Columna: Facultades policiales cuestionadas

Marcos Emilfork Konow
Por Marcos Emilfork Konow, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional, Ex Fiscal Regional de Los Lagos.

A raíz de los hechos ocurridos en Panguipulli nuevamente se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las facultades policiales, en este caso, sobre el control de identidad, a lo que se suman voces que hoy reclaman, ya no la modernización de Carabineros, sino derechamente su reemplazo por una nueva policía.

Sobre el control de identidad, que generó el procedimiento policial que terminó en tragedia -ya que siempre el fallecimiento violento de una persona es una tragedia-, se trata de una facultad policial que fue incorporada en 1998 por la Ley 19.567, en reemplazo de la “detención por sospecha”. Su introducción, entonces, respondió a la idea de democratizar nuestra legislación y elevar el nivel de respeto de los derechos fundamentales.

En todo caso, no fue una gran invención nacional, ya que el legislador recogió esta herramienta de legislaciones de otros países como España, Francia y Alemania, sólo por citar algunos, cuyas democracias, vigencia del Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales nadie cuestiona; legislaciones que incluso entregan a la policía atribuciones más gravosas para las libertades individuales frente a situaciones de peligro, facultades que en nuestro país no existen.

Por otra parte, el control de identidad es hoy la única herramienta que tiene la policía para actuar fuera de las hipótesis de flagrancia, de manera tal que todos los días, en todo el país, cientos de detenciones flagrantes se originan en un control de identidad.

Otra cosa, sin embargo, es la forma en que se ejecuta en la práctica este procedimiento y como se asegura a la ciudadanía que su uso no sea arbitrario, discriminatorio ni abra la puerta a posibles violaciones de los derechos fundamentales. Para ello la alternativa no es la supresión del control de identidad. Esa sería de hecho la respuesta simplista y populista que no dimensiona ni le importa las consecuencias que ello traería consigo para la persecución penal y la seguridad ciudadana.

El camino es otro, y consiste en fortalecer las instrucciones y normas internas de la policía, así como en profundizar la formación y la capacitación, a la par de aumentar los controles policiales internos y crear revisiones externas.

Carabineros de Chile, por su parte, arrastra un cuestionamiento importante por casos ampliamente conocidos por la opinión pública, a lo que se sumó en los últimos días lo ocurrido en Panguipulli, hecho que ha sido levantado como argumento para sostener, no ya la modernización de la institución, sino que derechamente su reemplazo por una nueva policía.

Sin embargo, en esta discusión de política pública resulta muchas veces fácil observar sesgos y prejuicios, los que lejos de ayudar, sólo distorsionan la realidad, desinforman a la ciudadanía y no permiten arribar a las conclusiones y soluciones que nuestro país necesita.

Nadie con un mínimo de seriedad puede desconocer que en los últimos años han ocurrido hechos graves que exigen revisar su diseño institucional, pero también nadie con un mínimo de objetividad puede ignorar la importancia que ha tenido y sigue teniendo para la convivencia social y la vigencia del Estado de Derecho. Por ello Carabineros, lejos de desaparecer, debe mantenerse, modernizarse, fortalecerse y adaptarse a las exigencias del Chile de hoy, recuperando así su legitimidad y valoración ciudadana.

¿Quién tendrá la última palabra? La Convención Constitucional. Por eso y mucho más no da lo mismo quien escriba la Constitución.





Comunicado de Prensa / Fuente: Jorge Ahués