La salud mental oportuna también es seguridad pública
Por María Soledad Llorente Hitschfeld, Defensora Regional de Los Lagos.
El Cardenal Fernando Chomalí nos invitó hace poco a "avanzar en humanidad", a reconocer que detrás de cada situación de sufrimiento, enfermedad o exclusión, está la dignidad intransable de una persona.
Con la misma preocupación, la Defensora Nacional, Verónica Encina, ha advertido sobre la gran cantidad de personas con problemas psiquiátricos, imputadas de un delito, que en lugar de recibir tratamiento médico, están privadas de libertad en penales comunes, como si la cárcel fuera la sala de espera de la salud mental.
Ambas reflexiones dicen, en el fondo, lo mismo: una sociedad justa se mide por cómo trata a los más vulnerables.
En la Región de Los Lagos -como en todo el país- este problema es real: hay personas con estas patologías, sujetas a la medida cautelar de internación provisional, que hoy permanecen hospitalizadas o esperando una cama psiquiátrica especializada. Detrás de cada caso hay una enfermedad mental severa, redes de apoyo escasas y una crisis que pudo evitarse con tratamiento oportuno.
Esto no es solo un problema de salud pública; es también un problema jurídico. Nuestro sistema penal establece que quien es inimputable por una enfermedad o trastorno mental grave, no está en condiciones de saber que su conducta es un delito, y por tanto, no debe responder con cárcel, sino con una medida de seguridad que le permita acceder a un tratamiento psiquiátrico.
Por eso conviene decirlo con claridad: la salud mental oportuna también es seguridad pública. Cada evaluación a tiempo, cada tratamiento con continuidad, cada familia acompañada es una crisis evitada y una causa penal menos. Prevenir desde la salud no es una alternativa blanda a la seguridad: es su forma más eficaz.
Nadie elige enfermar mentalmente. Puede tocarle a cualquier familia, en cualquier comuna de esta región, sin importar su condición socioeconómica. Quienes la enfrentan cargan además, con frecuencia, el peso del estigma y de la pobreza: años buscando ayuda para un hijo, una madre, un hermano, sin encontrar respuesta a tiempo. Cuando el sistema llega tarde, se pierde la oportunidad de tratar y también la oportunidad de evitar el sufrimiento de todos los involucrados en una causa penal.
Justicia, salud mental y seguridad no son objetivos en competencia. Son la misma responsabilidad vista desde tres ángulos: proteger a las personas, especialmente a las que más lo necesitan. Avanzar en humanidad, como pide Chomalí, y dejar de usar la cárcel como antesala de la salud mental, como advierte la Defensora Nacional, es una sola tarea.
Una sociedad que la cumple no solo es más humana: es también más segura.
Fuente información: jorge.mansilla@dpp.cl
El Cardenal Fernando Chomalí nos invitó hace poco a "avanzar en humanidad", a reconocer que detrás de cada situación de sufrimiento, enfermedad o exclusión, está la dignidad intransable de una persona.
Con la misma preocupación, la Defensora Nacional, Verónica Encina, ha advertido sobre la gran cantidad de personas con problemas psiquiátricos, imputadas de un delito, que en lugar de recibir tratamiento médico, están privadas de libertad en penales comunes, como si la cárcel fuera la sala de espera de la salud mental.
Ambas reflexiones dicen, en el fondo, lo mismo: una sociedad justa se mide por cómo trata a los más vulnerables.
En la Región de Los Lagos -como en todo el país- este problema es real: hay personas con estas patologías, sujetas a la medida cautelar de internación provisional, que hoy permanecen hospitalizadas o esperando una cama psiquiátrica especializada. Detrás de cada caso hay una enfermedad mental severa, redes de apoyo escasas y una crisis que pudo evitarse con tratamiento oportuno.
Esto no es solo un problema de salud pública; es también un problema jurídico. Nuestro sistema penal establece que quien es inimputable por una enfermedad o trastorno mental grave, no está en condiciones de saber que su conducta es un delito, y por tanto, no debe responder con cárcel, sino con una medida de seguridad que le permita acceder a un tratamiento psiquiátrico.
Por eso conviene decirlo con claridad: la salud mental oportuna también es seguridad pública. Cada evaluación a tiempo, cada tratamiento con continuidad, cada familia acompañada es una crisis evitada y una causa penal menos. Prevenir desde la salud no es una alternativa blanda a la seguridad: es su forma más eficaz.
Nadie elige enfermar mentalmente. Puede tocarle a cualquier familia, en cualquier comuna de esta región, sin importar su condición socioeconómica. Quienes la enfrentan cargan además, con frecuencia, el peso del estigma y de la pobreza: años buscando ayuda para un hijo, una madre, un hermano, sin encontrar respuesta a tiempo. Cuando el sistema llega tarde, se pierde la oportunidad de tratar y también la oportunidad de evitar el sufrimiento de todos los involucrados en una causa penal.
Justicia, salud mental y seguridad no son objetivos en competencia. Son la misma responsabilidad vista desde tres ángulos: proteger a las personas, especialmente a las que más lo necesitan. Avanzar en humanidad, como pide Chomalí, y dejar de usar la cárcel como antesala de la salud mental, como advierte la Defensora Nacional, es una sola tarea.
Una sociedad que la cumple no solo es más humana: es también más segura.
Fuente información: jorge.mansilla@dpp.cl
