Sesión del Consejo de Rectores abrió conflicto entre las Universidades Estatales y el “G9”
En la última sesión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, nuevamente se abrió el conflicto entre las universidades estatales y el “G9”, a la luz de que no hubo un acuerdo integrado de ambos conglomerados para llegar con una propuesta a la discusión de la Ley de Presupuesto 2015.
Ante ello, el Rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido Álvarez, manifestó su posición.
-¿Cuáles son los principales aspectos críticos que han impedido que se llegue a un acuerdo?
La principal dificultad que hemos tenido es que, por primera vez en la historia en los últimos 30 años, un Gobierno reconoce y expresa a través del Presupuesto una Glosa donde se establece claramente financiamiento para la Universidades Estatales, lo que apunta hacia una política pública permanente. Lamentablemente, lo que genera conflicto es que, por un lado, los 34.000 millones allí consignados, al analizarse la partida uno se da cuenta que 17.000 millones corresponden a recursos frescos y otros 17.000 millones a reasignaciones de fondos existentes y de los cuales no se va a disponer para el 2015 y en años futuros.
La tensión se produce porque el “G9” no concibe que existan aportes directamente para las Universidades Estatales, y esto da cuenta de una disputa estrictamente por financiamiento.
Y en el caso particular de las Estatales, el aporte nos parece insuficiente, ya que serían 17.000 millones para 16 instituciones universitarias, más aún, sujeto a un instrumento consistente en un Convenio Plurianual que depende de desempeño, y que no sean aportes discrecionales que permitan el libre desarrollo de las instituciones.
-¿Cuáles eran las otras reivindicaciones a las que aspiraban las Universidades Estatales?
Una de ellas, a mi juicio la más importante, tiene que ver con el contexto actual, en que existen 5 universidades (Magallanes, Atacama, Arturo Prat, Playa Ancha y Los Lagos) que somos las que exhibimos el aporte fiscal directo más bajo de entre las 16 Estatales. Es decir, universidades creadas con escaso apalancamiento de financiamiento. Y una de las demandas era que, efectivamente, en la distribución de recursos se aplicara un criterio de discriminación positiva, de manera que en un periodo de cuatro años del Gobierno de la Presidenta Bachelet al menos el piso de estas cinco universidades fuera de un aporte fiscal directo de alrededor de los 3.700 millones de pesos, y no como pasa actualmente, que estas instituciones se mueven con aportes estatales que están en el rango de los 1.600 a 2.500 millones.
Todo indica que la distribución de estos 17.000 millones -tal cual lo estableció en la última reunión el Jefe de División de Educación Superior- sería sobre la base de indicadores históricos, es decir matrícula de estudiantes y el nivel de complejidad en materia de investigación. Y eso significa seguir reproduciendo el modelo que hasta ahora ha sido poco equitativo, y ese es otro punto sobre el cual no hay acuerdo.
Otra reivindicación apunta a que se nos transfieran los recursos por concepto de reajuste del sector público. No es justo que las instituciones estén absorbiendo el diferencial que casi año a año se genera en materia de reajuste, y frente a ese punto, la respuesta fue definitivamente un “no”, no hay una política en tal sentido.
Sobre lo que sí habría voluntad e interés del Gobierno es avanzar hacia una Ley de Incentivo al Retiro para Académicos y Funcionarios, pero que, obviamente, corresponde a una iniciativa que estará fuera de la Ley de Presupuesto, sino a través de un proyecto que transitará en un carril distinto y donde no hay claridad absoluta respecto de cuáles serán sus pasos a seguir en los próximos meses.
Frente a este mismo punto, se agudiza el conflicto con el “G9”, ya que sus rectores han hecho una arremetida muy fuerte hacia el mundo parlamentario, con un eco importante. No es casual que algunos parlamentarios hayan presentado una indicación en la Cámara para declarar que la propuesta de una Glosa orientada a Universidades Estatales tendría un carácter “discriminatorio”. Por lo tanto, dentro de estos días, en la Comisión Mixta, se estaría analizando, y es un mal precedente en el sentido de que parlamentarios se presten para asumir que el trato para las Estatales debe ser igual, indistintamente si éstas son de propiedad del Estado de Chile o son corporaciones de derecho privado. Hoy en día, en el Consorcio de Universidades del Estado hemos estado en una gestión permanente de diálogo con los parlamentarios de cada una de nuestras regiones; personalmente he ido a reuniones a la Cámara de Diputados y he conversado con los Senadores de la zona. Sin embargo, aprecio un trabajo orquestado entre los medios de comunicación tradicionales, los parlamentarios de oposición y algunos del pacto de la Nueva Mayoría -ya que algunos de ellos tienen vínculos con universidades privadas- y, particularmente, el rol activo de la iglesia, estos actores han articulado una estrategia para afectar las demandas legítimas de las Universidades Estatales.
-Entonces, Rector ¿cuál es la perspectiva en que se sitúan actualmente las Universidades Estatales?
Hemos hecho los máximos esfuerzos, y pese a ello tengo cierta sensación de frustración. Hay aspectos sobre los cuales nosotros no podemos incidir, porque dependen estrictamente del carácter y la energía que tenga el Ejecutivo para hacer un giro en el ámbito de la Educación Superior. No obstante, seguimos trabajando, sistematizando buena parte de los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años, y, finalmente, no será la primera vez que con poco financiamiento seguiremos escalando en mejorar nuestros indicadores de gestión y sorteando las precarias condiciones financieras.
