativa. El artículo 38 de la Ley 18.216 permite que una persona con una primera condena por simple delito pueda solicitar la omisión de dicha sanción en su certificado de antecedentes si cumple una pena sustitutiva. En la práctica, muchos empleadores solo solicitan ese documento y no consultan el registro específico de inhabilidades para trabajar con menores, que sí contiene la información.
Francisco Estrada, ex director del SENAME, calificó esta norma como problemática: "la decisión de omitir ciertos antecedentes penales fue bien intencionada, pero en la medida en que no discrimina el tipo de delito, desorienta y confunde. Yo creo que habría que corregirla, que no corresponde que se omitan las condenas por este tipo de delito".
Cooperación internacional y el obstáculo del Congreso
La persecución de estos delitos, que operan en redes cifradas como Viber, Telegram y Signal, depende fuertemente de la cooperación internacional. Fiscales confirmaron que la PDI recibe aproximadamente 100 denuncias diarias de la organización estadounidense NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), la cual envió cerca de 43.000 reportes a Chile solo el año anterior.
Esta colaboración ha permitido operativos como "Orión 3" (2024), que resultó en 100 detenidos y la incautación de 57.950 imágenes y 84.902 videos, y "Orión 4" (2025), con 102 detenidos.
No obstante, un tratado clave para agilizar estas investigaciones, el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, sigue pendiente en el Congreso desde hace tres años. El fiscal Nicolás Núñez destacó su importancia: “A otro país, que sea miembro de este convenio, y sin pasar por la burocracia estatal, le podemos pedir directamente información básica, que es esencial para este tipo de investigaciones”.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/10/21/delitos-por-produccion-de-material-audiovisual-de-explotacion-sexual-infantil-han-aumentado-81-en-seis-anos/
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