Ley Lafkenche: Miguel Cheuqueman analiza desafíos y controversias en su implementación

En una reciente entrevista con Rocío Gambra, Miguel Cheuqueman, uno de los gestores de la Ley Lafkenche, analizó los desafíos y controversias en torno a la implementación de esta normativa, especialmente en la Región de Los Lagos. La ley, promulgada en 2009, busca proteger los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, permitiendo a las comunidades mantener su vínculo con el mar a través del uso consuetudinario, como la pesca, la recolección y otras actividades tradicionales. Sin embargo, el proceso para obtener estos espacios ha sido lento y burocrático.



Cheuqueman señaló que, aunque la Ley Lafkenche establece que las solicitudes para el uso de los espacios costeros deben resolverse en aproximadamente dos años, muchas comunidades han esperado entre seis y siete años sin respuesta. Las demoras se atribuyen principalmente a la falta de recursos técnicos y humanos en instituciones clave como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), lo que ha generado una acumulación de solicitudes y un conflicto latente con otros actores, como la salmonicultura.

"La falta de voluntad política es una de las principales trabas para que estos procesos se agilicen", destacó Cheuqueman, refiriéndose al tiempo que tarda en aprobarse o rechazarse una solicitud. También mencionó que en la Región de Los Lagos, donde la ley ha sido más aplicada, el proceso ha sido particularmente complicado debido a la falta de zonificación costera y a la complejidad de coordinar a los diversos actores involucrados.

Conflicto con la salmonicultura

Uno de los principales focos de conflicto ha sido la convivencia entre las comunidades indígenas que buscan proteger su acceso a los espacios costeros y las grandes empresas de salmonicultura que operan en las mismas áreas. Aunque en el pasado se intentaron mediaciones y diálogos, según Cheuqueman, los intereses han tomado caminos diferentes, y los intentos de encontrar soluciones han sido insuficientes.

Además, mencionó que algunas mociones parlamentarias están buscando modificar o incluso derogar la ley. Estas modificaciones buscan evitar que las actividades económicas en el borde costero se paralicen durante la tramitación de las solicitudes de las comunidades indígenas, lo que ha sido motivo de preocupación tanto para el sector empresarial como para las comunidades locales.

Propuestas de mejora

Cheuqueman subrayó que, más allá de modificar la ley, lo fundamental es mejorar la gestión y asignar más recursos a las entidades encargadas de tramitar las solicitudes. "El Estado de Chile debe ponerse los pantalones largos y garantizar que los procesos se realicen en el tiempo estipulado por la ley", afirmó, sugiriendo que la implementación de tecnologías para optimizar la revisión de solicitudes y la contratación de más personal técnico podría acelerar los tiempos de respuesta.

Finalmente, hizo un llamado a que se reconozca el uso consuetudinario de las comunidades indígenas sobre los espacios costeros, asegurando que estos no interfieren con las actividades pesqueras ni turísticas de otras personas.

El rol del Estado y el bien común

Cheuqueman destacó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger el bien común y los recursos naturales de todos los chilenos. Comparó la situación actual con la problemática de las forestales en el sur de Chile, donde la falta de una regulación adecuada ha causado efectos colaterales como la desertificación y los incendios forestales. En este sentido, insistió en que se deben evitar los mismos errores al permitir que sectores económicos controlen los recursos sin un contrapeso adecuado.

Fuente información: Rocío Gambra