Prisión preventiva para líderes de comercialización ilegal de recursos pesqueros
El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó hoy, 9 de junio de 2026, la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro líderes de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de especies hidrobiológicas en estado de colapso.
El magistrado Fabián Duffau ordenó el ingreso de tres de los imputados al Centro Penitenciario de Valdivia por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad.
Para el cuarto líder, identificado como M.U.S., el tribunal aplicó la medida por peligro de fuga, fijando una caución económica de 10 millones de pesos.
La resolución judicial estableció además un plazo estricto de 100 días para el desarrollo de la investigación de este megafraude pesquero.
En la misma causa penal, otros cuatro imputados de relevancia quedaron sujetos a las medidas de arresto domiciliario y arraigo nacional.
Los 47 imputados restantes del grupo delictual deberán cumplir con las medidas cautelares de firma quincenal y prohibición de salir del país.
La investigación del Ministerio Público determinó que la red criminal operaba mediante tres subgrupos estructurados y coordinados entre sí.
Estas células delictivas abastecían grandes volúmenes de recursos extraídos de forma ilícita desde la Región de Los Lagos hacia la ciudad de Valdivia.
El esquema logístico y comercial de la organización se extendía también de forma permanente hacia las regiones de La Araucanía y Metropolitana.
La primera estructura criminal estaba liderada por los imputados I.R.C. y S.M.N., quienes adquirían cargamentos clandestinos en la comuna de Calbuco.
El grupo contaba con recaudadores en la Feria Fluvial de Valdivia y la complicidad de cajeras de peaje en La Unión.
La segunda estructura criminal era encabezada por J.P.I., situando su centro operativo y de acopio en puestos específicos del mismo mercado fluvial.
La tercera rama delictiva era abastecida por un clan familiar de la provincia de Llanquihue, movilizando hasta 3.000 kilos de pescado dos veces por semana.
La indagatoria penal detalló la participación activa de funcionarios de Carabineros de Chile y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Los fiscalizadores públicos operaban como el brazo operativo de la banda criminal para evadir de forma sistemática los controles de trazabilidad sanitaria.
El ente persecutor acreditó un masivo esquema de lavado de activos para ocultar ganancias ilícitas estimadas en más de 4.500 millones de pesos.
Dicho monto proviene de la comercialización clandestina de aproximadamente 900 toneladas de merluza austral extraídas al margen de las cuotas legales.
Los imputados blanqueaban el capital mediante la compra de vehículos de alta gama, departamentos en La Florida y la inversión en un gimnasio.
El perjuicio fiscal causado al Estado chileno, exclusivamente por concepto de evasión del Impuesto al Valor Agregado, asciende a 855 millones de pesos.
La fiscalía imputó además la comercialización de salmón no apto para consumo humano proveniente de una planta ilegal en Puerto Montt.
Durante los allanamientos realizados por las policías se incautaron armas de fogueo y municiones en las residencias de los principales cabecillas.
Fuente: Comunicaciones Poder Judicial de Chile
