Gremio de Profesores de Osorno acusan irregularidades en descuentos salariales tras paro
El Comunal Osorno del Colegio de Profesoras y Profesores denunció una serie de graves irregularidades y acusó “persecución” por parte del municipio local, luego de que se aplicara un masivo descuento salarial a más de 800 docentes que participaron en la paralización nacional del 4 y 5 de mayo. Según el gremio, las rebajas, que promedian los $180.000 por funcionario, se ejecutaron sin debido proceso, afectando incluso a personal con licencia médica y fuero maternal. La directiva del magisterio cuestiona la celeridad de la medida, instruida por Contraloría, y la nula disposición del sostenedor para buscar alternativas de recuperación de clases, afectando directamente la educación de los estudiantes.
Profundo malestar y una serie de denuncias por irregularidades administrativas marcaron la última liquidación de sueldo de más de 800 profesores de la educación municipalizada de Osorno. El directorio comunal del Colegio de Profesores y Profesoras expresó su total rechazo a la forma en que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) aplicó los descuentos correspondientes al paro de los días 4 y 5 de mayo, una medida que, si bien se ampara en un dictamen de la Contraloría General de la República, para el gremio se ejecutó con una celeridad injustificada y con una total falta de diálogo.
Laura Jara Villalobos, presidenta del magisterio en la comuna, fue enfática en señalar que la molestia no radica en el descuento en sí, sino en el procedimiento. “Nosotros no estamos cuestionando el descuento. Lo que estamos cuestionando es cómo se nos ha descontado y que aquí no hubo ninguna posibilidad de tratar de llegar a un consenso con nuestro sostenedor”, afirmó. La dirigenta acusó directamente al jefe del DAEM y al alcalde de “faltar a la verdad” durante las reuniones previas, donde, según ella, la postura municipal fue siempre inflexible.
La situación escaló con la revisión de las liquidaciones de sueldo del mes de junio, donde los docentes se encontraron con rebajas que fluctúan entre los $80.000 y más de $280.000, según el caso. El gremio denuncia que el proceso se realizó de manera indiscriminada. Pamela Valencia, tesorera del directorio, detalló las inconsistencias: “Les descontaron a colegas con licencia médica, con permisos administrativos. Descontaron los fueros maternales. Descontaron a mi colega las horas gremiales. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo?”.
Valencia calificó el actuar del municipio como una “falta grave a la probidad administrativa”, argumentando que al negar la posibilidad de recuperar las clases, se perjudica directamente a los estudiantes. “Lo primero que tenemos que resguardar son las clases de nuestros estudiantes. Y en este sentido, cuando el sostenedor nos dice que vamos a descuento sí o sí, no nos permite la recuperación de las horas”, explicó. El gremio había propuesto un plan para recuperar los contenidos en diciembre e incluso los primeros días de enero, pero no fue acogido.
Ricardo Arenega, vicepresidente del comunal, complementó que a los cerca de 800 profesores afectados se les aplicó la medida “sin un debido proceso, nunca se informó que se iba a aplicar el descuento, nunca se aplicó un procedimiento sumario”.
Desde el magisterio se calificó la insistencia del municipio en obtener las listas de los docentes movilizados como un acto de “persecución política”. Pamela Valencia cuestionó la finalidad de dichos listados si, finalmente, los descuentos fueron generalizados. “¿Para qué querían las listas si nos iban a descontar a todos, simplemente?”, inquirió.
Asimismo, la dirigenta introdujo un concepto que caló hondo en el debate: el “enriquecimiento ilícito”. Argumentó que si la Contraloría busca evitar que los profesores reciban pago por días no trabajados, el municipio se ha enriquecido ilícitamente durante años a costa del trabajo no remunerado de los docentes. “¿Qué pasa con todas las horas extras que hemos hecho siempre? Reuniones de apoderados fuera de horario, licenciaturas, galas folclóricas y un sinfín de otras actividades. ¿Ahí no hablamos de un enriquecimiento ilícito a costa de nuestro trabajo no remunerado y de abandonar a nuestras propias familias?”, sentenció.
La controversia alcanzó un punto crítico cuando, según los dirigentes, el propio jefe de personal del DAEM, Héctor Águila, reconoció en la sesión del concejo municipal que “se habían cometido errores y que esos errores se iban a revertir dentro de la semana”. Para el gremio, esta admisión confirma la negligencia del proceso. “Así como ellos tuvieron tanta diligencia para descontar, la misma diligencia debieron haber tenido para aplicar correctamente los descuentos”, señaló Laura Jara.
El monto total descontado a los profesores de la comuna, que según el gremio asciende a unos $130 millones correspondientes a la subvención estatal, es ahora una interrogante. "¿Qué van a hacer con esos 130 millones?", preguntó la presidenta del magisterio.
