Crimen en Chile: extorsiones pasaron de 4 a 303 casos anuales
Un lapidario informe del nuevo Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) evidencia un "deterioro sostenido" de la seguridad pública en Chile entre 2014 y 2024. El estudio "Radiografía de la seguridad en Chile" constata un alza del 86% en homicidios, 74% en secuestros y la preocupante emergencia de la extorsión (de 4 a 303 casos anuales), junto a la consolidación de estructuras criminales transnacionales. La investigación plantea, además, siete desafíos urgentes para el recién creado Ministerio de Seguridad Pública en medio de una crisis que posiciona a la inseguridad como la principal preocupación ciudadana.
La Universidad Andrés Bello (UNAB), a través de su Instituto de Políticas Públicas (IPP), presentó recientemente los resultados de su informe "Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024", elaborado por el recién inaugurado Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT). La investigación arroja conclusiones preocupantes, confirmando un "deterioro sostenido de la seguridad pública en Chile y un incremento en el número de delitos violentos" durante la última década. Esta situación ha convertido la inseguridad en la "principal preocupación de las familias chilenas", como lo refleja un sondeo del propio IPP UNAB que indicó que el "98% de la población señaló que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional".
El OCRIT nace con el objetivo de "aportar desde la academia a la comprensión multidisciplinaria de los fenómenos delictuales que aquejan a Chile y monitorear la implementación de políticas que los aborden adecuadamente", según explicó la casa de estudios. La iniciativa fue valorada por autoridades presentes en su lanzamiento, como el Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien destacó el aporte "privado" para "profesionalizar el sector seguridad", y el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, por dotar de "insumos a las políticas públicas" basados en evidencia.
El análisis del OCRIT UNAB se centró en la evolución de diez delitos clave potencialmente utilizables por el crimen organizado, revelando incrementos alarmantes en la mayoría de ellos. Los homicidios crecieron un 86% entre 2014 y 2024, alcanzando una tasa nacional de 4,9 por cada 100 mil habitantes el último año. La Región Metropolitana concentró el 49% del total de estos crímenes en el período, y se registró un inquietante aumento del 16% en homicidios donde las víctimas eran menores de edad.
Los secuestros aumentaron un 74% en la misma década, con un peak en 2023. Si bien la Región Metropolitana concentra el 52% de los casos, el informe advierte que el alza en regiones con bajo nivel inicial sugiere una "propagación del fenómeno que excede criterios de densidad poblacional o urbanización". Quizás uno de los datos más reveladores es el explosivo aumento de las extorsiones, delito de muy baja prevalencia histórica en Chile, que pasó de solo 4 casos reportados en 2014 a 303 en el año 2024. Esto, según el estudio, evidencia la "emergencia de nuevas lógicas delictuales donde la violencia adquiere una dimensión instrumental sostenida y planificada".
Otros delitos con alzas significativas incluyen el porte de armas de fuego o explosivos, que registró un "alza significativa de un 62%" con incrementos en todas las regiones; el tráfico de sustancias (+29%); los robos con violencia o intimidación (+22%); y el robo de vehículos (+19%). En contraste, el robo por sorpresa mostró una leve disminución o estabilización (-1%) y el porte de arma punzante o cortante descendió un -23%. Las usurpaciones, por su parte, crecieron un 28% en la década analizada.
"El análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile y, por tanto, un cambio en la amenaza delictual que tiene como consecuencia la crisis de inseguridad que vive el país", señaló Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB y ex autoridad de gobierno. Añadió que delitos como homicidios, tráfico, secuestros, extorsiones y porte de armas "muestran un crecimiento importante, y también su presencia en regiones distintas a la región Metropolitana, especialmente en la Macrozona Norte, situación que evidencia la descentralización del fenómeno delictual".
El informe subraya la "potencial consolidación de estructuras criminales con capacidad operativa, despliegue territorial y articulación económica en el territorio nacional". Citando fuentes oficiales del Ministerio Público y Carabineros de Chile, el estudio identifica la presencia operativa de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales en el país. Estas incluyen cinco de origen venezolano (Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos), dos colombianas (Los Shottas y Los Espartanos), dos peruanas (Los Pulpos y Los del Callao), una dominicana (Los Trinitarios), una china (Clan Bang) y una mexicana (Jalisco Nueva Generación).
