Apoderados de escuela rural de La Unión denuncian intento de cierre por proyecto eólico
La comunidad escolar de la Escuela Rural El Huape, en la comuna de La Unión, ingresó una denuncia formal ante la Municipalidad para frenar el eventual cierre del establecimiento, acusando inconsistencias financieras y presuntos intereses inmobiliarios asociados a un proyecto eólico.
El Centro General de Padres y Apoderados, liderado por su presidenta Priscila Díaz Guerra, la vicepresidenta Nicol Ibáñez Espinoza, la tesorera Iris Monje Soto y la secretaria Constanza Calfuèque Peralta, formalizó el reclamo mediante la Oficina de Partes del municipio local.
La directiva refutó los argumentos del alcalde Saturnino Quezada Solís, quien habría justificado la intención de clausura bajo criterios de inviabilidad económica y una supuesta dotación de 12 funcionarios. Los denunciantes aclararon que el recinto cuenta solo con una profesora encargada permanente y personal itinerante.
En el ámbito legal, los apoderados invocaron la Ley N° 20.248 y el DFL N° 2 de 1998, normativas que garantizan la Subvención Piso Rural equivalente a 15 alumnos para asegurar la continuidad operacional de escuelas aisladas, independientemente de que su matrícula real sea inferior.
La acusación escala al plano ambiental e inmobiliario, involucrando a un vecino del sector, por la presunta apropiación de terrenos escolares y la tramitación de un parque eólico. Según la denuncia, el cierre de la escuela, con 70 años de historia, facilitaría la aprobación ambiental del proyecto energético.
Ante este escenario, los representantes recurrieron a la Superintendencia de Educación en Valdivia y al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para frenar la medida, mientras la Seremi de Medio Ambiente ya fiscaliza la zona debido a la oposición comunitaria.
Fuente: Christian Peschke
El Centro General de Padres y Apoderados, liderado por su presidenta Priscila Díaz Guerra, la vicepresidenta Nicol Ibáñez Espinoza, la tesorera Iris Monje Soto y la secretaria Constanza Calfuèque Peralta, formalizó el reclamo mediante la Oficina de Partes del municipio local.
La directiva refutó los argumentos del alcalde Saturnino Quezada Solís, quien habría justificado la intención de clausura bajo criterios de inviabilidad económica y una supuesta dotación de 12 funcionarios. Los denunciantes aclararon que el recinto cuenta solo con una profesora encargada permanente y personal itinerante.
En el ámbito legal, los apoderados invocaron la Ley N° 20.248 y el DFL N° 2 de 1998, normativas que garantizan la Subvención Piso Rural equivalente a 15 alumnos para asegurar la continuidad operacional de escuelas aisladas, independientemente de que su matrícula real sea inferior.
La acusación escala al plano ambiental e inmobiliario, involucrando a un vecino del sector, por la presunta apropiación de terrenos escolares y la tramitación de un parque eólico. Según la denuncia, el cierre de la escuela, con 70 años de historia, facilitaría la aprobación ambiental del proyecto energético.
Ante este escenario, los representantes recurrieron a la Superintendencia de Educación en Valdivia y al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para frenar la medida, mientras la Seremi de Medio Ambiente ya fiscaliza la zona debido a la oposición comunitaria.
Fuente: Christian Peschke