El Colegio de Profesores y Profesoras de Osorno ya está recabando todos los antecedentes de los casos irregulares para iniciar las acciones correspondientes, que podrían incluir sumarios administrativos y demandas legales. Además, como organización nacional, están recurriendo a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los dirigentes aseguraron que no se sienten amedrentados y que seguirán luchando por sus demandas legítimas. “Si tenemos que ir a paro otra vez y nos descuentan, no importa, nosotros seguiremos luchando hasta que finalmente seamos reconocidos como trabajadores y trabajadoras de la educación”, concluyó Pamela Valencia, dejando claro que el conflicto en Osorno está lejos de terminar.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
Profundo malestar y una serie de denuncias por irregularidades administrativas marcaron la última liquidación de sueldo de más de 800 profesores de la educación municipalizada de Osorno. El directorio comunal del Colegio de Profesores y Profesoras expresó su total rechazo a la forma en que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) aplicó los descuentos correspondientes al paro de los días 4 y 5 de mayo, una medida que, si bien se ampara en un dictamen de la Contraloría General de la República, para el gremio se ejecutó con una celeridad injustificada y con una total falta de diálogo.
Laura Jara Villalobos, presidenta del magisterio en la comuna, fue enfática en señalar que la molestia no radica en el descuento en sí, sino en el procedimiento. “Nosotros no estamos cuestionando el descuento. Lo que estamos cuestionando es cómo se nos ha descontado y que aquí no hubo ninguna posibilidad de tratar de llegar a un consenso con nuestro sostenedor”, afirmó. La dirigenta acusó directamente al jefe del DAEM y al alcalde de “faltar a la verdad” durante las reuniones previas, donde, según ella, la postura municipal fue siempre inflexible.
La situación escaló con la revisión de las liquidaciones de sueldo del mes de junio, donde los docentes se encontraron con rebajas que fluctúan entre los $80.000 y más de $280.000, según el caso. El gremio denuncia que el proceso se realizó de manera indiscriminada. Pamela Valencia, tesorera del directorio, detalló las inconsistencias: “Les descontaron a colegas con licencia médica, con permisos administrativos. Descontaron los fueros maternales. Descontaron a mi colega las horas gremiales. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo?”.
Valencia calificó el actuar del municipio como una “falta grave a la probidad administrativa”, argumentando que al negar la posibilidad de recuperar las clases, se perjudica directamente a los estudiantes. “Lo primero que tenemos que resguardar son las clases de nuestros estudiantes. Y en este sentido, cuando el sostenedor nos dice que vamos a descuento sí o sí, no nos permite la recuperación de las horas”, explicó. El gremio había propuesto un plan para recuperar los contenidos en diciembre e incluso los primeros días de enero, pero no fue acogido.
Ricardo Arenega, vicepresidente del comunal, complementó que a los cerca de 800 profesores afectados se les aplicó la medida “sin un debido proceso, nunca se informó que se iba a aplicar el descuento, nunca se aplicó un procedimiento sumario”.
Persecución y “enriquecimiento ilícito”
Desde el magisterio se calificó la insistencia del municipio en obtener las listas de los docentes movilizados como un acto de “persecución política”. Pamela Valencia cuestionó la finalidad de dichos listados si, finalmente, los descuentos fueron generalizados. “¿Para qué querían las listas si nos iban a descontar a todos, simplemente?”, inquirió.
Asimismo, la dirigenta introdujo un concepto que caló hondo en el debate: el “enriquecimiento ilícito”. Argumentó que si la Contraloría busca evitar que los profesores reciban pago por días no trabajados, el municipio se ha enriquecido ilícitamente durante años a costa del trabajo no remunerado de los docentes. “¿Qué pasa con todas las horas extras que hemos hecho siempre? Reuniones de apoderados fuera de horario, licenciaturas, galas folclóricas y un sinfín de otras actividades. ¿Ahí no hablamos de un enriquecimiento ilícito a costa de nuestro trabajo no remunerado y de abandonar a nuestras propias familias?”, sentenció.
Errores reconocidos y proyección del conflicto
La controversia alcanzó un punto crítico cuando, según los dirigentes, el propio jefe de personal del DAEM, Héctor Águila, reconoció en la sesión del concejo municipal que “se habían cometido errores y que esos errores se iban a revertir dentro de la semana”. Para el gremio, esta admisión confirma la negligencia del proceso. “Así como ellos tuvieron tanta diligencia para descontar, la misma diligencia debieron haber tenido para aplicar correctamente los descuentos”, señaló Laura Jara.
El monto total descontado a los profesores de la comuna, que según el gremio asciende a unos $130 millones correspondientes a la subvención estatal, es ahora una interrogante. "¿Qué van a hacer con esos 130 millones?", preguntó la presidenta del magisterio.
El Colegio de Profesores y Profesoras de Osorno ya está recabando todos los antecedentes de los casos irregulares para iniciar las acciones correspondientes, que podrían incluir sumarios administrativos y demandas legales. Además, como organización nacional, están recurriendo a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los dirigentes aseguraron que no se sienten amedrentados y que seguirán luchando por sus demandas legítimas. “Si tenemos que ir a paro otra vez y nos descuentan, no importa, nosotros seguiremos luchando hasta que finalmente seamos reconocidos como trabajadores y trabajadoras de la educación”, concluyó Pamela Valencia, dejando claro que el conflicto en Osorno está lejos de terminar.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
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