El Gobierno debe encontrarnos preparados para proponer nuestros mejores compromisos para asegurar una formación de calidad.
Enviado por:
comunicaciones@ulagos.cl
Ante ello, el Rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido Álvarez, manifestó su posición.
-¿Cuáles son los principales aspectos críticos que han impedido que se llegue a un acuerdo?
La principal dificultad que hemos tenido es que, por primera vez en la historia en los últimos 30 años, un Gobierno reconoce y expresa a través del Presupuesto una Glosa donde se establece claramente financiamiento para la Universidades Estatales, lo que apunta hacia una política pública permanente. Lamentablemente, lo que genera conflicto es que, por un lado, los 34.000 millones allí consignados, al analizarse la partida uno se da cuenta que 17.000 millones corresponden a recursos frescos y otros 17.000 millones a reasignaciones de fondos existentes y de los cuales no se va a disponer para el 2015 y en años futuros.
La tensión se produce porque el “G9” no concibe que existan aportes directamente para las Universidades Estatales, y esto da cuenta de una disputa estrictamente por financiamiento.
Y en el caso particular de las Estatales, el aporte nos parece insuficiente, ya que serían 17.000 millones para 16 instituciones universitarias, más aún, sujeto a un instrumento consistente en un Convenio Plurianual que depende de desempeño, y que no sean aportes discrecionales que permitan el libre desarrollo de las instituciones.
-¿Cuáles eran las otras reivindicaciones a las que aspiraban las Universidades Estatales?
Una de ellas, a mi juicio la más importante, tiene que ver con el contexto actual, en que existen 5 universidades (Magallanes, Atacama, Arturo Prat, Playa Ancha y Los Lagos) que somos las que exhibimos el aporte fiscal directo más bajo de entre las 16 Estatales. Es decir, universidades creadas con escaso apalancamiento de financiamiento. Y una de las demandas era que, efectivamente, en la distribución de recursos se aplicara un criterio de discriminación positiva, de manera que en un periodo de cuatro años del Gobierno de la Presidenta Bachelet al menos el piso de estas cinco universidades fuera de un aporte fiscal directo de alrededor de los 3.700 millones de pesos, y no como pasa actualmente, que estas instituciones se mueven con aportes estatales que están en el rango de los 1.600 a 2.500 millones.
Todo indica que la distribución de estos 17.000 millones -tal cual lo estableció en la última reunión el Jefe de División de Educación Superior- sería sobre la base de indicadores históricos, es decir matrícula de estudiantes y el nivel de complejidad en materia de investigación. Y eso significa seguir reproduciendo el modelo que hasta ahora ha sido poco equitativo, y ese es otro punto sobre el cual no hay acuerdo.
Otra reivindicación apunta a que se nos transfieran los recursos por concepto de reajuste del sector público. No es justo que las instituciones estén absorbiendo el diferencial que casi año a año se genera en materia de reajuste, y frente a ese punto, la respuesta fue definitivamente un “no”, no hay una política en tal sentido.
Sobre lo que sí habría voluntad e interés del Gobierno es avanzar hacia una Ley de Incentivo al Retiro para Académicos y Funcionarios, pero que, obviamente, corresponde a una iniciativa que estará fuera de la Ley de Presupuesto, sino a través de un proyecto que transitará en un carril distinto y donde no hay claridad absoluta respecto de cuáles serán sus pasos a seguir en los próximos meses.
Frente a este mismo punto, se agudiza el conflicto con el “G9”, ya que sus rectores han hecho una arremetida muy fuerte hacia el mundo parlamentario, con un eco importante. No es casual que algunos parlamentarios hayan presentado una indicación en la Cámara para declarar que la propuesta de una Glosa orientada a Universidades Estatales tendría un carácter “discriminatorio”. Por lo tanto, dentro de estos días, en la Comisión Mixta, se estaría analizando, y es un mal precedente en el sentido de que parlamentarios se presten para asumir que el trato para las Estatales debe ser igual, indistintamente si éstas son de propiedad del Estado de Chile o son corporaciones de derecho privado. Hoy en día, en el Consorcio de Universidades del Estado hemos estado en una gestión permanente de diálogo con los parlamentarios de cada una de nuestras regiones; personalmente he ido a reuniones a la Cámara de Diputados y he conversado con los Senadores de la zona. Sin embargo, aprecio un trabajo orquestado entre los medios de comunicación tradicionales, los parlamentarios de oposición y algunos del pacto de la Nueva Mayoría -ya que algunos de ellos tienen vínculos con universidades privadas- y, particularmente, el rol activo de la iglesia, estos actores han articulado una estrategia para afectar las demandas legítimas de las Universidades Estatales.
-Entonces, Rector ¿cuál es la perspectiva en que se sitúan actualmente las Universidades Estatales?
Hemos hecho los máximos esfuerzos, y pese a ello tengo cierta sensación de frustración. Hay aspectos sobre los cuales nosotros no podemos incidir, porque dependen estrictamente del carácter y la energía que tenga el Ejecutivo para hacer un giro en el ámbito de la Educación Superior. No obstante, seguimos trabajando, sistematizando buena parte de los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años, y, finalmente, no será la primera vez que con poco financiamiento seguiremos escalando en mejorar nuestros indicadores de gestión y sorteando las precarias condiciones financieras.
El Gobierno debe encontrarnos preparados para proponer nuestros mejores compromisos para asegurar una formación de calidad.
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comunicaciones@ulagos.cl
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