Nicolás Grau: Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile declaró ha lugar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras alcanzar 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención, derivando el libelo acusatorio formalmente al Senado para su resolución definitiva.
El debate en la Sala fue inaugurado por el diputado Benjamín Moreno, quien expuso los capítulos del libelo acusatorio, argumentando que las desviaciones en las proyecciones financieras del Ejecutivo constituyen una infracción grave a los deberes del cargo.
La argumentación sostuvo que el exsecretario de Estado incurrió en faltas legales al retrasar la transferencia de recursos destinados a la gratuidad universitaria y al programa de infraestructura escolar, comprometiendo la estabilidad de la administración.
El diputado Benjamín Moreno cuestionó formalmente el reajuste del sector público, señalando la ausencia de fuentes de financiamiento explícitas para cubrir un monto estimado en 800 millones de dólares durante el ejercicio fiscal correspondiente.
La defensa compareció mediante el abogado Patricio Zapata, quien solicitó desestimar la presentación indicando que los cuestionamientos corresponden a una discrepancia política y técnica sobre la conducción macroeconómica, descartando la existencia de ilícitos constitucionales.
El representante legal fundamentó su postura en los informes emitidos por el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que descartó la existencia de inconsistencias aritméticas en los balances de la Dirección de Presupuestos del Estado.
La corporación legislativa rechazó inicialmente la cuestión previa deducida por la defensa mediante 83 votos en contra y 61 votos a favor, resolución que obligó a los parlamentarios a resolver el fondo de la pertinencia jurídica del libelo.
La Comisión Revisora manifestó posturas divididas a través de su presidenta, Marcela Hernando, junto a los diputados Alejandro Bernales, Carlos Bianchi y Joanna Pérez, quienes cuestionaron la proporcionalidad de la destitución e inhabilidad solicitada.
El legislador Luis Sánchez defendió la procedencia del juicio político, argumentando que la exautoridad vulneró los principios institucionales de probidad administrativa al no proveer información fidedigna sobre el estado de la deuda pública nacional.
Las bancadas de oposición respaldaron la aprobación del texto legal mediante las intervenciones de Pier Karlezi, Constanza Hube, Paz Charpentier, Stephanie Jéldrez, Francisco Orrego, Javier Olivares y Cristian Contreras.
Los comités oficialistas del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, representados por Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra, Carolina Tello, Juan Santana, Nelson Venegas, Marcos Barraza, Irací Hassler y Boris Barrera, rechazaron la acusación en Sala.
Los reparos al libelo sumaron la oposición de los parlamentarios Jaime Araya, Carlos Cuadrado, Álvaro Ortiz, Héctor Barría, Jorge Díaz y del diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien descartó una base jurídica sólida.
La Mesa de la Cámara notificará formalmente el resultado al Senado de la República dentro del plazo legal de 24 horas, designando una comisión integrada por Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz para sostener los capítulos condenatorios.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
El debate en la Sala fue inaugurado por el diputado Benjamín Moreno, quien expuso los capítulos del libelo acusatorio, argumentando que las desviaciones en las proyecciones financieras del Ejecutivo constituyen una infracción grave a los deberes del cargo.
La argumentación sostuvo que el exsecretario de Estado incurrió en faltas legales al retrasar la transferencia de recursos destinados a la gratuidad universitaria y al programa de infraestructura escolar, comprometiendo la estabilidad de la administración.
El diputado Benjamín Moreno cuestionó formalmente el reajuste del sector público, señalando la ausencia de fuentes de financiamiento explícitas para cubrir un monto estimado en 800 millones de dólares durante el ejercicio fiscal correspondiente.
La defensa compareció mediante el abogado Patricio Zapata, quien solicitó desestimar la presentación indicando que los cuestionamientos corresponden a una discrepancia política y técnica sobre la conducción macroeconómica, descartando la existencia de ilícitos constitucionales.
El representante legal fundamentó su postura en los informes emitidos por el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que descartó la existencia de inconsistencias aritméticas en los balances de la Dirección de Presupuestos del Estado.
La corporación legislativa rechazó inicialmente la cuestión previa deducida por la defensa mediante 83 votos en contra y 61 votos a favor, resolución que obligó a los parlamentarios a resolver el fondo de la pertinencia jurídica del libelo.
La Comisión Revisora manifestó posturas divididas a través de su presidenta, Marcela Hernando, junto a los diputados Alejandro Bernales, Carlos Bianchi y Joanna Pérez, quienes cuestionaron la proporcionalidad de la destitución e inhabilidad solicitada.
El legislador Luis Sánchez defendió la procedencia del juicio político, argumentando que la exautoridad vulneró los principios institucionales de probidad administrativa al no proveer información fidedigna sobre el estado de la deuda pública nacional.
Las bancadas de oposición respaldaron la aprobación del texto legal mediante las intervenciones de Pier Karlezi, Constanza Hube, Paz Charpentier, Stephanie Jéldrez, Francisco Orrego, Javier Olivares y Cristian Contreras.
Los comités oficialistas del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, representados por Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra, Carolina Tello, Juan Santana, Nelson Venegas, Marcos Barraza, Irací Hassler y Boris Barrera, rechazaron la acusación en Sala.
Los reparos al libelo sumaron la oposición de los parlamentarios Jaime Araya, Carlos Cuadrado, Álvaro Ortiz, Héctor Barría, Jorge Díaz y del diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien descartó una base jurídica sólida.
La Mesa de la Cámara notificará formalmente el resultado al Senado de la República dentro del plazo legal de 24 horas, designando una comisión integrada por Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz para sostener los capítulos condenatorios.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
