Alza en cuentas de luz: Tarifas eléctricas subirán un 7,1% promedio a nivel nacional
A partir del próximo mes de julio, los hogares chilenos enfrentarán un nuevo y significativo aumento en las tarifas eléctricas, con un alza promedio a nivel nacional del 7,1%, según ha confirmado la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este incremento, que se aplicará durante el segundo semestre de 2025, obedece a una combinación de factores que incluyen la normalización del sistema tarifario post-congelamiento, el impacto del alza del dólar en los contratos energéticos, el fin de la Ley de Precio Estabilizado para el Consumidor (PEC) y la persistencia de contratos eléctricos antiguos ligados a combustibles fósiles. La medida afectará de manera desigual al territorio, siendo Valparaíso y diversas comunas de la Región Metropolitana las que experimentarán los mayores impactos, mientras la ciudadanía y expertos observan con preocupación el retraso en la implementación de un subsidio estatal destinado a mitigar estos efectos.
Un nuevo ajuste en las tarifas eléctricas impactará el presupuesto de millones de chilenos a partir del segundo semestre de este año. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha oficializado un incremento promedio del 7,1% en las cuentas de la luz a nivel nacional, medida que comenzará a regir desde el 1 de julio de 2025. Este aumento se suma a una serie de ajustes que han marcado el panorama energético del país en los últimos años.
Según el informe de la CNE, la región de Valparaíso será una de las más golpeadas, con un alza proyectada del 7,76%. En la Región Metropolitana, el impacto también superará el promedio nacional en varias comunas, alcanzando un 7,56%. Entre las zonas metropolitanas que verán un mayor encarecimiento se encuentran Cerrillos, Cerro Navia, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea y Estación Central, además de más de una docena de otras comunas del Gran Santiago. Aunque no se han detallado específicamente las comunas con menor afectación, se entiende que aquellas por debajo del promedio nacional del 7,1% sentirán un impacto relativamente menor, si bien el alza es de carácter generalizado.
Las autoridades y expertos del sector han identificado múltiples factores que confluyen para explicar esta nueva alza. En primer lugar, se argumenta un proceso de "normalización tarifaria". Este concepto alude al descongelamiento gradual de las tarifas que se mantuvieron contenidas durante la pandemia de COVID-19 y el período de estallido social, buscando ahora reflejar los costos reales de generación y distribución de energía eléctrica.
Otro factor determinante es el alza del dólar. La depreciación del peso chileno frente a la divisa norteamericana ha encarecido los contratos de suministro eléctrico, muchos de los cuales están pactados en moneda extranjera, impactando directamente en el costo final para los consumidores.
A esto se suma el fin de la Ley de Precio Estabilizado para el Consumidor (PEC). Este mecanismo, implementado para evitar alzas bruscas, congeló las tarifas pero generó una deuda acumulada con las empresas generadoras que asciende a cerca de US$6.500 millones. Con la desactivación de la Ley PEC, esta deuda comienza a ser traspasada a los usuarios, quienes deberán cubrirla en un plazo estimado de los próximos 10 años.
Adicionalmente, la persistencia de contratos eléctricos firmados antes de 2015, indexados en gran medida a combustibles fósiles, impide que los beneficios de la creciente incorporación de energías renovables –potencialmente más económicas– se traspasen con mayor celeridad a las tarifas de los clientes regulados.
La situación no ha estado exenta de críticas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) se ha señalado que cuatro grandes empresas generadoras concentrarían el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas, obteniendo ingresos adicionales que superarían los US$2.300 millones anuales en los últimos dos años.
También han surgido acusaciones hacia el Estado por una presunta falta de fiscalización efectiva y por decisiones administrativas que habrían contribuido a encarecer el costo de la electricidad. Se mencionan, por ejemplo, licitaciones que habrían sido adjudicadas a precios más altos de lo óptimo y una regulación que no habría logrado contener sobrecostos. Estas críticas apuntan a una necesidad de revisar los marcos contractuales y los mecanismos de supervisión del sector.
En este contexto, la atención se centra en el subsidio eléctrico anunciado por el Gobierno, una medida clave para aliviar el impacto de estas alzas en los hogares más vulnerables. Sin embargo, existe una creciente preocupación por el retraso en su implementación. El proyecto de ley que habilita este beneficio se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, y su aplicación efectiva depende de la celeridad con que avance el proceso legislativo. La falta de una fecha concreta para la convocatoria y entrega de este subsidio añade incertidumbre a las familias que contaban con esta ayuda para enfrentar el encarecimiento del servicio.
El impacto de este 7,1% promedio se traducirá en un desembolso mayor para los consumidores. A modo de ejemplo, una familia que actualmente paga una cuenta mensual de $60.000 por electricidad, podría ver incrementado este monto a más de $64.000 solo considerando esta primera etapa del alza. Para las pequeñas y medianas empresas, así como para los sectores productivos, este aumento representa millones de pesos adicionales en sus costos operativos, lo que podría tener consecuencias en la inflación y la competitividad.
Las perspectivas a mediano plazo no son del todo alentadoras. Expertos del sector energético advierten que las tarifas eléctricas podrían mantenerse elevadas al menos hasta el año 2027. Una posible disminución en los precios solo se vislumbraría a partir de 2028, siempre y cuando se conjuguen factores como la estabilización del dólar, una mayor penetración de energías renovables a precios competitivos y ajustes en los marcos regulatorios y contractuales.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que el subsidio eléctrico será fundamental para contener los efectos más adversos de estas alzas en la población. No obstante, la concreción de esta ayuda sigue siendo una tarea pendiente que marcará la agenda social y económica de los próximos meses. Mientras tanto, los consumidores deberán prepararse para un nuevo ajuste en sus finanzas, en un escenario donde el costo de la vida continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. La discusión sobre la estructura del mercado eléctrico, la deuda con las generadoras y la efectividad de las políticas públicas para proteger a los usuarios seguirá abierta y con nuevos capítulos por escribir.
