Acusación Constitucional contra Ministro Montes rechazada por cuestiones formales
La Sala de la Cámara ha respaldado la postura de la defensa del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, rechazando la acusación constitucional en su contra por cuestiones formales. Este fallo pone fin a un proceso que ha capturado la atención pública, subrayando la importancia de la rigurosidad formal en tales procedimientos.
El abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle, argumentó exitosamente sobre la improcedencia formal del libelo acusatorio, señalando que no cumplía con los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación. La votación final en la Sala resultó en 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, lo que llevó a la conclusión de que la acusación contra Montes se entiende formalmente por no presentada.
Durante el proceso, Ruiz-Tagle no solo defendió la inocencia de Montes, sino que también argumentó en defensa del estado de derecho nacional. En su argumentación, resaltó la necesidad de diferenciar entre responsabilidad objetiva y subjetiva, enfatizando que la acusación carecía de fundamentación sólida y estaba plagada de errores de forma y fondo.
La defensa de Montes también se centró en su historial como servidor público ejemplar, destacando su compromiso con sus funciones ministeriales. Se mencionó que la cartera de Vivienda y Urbanismo, bajo su dirección, presentó un 99% de ejecución presupuestaria. Además, en respuesta a las acusaciones relacionadas con los convenios cuestionados, se señaló que una docena de funcionarios ya habían sido desvinculados y que otros seguirían si se detectaba su participación en actos que faltaran a la probidad administrativa.
Por otro lado, la sesión también contó con la participación de diputados de la comisión que analizó la acusación. Víctor Alejandro Pino (IND), presidente de la comisión, instó a dejar de lado el sesgo ideológico y a aprobar el libelo acusatorio, enfatizando la responsabilidad de Montes en la supervigilancia de su cartera. Sin embargo, otros diputados como Tomás Hirsch (PAH) y Emilia Nuyado criticaron la acusación por sus falencias en términos de seriedad, coherencia jurídica y sustento.
La parlamentaria Natalia Romero (IND) también intervino, destacando dudas sobre la supervigilancia del ministro y calificando sus acciones correctivas como "tardías y muy ex temporáneas".
Este desenlace reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos formales y sustantivos en el proceso de acusación constitucional, un mecanismo de control crucial en el sistema democrático. La decisión no solo concluye un capítulo importante en la carrera de Montes, sino que también pone de relieve los desafíos y responsabilidades inherentes a la administración pública y la supervisión política en Chile.
Fuente: https://www.camara.cl/cms/
El abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle, argumentó exitosamente sobre la improcedencia formal del libelo acusatorio, señalando que no cumplía con los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación. La votación final en la Sala resultó en 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, lo que llevó a la conclusión de que la acusación contra Montes se entiende formalmente por no presentada.
Durante el proceso, Ruiz-Tagle no solo defendió la inocencia de Montes, sino que también argumentó en defensa del estado de derecho nacional. En su argumentación, resaltó la necesidad de diferenciar entre responsabilidad objetiva y subjetiva, enfatizando que la acusación carecía de fundamentación sólida y estaba plagada de errores de forma y fondo.
La defensa de Montes también se centró en su historial como servidor público ejemplar, destacando su compromiso con sus funciones ministeriales. Se mencionó que la cartera de Vivienda y Urbanismo, bajo su dirección, presentó un 99% de ejecución presupuestaria. Además, en respuesta a las acusaciones relacionadas con los convenios cuestionados, se señaló que una docena de funcionarios ya habían sido desvinculados y que otros seguirían si se detectaba su participación en actos que faltaran a la probidad administrativa.
Por otro lado, la sesión también contó con la participación de diputados de la comisión que analizó la acusación. Víctor Alejandro Pino (IND), presidente de la comisión, instó a dejar de lado el sesgo ideológico y a aprobar el libelo acusatorio, enfatizando la responsabilidad de Montes en la supervigilancia de su cartera. Sin embargo, otros diputados como Tomás Hirsch (PAH) y Emilia Nuyado criticaron la acusación por sus falencias en términos de seriedad, coherencia jurídica y sustento.
La parlamentaria Natalia Romero (IND) también intervino, destacando dudas sobre la supervigilancia del ministro y calificando sus acciones correctivas como "tardías y muy ex temporáneas".
Este desenlace reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos formales y sustantivos en el proceso de acusación constitucional, un mecanismo de control crucial en el sistema democrático. La decisión no solo concluye un capítulo importante en la carrera de Montes, sino que también pone de relieve los desafíos y responsabilidades inherentes a la administración pública y la supervisión política en Chile.
Fuente: https://www.camara.cl/cms/
