Encuesta Agudiza Crisis en el Gobierno y Formalización de Catalina Pérez Remece al Frente Amplio
Una nueva entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem ha encendido las alarmas en La Moneda, revelando que la aprobación del Gobierno ha alcanzado su punto más bajo, con un 70% de desaprobación ciudadana. Este complejo escenario se ve agravado por la reciente formalización de la diputada Catalina Pérez (RD) en el marco del denominado "Caso Convenios" y las continuas repercusiones del "Caso ProCultura", que han salpicado directamente al Frente Amplio y, por extensión, a la administración del Presidente Gabriel Boric.
El panorama político nacional se ha visto sacudido por una confluencia de factores que han minado la confianza ciudadana en el Ejecutivo y en parte del oficialismo. La encuesta Cadem, correspondiente a la última semana, evidencia un deterioro significativo en la imagen presidencial, un hecho que analistas atribuyen al impacto sostenido de investigaciones por presunta corrupción, como el "Caso Convenios", y a la formalización de figuras emblemáticas del Frente Amplio, como la diputada Catalina Pérez.
El sondeo refleja un malestar ciudadano que se nutre de diversos frentes. Por un lado, la gestión gubernamental es evaluada negativamente por un contundente 70% de los encuestados. Analistas como Fabián Cortés, en diálogo con el Política Podcast, señalan que si bien las noticias desfavorables eran esperables, el foco no ha estado directamente en la figura presidencial en todos los casos, sino en situaciones como la de Catalina Pérez o el caso ProCultura que involucra al Frente Amplio. No obstante, la sensibilidad generada por estos escándalos inevitablemente "salpica de mayor manera al presidente".
Un elemento central en la actual crisis de credibilidad es la formalización de la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria, figura prominente de Revolución Democrática (RD) –partido fundador del Frente Amplio–, enfrenta cargos en la investigación por presuntas irregularidades en millonarios traspasos de fondos públicos a fundaciones, particularmente el caso ligado a Democracia Viva. La investigación ha revelado detalles sobre su presunta coordinación con Daniel Andrade, su expareja y representante de la fundación, lo que ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la "superioridad moral" que el sector alguna vez proclamó.
Este caso se enmarca en el escándalo más amplio de las fundaciones, donde ProCultura también ha sido objeto de escrutinio. Se ha especulado que fondos de fundaciones como ProCultura podrían haber beneficiado o apoyado la campaña del actual presidente, aunque hasta ahora no existen pruebas ni acusaciones formales al respecto, según se comentó en el espacio radial.
Paralelamente, la actuación de la Fiscalía y, en particular, del fiscal regional de Antofagasta, Cristián Aguilar (referido en el podcast como Fiscal Cooper), ha estado en el centro del debate. El intento del persecutor de solicitar la intervención telefónica del Presidente Gabriel Boric en el marco de estas investigaciones, aunque fue denegado por un juez de garantía, generó controversia. Mientras algunos sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista han cuestionado al fiscal e incluso planteado su remoción, otros defienden su potestad para investigar "caiga quien caiga", una frase que el propio Presidente Boric utilizó al inicio del "Caso Fundaciones".
El debate también se ha centrado en la recurrencia de filtraciones de información desde el Poder Judicial hacia los medios de comunicación. Rocío Gambra, conductora del podcast, y Fabián Cortés coincidieron en que estas filtraciones, si bien pueden sacar a la luz casos de corrupción –lo cual es valorado por la ciudadanía–, también causan un "daño terrible a la política" y a la credibilidad de las instituciones. Se planteó un "doble estándar" en la recepción de estas filtraciones, dependiendo de a quién afecten, recordando el caso Hermosilla, cuyas filtraciones fueron ampliamente difundidas y comentadas. Cortés subrayó que una filtración "está fuera de la norma" y daña la imagen del Poder Judicial, aunque reconoció que la revelación de la corrupción es necesaria.
La seguidilla de escándalos ha exacerbado la frustración ciudadana, alimentando la percepción de que "las instituciones están podridas por la corrupción", como expresó un auditor del programa. Sin embargo, también se destaca que el hecho de que estas investigaciones avancen, involucrando a figuras de alto nivel como el exdirector de la PDI, ministros de la Corte Suprema (en el caso Hermosilla), y ahora parlamentarios, demuestra que, al menos en cierta medida, las instituciones están funcionando.