Fuente información: Agencia MI
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Un nuevo ajuste en las tarifas eléctricas impactará el presupuesto de millones de chilenos a partir del segundo semestre de este año. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha oficializado un incremento promedio del 7,1% en las cuentas de la luz a nivel nacional, medida que comenzará a regir desde el 1 de julio de 2025. Este aumento se suma a una serie de ajustes que han marcado el panorama energético del país en los últimos años.
Según el informe de la CNE, la región de Valparaíso será una de las más golpeadas, con un alza proyectada del 7,76%. En la Región Metropolitana, el impacto también superará el promedio nacional en varias comunas, alcanzando un 7,56%. Entre las zonas metropolitanas que verán un mayor encarecimiento se encuentran Cerrillos, Cerro Navia, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea y Estación Central, además de más de una docena de otras comunas del Gran Santiago. Aunque no se han detallado específicamente las comunas con menor afectación, se entiende que aquellas por debajo del promedio nacional del 7,1% sentirán un impacto relativamente menor, si bien el alza es de carácter generalizado.
Las causas detrás del incremento
Las autoridades y expertos del sector han identificado múltiples factores que confluyen para explicar esta nueva alza. En primer lugar, se argumenta un proceso de "normalización tarifaria". Este concepto alude al descongelamiento gradual de las tarifas que se mantuvieron contenidas durante la pandemia de COVID-19 y el período de estallido social, buscando ahora reflejar los costos reales de generación y distribución de energía eléctrica.
Otro factor determinante es el alza del dólar. La depreciación del peso chileno frente a la divisa norteamericana ha encarecido los contratos de suministro eléctrico, muchos de los cuales están pactados en moneda extranjera, impactando directamente en el costo final para los consumidores.
A esto se suma el fin de la Ley de Precio Estabilizado para el Consumidor (PEC). Este mecanismo, implementado para evitar alzas bruscas, congeló las tarifas pero generó una deuda acumulada con las empresas generadoras que asciende a cerca de US$6.500 millones. Con la desactivación de la Ley PEC, esta deuda comienza a ser traspasada a los usuarios, quienes deberán cubrirla en un plazo estimado de los próximos 10 años.
Adicionalmente, la persistencia de contratos eléctricos firmados antes de 2015, indexados en gran medida a combustibles fósiles, impide que los beneficios de la creciente incorporación de energías renovables –potencialmente más económicas– se traspasen con mayor celeridad a las tarifas de los clientes regulados.
Cuestionamientos a la gestión y al mercado
La situación no ha estado exenta de críticas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) se ha señalado que cuatro grandes empresas generadoras concentrarían el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas, obteniendo ingresos adicionales que superarían los US$2.300 millones anuales en los últimos dos años.
También han surgido acusaciones hacia el Estado por una presunta falta de fiscalización efectiva y por decisiones administrativas que habrían contribuido a encarecer el costo de la electricidad. Se mencionan, por ejemplo, licitaciones que habrían sido adjudicadas a precios más altos de lo óptimo y una regulación que no habría logrado contener sobrecostos. Estas críticas apuntan a una necesidad de revisar los marcos contractuales y los mecanismos de supervisión del sector.
El subsidio eléctrico: Una espera que inquieta
En este contexto, la atención se centra en el subsidio eléctrico anunciado por el Gobierno, una medida clave para aliviar el impacto de estas alzas en los hogares más vulnerables. Sin embargo, existe una creciente preocupación por el retraso en su implementación. El proyecto de ley que habilita este beneficio se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, y su aplicación efectiva depende de la celeridad con que avance el proceso legislativo. La falta de una fecha concreta para la convocatoria y entrega de este subsidio añade incertidumbre a las familias que contaban con esta ayuda para enfrentar el encarecimiento del servicio.
Impacto directo y proyecciones a futuro
El impacto de este 7,1% promedio se traducirá en un desembolso mayor para los consumidores. A modo de ejemplo, una familia que actualmente paga una cuenta mensual de $60.000 por electricidad, podría ver incrementado este monto a más de $64.000 solo considerando esta primera etapa del alza. Para las pequeñas y medianas empresas, así como para los sectores productivos, este aumento representa millones de pesos adicionales en sus costos operativos, lo que podría tener consecuencias en la inflación y la competitividad.
Las perspectivas a mediano plazo no son del todo alentadoras. Expertos del sector energético advierten que las tarifas eléctricas podrían mantenerse elevadas al menos hasta el año 2027. Una posible disminución en los precios solo se vislumbraría a partir de 2028, siempre y cuando se conjuguen factores como la estabilización del dólar, una mayor penetración de energías renovables a precios competitivos y ajustes en los marcos regulatorios y contractuales.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que el subsidio eléctrico será fundamental para contener los efectos más adversos de estas alzas en la población. No obstante, la concreción de esta ayuda sigue siendo una tarea pendiente que marcará la agenda social y económica de los próximos meses. Mientras tanto, los consumidores deberán prepararse para un nuevo ajuste en sus finanzas, en un escenario donde el costo de la vida continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. La discusión sobre la estructura del mercado eléctrico, la deuda con las generadoras y la efectividad de las políticas públicas para proteger a los usuarios seguirá abierta y con nuevos capítulos por escribir.
Fuente información: Agencia MI
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