Recurso busca anular resolución de calificación ambiental de proyecto Biogás en Osorno
La comunidad de Osorno, representada por el abogado Juan Alberto Molina Tapia, ha presentado un recurso de nulidad ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, con el objetivo de anular la resolución de calificación ambiental que autoriza el proyecto Biocircular Los Laureles, dedicado a la producción de biogás. Este recurso se basa en una serie de irregularidades detectadas durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
El equipo jurídico y técnico que respalda a la comunidad identificó graves vicios en la evaluación ambiental, entre los cuales destacan la falta de participación ciudadana adecuada y errores en la modelación y presentación de información relevante. Además, el proyecto fue ingresado mediante una declaración de impacto ambiental (DIA) en lugar de un estudio de impacto ambiental (EIA), lo que implicó una simplificación del proceso y la omisión de consultas clave, como la consulta indígena y otras instancias de participación ciudadana.
El abogado Molina afirmó que este recurso se ha presentado en defensa de la comunidad afectada, ya que el proyecto podría generar impactos negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de más de 2.000 familias en Osorno, especialmente en el sector de Pichil. Asimismo, criticó que se ignoraron aspectos importantes, como la circulación de camiones por rutas locales y los efectos en la tranquilidad de los residentes y emprendimientos turísticos de la zona.
Este tipo de recursos no es nuevo para Molina, quien ya ha logrado éxitos en casos similares, como en Puerto Octay, donde se anuló un permiso ambiental debido a procedimientos inadecuados. En este caso, la comunidad confía en que se logre un fallo favorable que obligue a la empresa a realizar el estudio de impacto ambiental correspondiente, tal como lo exige la ley.
El senador Fidel Espinoza y otros líderes locales, también han respaldado esta iniciativa, argumentando que no están en contra del desarrollo, pero exigen que los proyectos cumplan con todas las normativas y que se respeten los procedimientos legales y ambientales necesarios para garantizar que no afecten negativamente a la comunidad.
El proceso ahora dependerá de la Comisión de Evaluación Ambiental, que deberá analizar el recurso, escuchar los descargos de la empresa y solicitar informes a los organismos que participaron en la evaluación. El fallo podrá ser apelado ante el Tribunal Ambiental o la Corte Suprema, según corresponda.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
El equipo jurídico y técnico que respalda a la comunidad identificó graves vicios en la evaluación ambiental, entre los cuales destacan la falta de participación ciudadana adecuada y errores en la modelación y presentación de información relevante. Además, el proyecto fue ingresado mediante una declaración de impacto ambiental (DIA) en lugar de un estudio de impacto ambiental (EIA), lo que implicó una simplificación del proceso y la omisión de consultas clave, como la consulta indígena y otras instancias de participación ciudadana.
El abogado Molina afirmó que este recurso se ha presentado en defensa de la comunidad afectada, ya que el proyecto podría generar impactos negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de más de 2.000 familias en Osorno, especialmente en el sector de Pichil. Asimismo, criticó que se ignoraron aspectos importantes, como la circulación de camiones por rutas locales y los efectos en la tranquilidad de los residentes y emprendimientos turísticos de la zona.
Este tipo de recursos no es nuevo para Molina, quien ya ha logrado éxitos en casos similares, como en Puerto Octay, donde se anuló un permiso ambiental debido a procedimientos inadecuados. En este caso, la comunidad confía en que se logre un fallo favorable que obligue a la empresa a realizar el estudio de impacto ambiental correspondiente, tal como lo exige la ley.
El senador Fidel Espinoza y otros líderes locales, también han respaldado esta iniciativa, argumentando que no están en contra del desarrollo, pero exigen que los proyectos cumplan con todas las normativas y que se respeten los procedimientos legales y ambientales necesarios para garantizar que no afecten negativamente a la comunidad.
El proceso ahora dependerá de la Comisión de Evaluación Ambiental, que deberá analizar el recurso, escuchar los descargos de la empresa y solicitar informes a los organismos que participaron en la evaluación. El fallo podrá ser apelado ante el Tribunal Ambiental o la Corte Suprema, según corresponda.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
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