5 parlamentarios bajo la lupa: ¿los millonarios contratos que podrían costarles el cargo?
El 8 de abril de 2025, los periodistas Benjamín Bravo, Nicolás Cerpa, Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda publicaron en The Clinic una investigación titulada "Caja de Pandora: los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podrían llegar al Tribunal Constitucional".
Este reportaje surge a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por celebrar un contrato con el Estado para la venta de la casa del ex presidente Salvador Allende por $933 millones, sentando un precedente en la aplicación del artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios mantener contratos con el fisco.
La investigación identificó a cinco parlamentarios con acuerdos financieros con el Estado: los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS); y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN). Estos contratos, en su mayoría, habrían implicado pagos directos a los parlamentarios o a sociedades en las que participan. Por ejemplo, el senador Castro habría estado vinculado a la Constructora Indemma, que recibió más de $3.280 millones en órdenes de compra de organismos públicos entre 2018 y 2022. El senador Espinoza figuró formalmente hasta 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada, que obtuvo cerca de $14 millones en contratos con municipalidades de la Región de Los Lagos. El diputado Mulet, a través de Rodríguez y Compañía Limitada, habría recibido pagos por servicios de radiodifusión a entidades estatales. La diputada Ossandón participaría en sociedades con contratos significativos con el Estado, incluyendo Cumplo Chile S.A., que recibió más de $28 mil millones desde 2015. El senador Cruz-Coke habría mantenido un contrato de arrendamiento con la JUNJI hasta noviembre de 2020, percibiendo alrededor de $147 millones durante su vigencia.
Estos hallazgos han generado inquietud en el ámbito político y jurídico, ya que podrían derivar en nuevas solicitudes de destitución de parlamentarios. La aplicación del artículo 60 de la Constitución, hasta ahora poco utilizada, cobra relevancia en este contexto. Abogados constitucionalistas consultados señalaron que la interpretación de esta norma podría extenderse a contratos celebrados por sociedades en las que los parlamentarios o sus familiares tienen participación, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.
La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora Allende establecerá un precedente clave para futuros análisis de situaciones similares. La decisión podría redefinir los límites de las incompatibilidades parlamentarias y afectar a otros legisladores con contratos vigentes con el Estado. Este escenario subraya la necesidad de una mayor transparencia en las relaciones contractuales entre parlamentarios y el sector público.
Revisa el artículo de los periodistas Benjamín Bravo, Nicolás Cerpa, Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda en https://www.theclinic.cl/2025/04/08/caja-de-pandora-los-millonarios-contratos-de-senadores-y-diputados-con-el-estado-que-podrian-llegar-al-tribunal-constitucional/
Fuente información: The Clinic
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Este reportaje surge a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por celebrar un contrato con el Estado para la venta de la casa del ex presidente Salvador Allende por $933 millones, sentando un precedente en la aplicación del artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios mantener contratos con el fisco.
La investigación identificó a cinco parlamentarios con acuerdos financieros con el Estado: los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS); y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN). Estos contratos, en su mayoría, habrían implicado pagos directos a los parlamentarios o a sociedades en las que participan. Por ejemplo, el senador Castro habría estado vinculado a la Constructora Indemma, que recibió más de $3.280 millones en órdenes de compra de organismos públicos entre 2018 y 2022. El senador Espinoza figuró formalmente hasta 2018 en la sociedad Difusora Fresia Limitada, que obtuvo cerca de $14 millones en contratos con municipalidades de la Región de Los Lagos. El diputado Mulet, a través de Rodríguez y Compañía Limitada, habría recibido pagos por servicios de radiodifusión a entidades estatales. La diputada Ossandón participaría en sociedades con contratos significativos con el Estado, incluyendo Cumplo Chile S.A., que recibió más de $28 mil millones desde 2015. El senador Cruz-Coke habría mantenido un contrato de arrendamiento con la JUNJI hasta noviembre de 2020, percibiendo alrededor de $147 millones durante su vigencia.
Estos hallazgos han generado inquietud en el ámbito político y jurídico, ya que podrían derivar en nuevas solicitudes de destitución de parlamentarios. La aplicación del artículo 60 de la Constitución, hasta ahora poco utilizada, cobra relevancia en este contexto. Abogados constitucionalistas consultados señalaron que la interpretación de esta norma podría extenderse a contratos celebrados por sociedades en las que los parlamentarios o sus familiares tienen participación, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.
La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la senadora Allende establecerá un precedente clave para futuros análisis de situaciones similares. La decisión podría redefinir los límites de las incompatibilidades parlamentarias y afectar a otros legisladores con contratos vigentes con el Estado. Este escenario subraya la necesidad de una mayor transparencia en las relaciones contractuales entre parlamentarios y el sector público.
Revisa el artículo de los periodistas Benjamín Bravo, Nicolás Cerpa, Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda en https://www.theclinic.cl/2025/04/08/caja-de-pandora-los-millonarios-contratos-de-senadores-y-diputados-con-el-estado-que-podrian-llegar-al-tribunal-constitucional/
Fuente información: The Clinic
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