La socióloga y experta en seguridad pública, Lucía Dammert, quien participó como comentarista en la presentación, señaló que "Chile se integró al marco de los mercados ilegales. No es sólo un problema de criminalidad organizada. En Chile hay presencia de mercados como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el ingreso de oro ilegal y narcotráfico de drogas químicas", lo que añade capas de complejidad al desafío para el Estado.
Para medir de forma agregada el impacto, el OCRIT UNAB desarrolló un Índice de Delitos Potencialmente Utilizables por el Crimen Organizado, ponderando frecuencia, gravedad y vinculación con estas estructuras. Este índice mostró un aumento general del 13% entre 2014 y 2024 a nivel nacional, alcanzando su punto más alto en 2023. Es relevante destacar que 12 de las 16 regiones del país experimentaron un alza en este indicador. Las regiones con el índice más alto por cada 100 mil habitantes son Arica y Parinacota (330), Tarapacá (252) y Antofagasta (175), confirmando la fuerte presión delictual y la consolidación de estos fenómenos, especialmente en la Macrozona Norte.
Frente a este complejo y deteriorado escenario, el informe del OCRIT dedica una sección a identificar siete desafíos cruciales para el Ministerio de Seguridad Pública, cartera que inició formalmente sus funciones el pasado 1 de abril de 2024. Estos retos son considerados fundamentales para que la nueva institucionalidad logre revertir las tendencias y obtener resultados efectivos:
Pablo Urquízar enfatizó que el Ministerio de Seguridad Pública tiene el "desafío crucial en ser el ente rector de todo el Sistema de Seguridad Pública del país, articulando y ordenando las diferentes instituciones y servicios bajo los principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública".
Por su parte, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, recalcó la importancia de una "mirada sistémica" para la instalación eficaz de la nueva institucionalidad. "Entender esto como un asunto de Estado es lo que hace gran parte de la diferencia, lo que implica un esfuerzo por evitar a toda costa la politización de la seguridad pública", afirmó.
El informe de la UNAB no solo cuantifica el grave deterioro de la seguridad en Chile durante la última década, sino que también establece una hoja de ruta crítica para la nueva institucionalidad encargada de enfrentarlo. El éxito del Ministerio de Seguridad Pública en revertir estas alarmantes tendencias y desarticular las cada vez más complejas redes criminales que operan en el país dependerá en gran medida de su capacidad para abordar los siete desafíos identificados, logrando una coordinación estatal sin precedentes y una acción decidida basada en inteligencia y evidencia. La presión sobre las autoridades es máxima, en un contexto donde la seguridad se mantiene como la principal y más urgente demanda ciudadana, y donde los efectos del crimen organizado se hacen sentir con creciente fuerza en diversas regiones del territorio nacional. El monitoreo que realizará el OCRIT será clave para evaluar los avances en esta materia.
Fuente información: https://noticias.unab.cl/homicidios-secuestros-extorsiones-y-mas-los-delitos-vinculados-al-crimen-organizado-que-lideran-alza-en-una-decada-en-chile/
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La Universidad Andrés Bello (UNAB), a través de su Instituto de Políticas Públicas (IPP), presentó recientemente los resultados de su informe "Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024", elaborado por el recién inaugurado Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT). La investigación arroja conclusiones preocupantes, confirmando un "deterioro sostenido de la seguridad pública en Chile y un incremento en el número de delitos violentos" durante la última década. Esta situación ha convertido la inseguridad en la "principal preocupación de las familias chilenas", como lo refleja un sondeo del propio IPP UNAB que indicó que el "98% de la población señaló que el crimen organizado representa una amenaza para la seguridad nacional".
El OCRIT nace con el objetivo de "aportar desde la academia a la comprensión multidisciplinaria de los fenómenos delictuales que aquejan a Chile y monitorear la implementación de políticas que los aborden adecuadamente", según explicó la casa de estudios. La iniciativa fue valorada por autoridades presentes en su lanzamiento, como el Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien destacó el aporte "privado" para "profesionalizar el sector seguridad", y el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, por dotar de "insumos a las políticas públicas" basados en evidencia.
Preocupante alza en delitos violentos
El análisis del OCRIT UNAB se centró en la evolución de diez delitos clave potencialmente utilizables por el crimen organizado, revelando incrementos alarmantes en la mayoría de ellos. Los homicidios crecieron un 86% entre 2014 y 2024, alcanzando una tasa nacional de 4,9 por cada 100 mil habitantes el último año. La Región Metropolitana concentró el 49% del total de estos crímenes en el período, y se registró un inquietante aumento del 16% en homicidios donde las víctimas eran menores de edad.
