Ministerio de Agricultura habría presentado proyecto de ley con grave desconocimiento de los perjuicios de los transgénicos
Mientras Europa disminuye la superficie dedicada a los cultivos transgénicos y la Academia de Medicina Ambiental de Estados Unidos llama a no consumir estos alimentos, en nuestro país se decide legislar a favor de estos.
El ministro de agricultura, José Antonio Galilea presentó en el día de ayer, 3 de marzo, el proyecto de ley que busca liberar los cultivos transgénicos para su producción y consumo interno, desconociendo explícitamente todos los estudios científicos disponibles a nivel mundial, que muestran los claros daños a la salud, al medio ambiente y a la agricultura.
La grave falta de competencia del Ministerio de Agricultura para resolver en materias técnicas que requieren un manejo adecuado del estado del arte y de la literatura científica mundial, puede derivar en graves perjuicios para la economía, el empelo y la propia agricultura, de aprobarse el proyecto de ley que inicia su tramitación en el Senado.
A diferencia de señalado comúnmente, está claramente establecido que los cultivos transgénicos no aumentan la productividad, que existe pérdida nutricional de los productos derivados de ellos, que generan desempleo en el campo y gravísimos problemas de salud en las poblaciones rurales aledañas a dichos cultivos, entre muchos otros perjuicios.
Adicionalmente, un número creciente de investigaciones científicas muestran que los alimentos transgénicos poseen un nivel de toxicidad que no hace recomendable su consumo. La American Academy of Environmental Medicine (AAEM) aconseja a doctores y consumidores que eviten los alimentos modificados genéticamente por existir una relación causa-efecto entre su consumo y ciertas enfermedades. Entre otros efectos negativos comprobados, la AAEM señala los riesgos de infertilidad, desregulación inmune, envejecimiento acelerado, desregulación de genes asociados con síntesis de colesterol y regulación de insulina, cambios en el hígado, riñones, bazo y sistema gastrointestinal.
Basados en estos y otros antecedentes técnicos, consideramos que el envío del presente proyecto de ley constituye un acto irresponsable, cuyo costo social, económico y ambiental no ha sido dimensionando en su real magnitud por las autoridades de gobierno.
