Fraudes económicos que oscurecen la credibilidad social

Los manejos económicos en las instituciones públicas deben existir siempre en base a la buena fe en las personas, a la honorabilidad funcionaria y a la responsabilidad que el Estado le otorga para administrar sus bienes.

La responsabilidad funcionaria debe ser intachable y transparente porque los dineros del Erario Nacional están constituidos por el aporte económico de todos los chilenos y no es justo que estos dineros que tanto cuestan recaudarlos se vayan diluyendo en maniobras abusivas que perjudiquen los presupuestos asignados para obras de bien colectivo y por eso están perdiendo credibilidad debido a los continuos fraudes que se han cometido y otros que van apareciendo esporádicamente y que no son simples errores, sino apreciaciones concretas los cuales han sido derivados a los tribunales de justicia y otros están siendo investigados administrativamente por la contraloría general de la república.

Estas situaciones ya no son una novedad y lo que sí es preocupante es que estos malos hábitos se van acrecentado con el pasar de los años, todo lo cual va en desmedro del dinero de todos los chilenos que aportamos con nuestros impuestos al erario nacional para construir más escuelas y liceos, ampliar y mejorar los hospitales con implementación tecnológica y humana suficiente para dar atención privilegiada a nuestros enfermos y preservar la salud de los ciudadanos, construir puentes que perduren en el tiempo y no se destruyan al primer impacto de la naturaleza, preservar el medio ambiente tomando drásticas medidas para liberar de elementos contaminantes el aire que respiramos y construir otras infraestructuras que necesitan las ciudades que permitan mejorar la calidad de vida para todos sus habitantes.

Cuando la ciudadanía es informada de estas situaciones anómalas en algunas instituciones públicas que afectan directa o indirectamente a las personas, surgen de inmediato las defensas corporativas como ya ha sucedido muchas veces en diversas reparticiones del estado y que sólo han engendrado divisionismos y rencores en las partes involucradas y al final nadie ha resultado responsable de estas anomalías y supuestamente todo seguirá igual quedando los ilícitos en la nebulosa de la duda.

Seguramente estos dineros cuestionados no aparecerán por ninguna parte y tampoco serán reembolsados como podemos recordar con lo sucedido en el Ministerio de Educación en el bullado caso de las subvenciones educacionales, en el Ministerio de Obras Públicas con el episodio de los sobre sueldos, anomalías en el Ministerio de la Vivienda en las construcciones habitacionales que con las primeras lluvias no soportaron el embate de las aguas y quedaron inutilizadas para siempre, problemas en el Registro Civil e identificación con la adquisición de nuevas tecnologías de dudosa eficiencia y muchos otros casos que siguen saliendo a la luz pública y que nos tienen confundidos porque se está perdiendo la credibilidad en todas las personas que manejan los recursos del estado y que son de propiedad de todos los chilenos.

Los funcionarios de la administración pública que sean detectados, denunciados y juzgados por malos manejos de dineros en empresas estatales, debieran ser impedidos legalmente a ejercer cargos directivos en las reparticiones públicas y por respeto a la ciudadanía no debieran presentarse ni ser aceptados a postular a ningún cargo de elección popular y en esa forma dar validez y credibilidad a la “probidad administrativa” y dejar que la ley de la transparencia cumpla su cometido, se aclaren los casos denunciados y se restituyan los dineros faltantes en las arcas fiscales por delitos cometidos y que afectan la credibilidad de muchos profesionales honestos que ejercen funciones en la administración pública y que ejercen sus funciones con toda honestidad.

Oscuro e incierto panorama estamos visualizando a la luz de los hechos consumados y aún estamos pronto a frenar este nuevo impulso que se le está dando a la corrupción y que bien sabemos cómo han destruido la sana convivencia diaria en otros países que hoy están pagando las consecuencias de esta lacra social más conocida como la “corrupción” y que tiene unos tentáculos largos e invisibles y difíciles de cortar, pero no imposible de impedir su proliferación.


Hugo Pérez White
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