¿Reforma de pensiones en la recta final?
Reforma de pensiones en Chile: avances, desafíos y el impacto de la PGU
La reforma al sistema de pensiones en Chile sigue siendo un tema central en el debate político y social. A pesar de que el país ha mejorado su posicionamiento en el Ranking Mercer como uno de los 15 mejores sistemas de pensiones del mundo, el nivel de confianza de los chilenos en el sistema sigue siendo preocupantemente bajo, con solo un 10% de los ciudadanos confiando plenamente en él, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Según Gabriel Ugarte, investigador del CEP (vídeo entrevista a pie de nota), esta brecha entre la percepción internacional y local radica en los múltiples intentos fallidos de reformar el sistema, sumados a un diagnóstico inicial erróneo de las necesidades reales. Si bien la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) marcó un cambio significativo al aumentar las tasas de reemplazo, especialmente entre los sectores más vulnerables, aún persisten desafíos para las pensiones futuras.
La PGU ha sido clave para elevar las pensiones actuales, logrando, por ejemplo, que el 20% más pobre reciba un 70% más de su último sueldo antes de jubilarse. Sin embargo, su sostenibilidad fiscal a largo plazo genera dudas debido al rápido envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad en el país.
El actual proyecto de reforma, que busca aumentar la cotización previsional del 10% al 16%, enfrenta críticas por destinar tres de los seis puntos adicionales al sistema de solidaridad para pensiones actuales, dejando solo tres puntos a la capitalización individual. Esta propuesta, aunque mejorada con la idea de "préstamo" de dos puntos hacia las cuentas individuales, ha sido calificada como compleja y de difícil implementación.
El CEP ha planteado una alternativa que combina un punto de cotización adicional financiado por los futuros jubilados y el uso de recursos ahorrados al no extender la PGU al 10% más rico. Esto, sumado a un endeudamiento moderado del Estado, podría ser una solución viable para mejorar las pensiones actuales sin comprometer las futuras.
Un punto crítico es la desigualdad estructural que afecta principalmente a las mujeres. Sus lagunas previsionales, producto de mayores responsabilidades en labores de cuidado, generan pensiones significativamente más bajas. Para corregir esto, se ha propuesto que el Seguro de Cesantía cubra las cotizaciones durante periodos de desempleo, equiparando condiciones para hombres y mujeres.
Con el plazo de enero próximo como límite para avanzar en la discusión parlamentaria, expertos advierten que cualquier retraso podría dificultar el consenso debido al clima electoral que se avecina. Mientras tanto, la sostenibilidad fiscal y la mejora en la confianza ciudadana son los desafíos que marcan la agenda.
El debate sigue abierto y será clave encontrar una reforma que equilibre las necesidades de los jubilados actuales y de las generaciones futuras.
Fuente información: Rocío Gambra
La reforma al sistema de pensiones en Chile sigue siendo un tema central en el debate político y social. A pesar de que el país ha mejorado su posicionamiento en el Ranking Mercer como uno de los 15 mejores sistemas de pensiones del mundo, el nivel de confianza de los chilenos en el sistema sigue siendo preocupantemente bajo, con solo un 10% de los ciudadanos confiando plenamente en él, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Según Gabriel Ugarte, investigador del CEP (vídeo entrevista a pie de nota), esta brecha entre la percepción internacional y local radica en los múltiples intentos fallidos de reformar el sistema, sumados a un diagnóstico inicial erróneo de las necesidades reales. Si bien la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) marcó un cambio significativo al aumentar las tasas de reemplazo, especialmente entre los sectores más vulnerables, aún persisten desafíos para las pensiones futuras.
La PGU ha sido clave para elevar las pensiones actuales, logrando, por ejemplo, que el 20% más pobre reciba un 70% más de su último sueldo antes de jubilarse. Sin embargo, su sostenibilidad fiscal a largo plazo genera dudas debido al rápido envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad en el país.
El actual proyecto de reforma, que busca aumentar la cotización previsional del 10% al 16%, enfrenta críticas por destinar tres de los seis puntos adicionales al sistema de solidaridad para pensiones actuales, dejando solo tres puntos a la capitalización individual. Esta propuesta, aunque mejorada con la idea de "préstamo" de dos puntos hacia las cuentas individuales, ha sido calificada como compleja y de difícil implementación.
El CEP ha planteado una alternativa que combina un punto de cotización adicional financiado por los futuros jubilados y el uso de recursos ahorrados al no extender la PGU al 10% más rico. Esto, sumado a un endeudamiento moderado del Estado, podría ser una solución viable para mejorar las pensiones actuales sin comprometer las futuras.
Un punto crítico es la desigualdad estructural que afecta principalmente a las mujeres. Sus lagunas previsionales, producto de mayores responsabilidades en labores de cuidado, generan pensiones significativamente más bajas. Para corregir esto, se ha propuesto que el Seguro de Cesantía cubra las cotizaciones durante periodos de desempleo, equiparando condiciones para hombres y mujeres.
Con el plazo de enero próximo como límite para avanzar en la discusión parlamentaria, expertos advierten que cualquier retraso podría dificultar el consenso debido al clima electoral que se avecina. Mientras tanto, la sostenibilidad fiscal y la mejora en la confianza ciudadana son los desafíos que marcan la agenda.
El debate sigue abierto y será clave encontrar una reforma que equilibre las necesidades de los jubilados actuales y de las generaciones futuras.
Fuente información: Rocío Gambra