Los secuestros aumentaron un 74% en la misma década, con un peak en 2023. Si bien la Región Metropolitana concentra el 52% de los casos, el informe advierte que el alza en regiones con bajo nivel inicial sugiere una "propagación del fenómeno que excede criterios de densidad poblacional o urbanización". Quizás uno de los datos más reveladores es el explosivo aumento de las extorsiones, delito de muy baja prevalencia histórica en Chile, que pasó de solo 4 casos reportados en 2014 a 303 en el año 2024. Esto, según el estudio, evidencia la "emergencia de nuevas lógicas delictuales donde la violencia adquiere una dimensión instrumental sostenida y planificada".
Otros delitos con alzas significativas incluyen el porte de armas de fuego o explosivos, que registró un "alza significativa de un 62%" con incrementos en todas las regiones; el tráfico de sustancias (+29%); los robos con violencia o intimidación (+22%); y el robo de vehículos (+19%). En contraste, el robo por sorpresa mostró una leve disminución o estabilización (-1%) y el porte de arma punzante o cortante descendió un -23%. Las usurpaciones, por su parte, crecieron un 28% en la década analizada.
"El análisis de los últimos 10 años permite concluir un incremento sustantivo de los delitos potencialmente vinculados al crimen organizado en Chile y, por tanto, un cambio en la amenaza delictual que tiene como consecuencia la crisis de inseguridad que vive el país", señaló Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB y ex autoridad de gobierno. Añadió que delitos como homicidios, tráfico, secuestros, extorsiones y porte de armas "muestran un crecimiento importante, y también su presencia en regiones distintas a la región Metropolitana, especialmente en la Macrozona Norte, situación que evidencia la descentralización del fenómeno delictual".
Expansión del crimen organizado transnacional
El informe subraya la "potencial consolidación de estructuras criminales con capacidad operativa, despliegue territorial y articulación económica en el territorio nacional". Citando fuentes oficiales del Ministerio Público y Carabineros de Chile, el estudio identifica la presencia operativa de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales en el país. Estas incluyen cinco de origen venezolano (Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Melean, Los Orientales y Los Valencianos), dos colombianas (Los Shottas y Los Espartanos), dos peruanas (Los Pulpos y Los del Callao), una dominicana (Los Trinitarios), una china (Clan Bang) y una mexicana (Jalisco Nueva Generación).
La socióloga y experta en seguridad pública, Lucía Dammert, quien participó como comentarista en la presentación, señaló que "Chile se integró al marco de los mercados ilegales. No es sólo un problema de criminalidad organizada. En Chile hay presencia de mercados como la trata de personas, el tráfico de migrantes, el ingreso de oro ilegal y narcotráfico de drogas químicas", lo que añade capas de complejidad al desafío para el Estado.
Para medir de forma agregada el impacto, el OCRIT UNAB desarrolló un Índice de Delitos Potencialmente Utilizables por el Crimen Organizado, ponderando frecuencia, gravedad y vinculación con estas estructuras. Este índice mostró un aumento general del 13% entre 2014 y 2024 a nivel nacional, alcanzando su punto más alto en 2023. Es relevante destacar que 12 de las 16 regiones del país experimentaron un alza en este indicador. Las regiones con el índice más alto por cada 100 mil habitantes son Arica y Parinacota (330), Tarapacá (252) y Antofagasta (175), confirmando la fuerte presión delictual y la consolidación de estos fenómenos, especialmente en la Macrozona Norte.
Siete desafíos clave para el nuevo Ministerio de Seguridad
Frente a este complejo y deteriorado escenario, el informe del OCRIT dedica una sección a identificar siete desafíos cruciales para el Ministerio de Seguridad Pública, cartera que inició formalmente sus funciones el pasado 1 de abril de 2024. Estos retos son considerados fundamentales para que la nueva institucionalidad logre revertir las tendencias y obtener resultados efectivos:
- Conducción política de la seguridad pública: Definir una orientación estratégica clara y sostenida a mediano y largo plazo, sin descuidar la respuesta a la contingencia.
- Interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación: Superar la histórica fragmentación entre policías, fiscalía, gendarmería y otros organismos, estableciendo mecanismos formales de coordinación y compatibilidad tecnológica.
- Ejecución del Sistema de Seguridad Pública: Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas que componen el sistema actúen de forma coordinada para prevenir el delito y garantizar el orden público.
