Endeudamiento sin control: el Gobierno hipoteca a Chile sin pasar por el Congreso
Por: Héctor Zúñiga G., Vicepresidente de Evópoli Los Lagos.
La reciente revelación sobre el aumento de US$21.000 millones en deuda pública ha desatado una ola de críticas contra la administración actual. Lo más preocupante no es solo la magnitud del endeudamiento, sino la forma en que ha sido ejecutado: sin una crisis que lo justifique y sin la debida supervisión del Congreso.
Actualmente, el Ejecutivo tiene la facultad de incrementar la deuda sin necesidad de aprobación legislativa, lo que permite que cualquier gobierno gaste sin control y comprometa el futuro del país sin rendir cuentas. Esto es una grave falla del sistema, ya que se traduce en una administración de recursos basada en caprichos políticos más que en necesidades reales.
Históricamente, el endeudamiento público ha sido una herramienta utilizada para enfrentar crisis económicas o catástrofes naturales. Sin embargo, en este caso, el gobierno ha recurrido a la deuda para sostener un aparato estatal sobredimensionado, aumentar el gasto corriente y contratar miles de nuevos empleados públicos sin evaluar el impacto a largo plazo.
El problema de esta política es que cada peso tomado como deuda hoy se traduce en más impuestos y menos inversión en el futuro. Mientras más aumente la deuda, más intereses deberá pagar el país, lo que reducirá la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
Uno de los mayores problemas del sistema actual es que el Presidente tiene la facultad de endeudar al país sin necesidad de someterlo a votación en el Congreso. Esto significa que decisiones de largo plazo, que afectan a toda la población y a futuras generaciones, quedan en manos de un solo gobierno sin contrapesos reales.
Es urgente que se modifique el marco normativo para que cualquier aumento significativo de la deuda deba pasar por el Congreso, tal como ocurre con el presupuesto nacional. Esto garantizaría una mayor transparencia, obligaría a una discusión responsable sobre el destino de los fondos y evitaría que se utilice la deuda pública como una herramienta política de corto plazo.
El aumento explosivo de la deuda en los últimos años ha puesto a Chile en una trayectoria peligrosa. Sin reglas claras ni supervisión legislativa, cualquier gobierno puede seguir hipotecando el futuro del país para financiar sus propios intereses.
Es momento de exigir responsabilidad fiscal y un verdadero debate sobre el uso del endeudamiento público. No podemos permitir que se sigan comprometiendo los recursos de las próximas generaciones sin una justificación real y sin que el Congreso, como representante de la ciudadanía, tenga voz en el proceso.
Fuente información: heangajardo@gmail.com
La reciente revelación sobre el aumento de US$21.000 millones en deuda pública ha desatado una ola de críticas contra la administración actual. Lo más preocupante no es solo la magnitud del endeudamiento, sino la forma en que ha sido ejecutado: sin una crisis que lo justifique y sin la debida supervisión del Congreso.
Actualmente, el Ejecutivo tiene la facultad de incrementar la deuda sin necesidad de aprobación legislativa, lo que permite que cualquier gobierno gaste sin control y comprometa el futuro del país sin rendir cuentas. Esto es una grave falla del sistema, ya que se traduce en una administración de recursos basada en caprichos políticos más que en necesidades reales.
¿Por qué es peligroso este endeudamiento?
Históricamente, el endeudamiento público ha sido una herramienta utilizada para enfrentar crisis económicas o catástrofes naturales. Sin embargo, en este caso, el gobierno ha recurrido a la deuda para sostener un aparato estatal sobredimensionado, aumentar el gasto corriente y contratar miles de nuevos empleados públicos sin evaluar el impacto a largo plazo.
El problema de esta política es que cada peso tomado como deuda hoy se traduce en más impuestos y menos inversión en el futuro. Mientras más aumente la deuda, más intereses deberá pagar el país, lo que reducirá la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
La necesidad de control legislativo
Uno de los mayores problemas del sistema actual es que el Presidente tiene la facultad de endeudar al país sin necesidad de someterlo a votación en el Congreso. Esto significa que decisiones de largo plazo, que afectan a toda la población y a futuras generaciones, quedan en manos de un solo gobierno sin contrapesos reales.
Es urgente que se modifique el marco normativo para que cualquier aumento significativo de la deuda deba pasar por el Congreso, tal como ocurre con el presupuesto nacional. Esto garantizaría una mayor transparencia, obligaría a una discusión responsable sobre el destino de los fondos y evitaría que se utilice la deuda pública como una herramienta política de corto plazo.
Un modelo insostenible
El aumento explosivo de la deuda en los últimos años ha puesto a Chile en una trayectoria peligrosa. Sin reglas claras ni supervisión legislativa, cualquier gobierno puede seguir hipotecando el futuro del país para financiar sus propios intereses.
Es momento de exigir responsabilidad fiscal y un verdadero debate sobre el uso del endeudamiento público. No podemos permitir que se sigan comprometiendo los recursos de las próximas generaciones sin una justificación real y sin que el Congreso, como representante de la ciudadanía, tenga voz en el proceso.
Fuente información: heangajardo@gmail.com
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