Arica presiona por mayor dotación militar ante inminente "sellado" de la frontera peruana
El Gobernador Regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, emitió una alerta prioritaria este lunes ante la decisión del gobierno peruano de militarizar Tacna para frenar el crimen organizado. La autoridad local emplazó a La Moneda a reforzar inmediatamente la seguridad en Chacalluta para evitar un colapso migratorio y denunció el bloqueo de fondos claves para la región.
Una nueva tensión diplomática y de seguridad se instala en la puerta norte del país. Tras confirmarse este lunes 24 de noviembre que el gobierno interino del Presidente peruano José Jerí decretará Estado de Emergencia en las provincias limítrofes de Tacna, las alarmas se encendieron en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
El Gobernador Diego Paco Mamani advirtió que la estrategia del país vecino —que incluye la suspensión de garantías constitucionales como el libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio, además del despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú— podría derivar en una crisis insostenible para Chile si no se toman acciones recíprocas inmediatas.
La autoridad regional fue enfática al señalar que la militarización al otro lado de la Línea de la Concordia requiere una respuesta equivalente en territorio nacional. "Es urgente reforzar la frontera. Necesitamos generar desincentivos reales", declaró Paco, argumentando que si Perú concreta el cierre de sus pasos, los flujos migratorios irregulares y las bandas criminales podrían quedar "embolsados" en Arica o buscar ingresar a Chile con mayor agresividad por pasos no habilitados.
Una nueva tensión diplomática y de seguridad se instala en la puerta norte del país. Tras confirmarse este lunes 24 de noviembre que el gobierno interino del Presidente peruano José Jerí decretará Estado de Emergencia en las provincias limítrofes de Tacna, las alarmas se encendieron en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
El Gobernador Diego Paco Mamani advirtió que la estrategia del país vecino —que incluye la suspensión de garantías constitucionales como el libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio, además del despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú— podría derivar en una crisis insostenible para Chile si no se toman acciones recíprocas inmediatas.
"Medida espejo" y presión a La Moneda
La autoridad regional fue enfática al señalar que la militarización al otro lado de la Línea de la Concordia requiere una respuesta equivalente en territorio nacional. "Es urgente reforzar la frontera. Necesitamos generar desincentivos reales", declaró Paco, argumentando que si Perú concreta el cierre de sus pasos, los flujos migratorios irregulares y las bandas criminales podrían quedar "embolsados" en Arica o buscar ingresar a Chile con mayor agresividad por pasos no habilitados.
El decreto peruano, amparado en el artículo 137 de su Constitución, tiene como orden explícita que "ninguna persona que no tenga documentación va a ingresar", lo que eleva el riesgo de aglomeraciones críticas en la "tierra de nadie" entre los complejos de Santa Rosa y Chacalluta.
Crisis financiera y política
El emplazamiento de Paco se da en un contexto de alta fricción con el nivel central. El Gobernador denunció la "ausencia del Estado" y vinculó la inseguridad con la falta de inversión pública, citando una contracción económica regional del 1,7% según el INE.
En específico, la autoridad acusó el bloqueo burocrático por parte de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y el Ministerio de Vivienda de $10.000 millones de pesos, recursos destinados a un proyecto habitacional para 1.280 familias. Según Paco, esta precarización alimenta el caldo de cultivo para el crimen organizado.
La situación ha escalado al debate político nacional, con figuras de oposición como José Antonio Kast exigiendo la presencia del Presidente Gabriel Boric en la zona antes de este jueves, sumándose a la presión por un despliegue operativo más robusto que el permitido por la actual Ley de Infraestructura Crítica.
Por el momento, se espera un pronunciamiento oficial de la Cancillería o el Ministerio del Interior respecto a las implicancias operativas de la medida anunciada desde Lima.
Fuente información: Agencia MI
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