- Inteligencia: Desarrollar capacidades robustas para anticipar tendencias delictuales, detectar nuevas configuraciones criminales y monitorear redes en tiempo real, siempre con respeto a los derechos fundamentales.
- Profesionalización de la seguridad pública: Fortalecer las capacidades técnicas internas para diseñar, implementar y evaluar políticas de seguridad basadas en evidencia científica y análisis riguroso.
- Foco en el crimen organizado y terrorismo: Priorizar la persecución y desarticulación de estos fenómenos por su capacidad de socavar las bases del Estado y afectar gravemente los derechos ciudadanos.
- Coordinación entre Delegados Presidenciales y Seremis de Seguridad: Asegurar una actuación armónica y sin contradicciones entre estas autoridades regionales para materializar la unidad de acción del Estado en los territorios.
Pablo Urquízar enfatizó que el Ministerio de Seguridad Pública tiene el "desafío crucial en ser el ente rector de todo el Sistema de Seguridad Pública del país, articulando y ordenando las diferentes instituciones y servicios bajo los principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación sobre la base de la Política Nacional de Seguridad Pública".
Por su parte, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, recalcó la importancia de una "mirada sistémica" para la instalación eficaz de la nueva institucionalidad. "Entender esto como un asunto de Estado es lo que hace gran parte de la diferencia, lo que implica un esfuerzo por evitar a toda costa la politización de la seguridad pública", afirmó.
Proyección: Un camino cuesta arriba
El informe de la UNAB no solo cuantifica el grave deterioro de la seguridad en Chile durante la última década, sino que también establece una hoja de ruta crítica para la nueva institucionalidad encargada de enfrentarlo. El éxito del Ministerio de Seguridad Pública en revertir estas alarmantes tendencias y desarticular las cada vez más complejas redes criminales que operan en el país dependerá en gran medida de su capacidad para abordar los siete desafíos identificados, logrando una coordinación estatal sin precedentes y una acción decidida basada en inteligencia y evidencia. La presión sobre las autoridades es máxima, en un contexto donde la seguridad se mantiene como la principal y más urgente demanda ciudadana, y donde los efectos del crimen organizado se hacen sentir con creciente fuerza en diversas regiones del territorio nacional. El monitoreo que realizará el OCRIT será clave para evaluar los avances en esta materia.
Para entender mejor
- UNAB: Universidad Andrés Bello, institución privada de educación superior en Chile.
- IPP: Instituto de Políticas Públicas, centro de estudios perteneciente a la UNAB.
- OCRIT: Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, unidad especializada creada por el IPP de la UNAB para investigar y monitorear estos fenómenos.
- Ministerio de Seguridad Pública: Nueva cartera de Estado en Chile, creada para coordinar las políticas y acciones en materia de seguridad pública y orden público, separando estas funciones del Ministerio del Interior. Entró en vigencia el 1 de abril de 2024.
- Crimen Organizado Transnacional: Grupos delictivos estructurados, con jerarquías y roles definidos, que operan cruzando fronteras nacionales para cometer delitos graves (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, secuestro, extorsión, etcétera) buscando beneficios económicos o de poder.
- RM: Sigla comúnmente utilizada para referirse a la Región Metropolitana de Santiago.
- Macrozona Norte: Término geográfico y político que generalmente agrupa a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, caracterizadas por desafíos particulares en materia de seguridad, migración y crimen organizado.
- Interinstitucionalidad: Colaboración y coordinación efectiva entre distintas instituciones del Estado (ejemplo: policías, fiscalía, tribunales, gobierno).
- Interoperabilidad: Capacidad de diferentes sistemas (especialmente tecnológicos y de información) para funcionar juntos, intercambiar y utilizar información de manera coordinada (ejemplo: bases de datos policiales y de fiscalía).
- Seremi: Secretario Regional Ministerial. Representante de un ministerio específico en cada una de las regiones de Chile. En este caso, los Seremis de Seguridad Pública dependen del nuevo ministerio.
- Delegado Presidencial: Autoridad que representa al Presidente de la República en cada región y provincia, encargado de la coordinación del gobierno interior y la seguridad pública a nivel territorial (antes conocidos como Intendentes y Gobernadores).
Fuente información: https://noticias.unab.cl/homicidios-secuestros-extorsiones-y-mas-los-delitos-vinculados-al-crimen-organizado-que-lideran-alza-en-una-decada-en-chile/
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