Se enfatizó la importancia de los contrapesos institucionales, como el rol de los jueces de garantía para asegurar que las investigaciones fiscales no excedan sus atribuciones. La discusión también abordó la lentitud de los tiempos judiciales en comparación con los tiempos políticos, lo que a menudo genera una sensación de impunidad en la ciudadanía. No obstante, se recordaron casos como los de la exalcaldesa Cathy Barriga o el exalcalde Raúl Torrealba, quienes enfrentan procesos judiciales.
La corrupción fue descrita como un fenómeno inherente al ser humano y a las instituciones a lo largo de la historia, y se subrayó la necesidad constante de fiscalizar y sancionar, independientemente del color político. Se mencionó el "Mop Gate" y los sobresueldos como ejemplos de escándalos de corrupción en décadas pasadas que también enfrentaron procesos y generaron reformas.
En el contexto de una incipiente carrera presidencial, se planteó la necesidad de una mayor transparencia y de que los políticos actúen a la altura de las expectativas ciudadanas. Un punto de debate fue el comportamiento de parlamentarios que, estando en campaña presidencial, no renuncian a su dieta parlamentaria, una práctica que genera cuestionamientos éticos. Se hizo un llamado a la ciudadanía a observar quiénes "se están comportando a la altura".
Fuente información: Rocío Gambra
El panorama político nacional se ha visto sacudido por una confluencia de factores que han minado la confianza ciudadana en el Ejecutivo y en parte del oficialismo. La encuesta Cadem, correspondiente a la última semana, evidencia un deterioro significativo en la imagen presidencial, un hecho que analistas atribuyen al impacto sostenido de investigaciones por presunta corrupción, como el "Caso Convenios", y a la formalización de figuras emblemáticas del Frente Amplio, como la diputada Catalina Pérez.
El sondeo refleja un malestar ciudadano que se nutre de diversos frentes. Por un lado, la gestión gubernamental es evaluada negativamente por un contundente 70% de los encuestados. Analistas como Fabián Cortés, en diálogo con el Política Podcast, señalan que si bien las noticias desfavorables eran esperables, el foco no ha estado directamente en la figura presidencial en todos los casos, sino en situaciones como la de Catalina Pérez o el caso ProCultura que involucra al Frente Amplio. No obstante, la sensibilidad generada por estos escándalos inevitablemente "salpica de mayor manera al presidente".
Un elemento central en la actual crisis de credibilidad es la formalización de la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria, figura prominente de Revolución Democrática (RD) –partido fundador del Frente Amplio–, enfrenta cargos en la investigación por presuntas irregularidades en millonarios traspasos de fondos públicos a fundaciones, particularmente el caso ligado a Democracia Viva. La investigación ha revelado detalles sobre su presunta coordinación con Daniel Andrade, su expareja y representante de la fundación, lo que ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la "superioridad moral" que el sector alguna vez proclamó.
Este caso se enmarca en el escándalo más amplio de las fundaciones, donde ProCultura también ha sido objeto de escrutinio. Se ha especulado que fondos de fundaciones como ProCultura podrían haber beneficiado o apoyado la campaña del actual presidente, aunque hasta ahora no existen pruebas ni acusaciones formales al respecto, según se comentó en el espacio radial.
Paralelamente, la actuación de la Fiscalía y, en particular, del fiscal regional de Antofagasta, Cristián Aguilar (referido en el podcast como Fiscal Cooper), ha estado en el centro del debate. El intento del persecutor de solicitar la intervención telefónica del Presidente Gabriel Boric en el marco de estas investigaciones, aunque fue denegado por un juez de garantía, generó controversia. Mientras algunos sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista han cuestionado al fiscal e incluso planteado su remoción, otros defienden su potestad para investigar "caiga quien caiga", una frase que el propio Presidente Boric utilizó al inicio del "Caso Fundaciones".
El debate también se ha centrado en la recurrencia de filtraciones de información desde el Poder Judicial hacia los medios de comunicación. Rocío Gambra, conductora del podcast, y Fabián Cortés coincidieron en que estas filtraciones, si bien pueden sacar a la luz casos de corrupción –lo cual es valorado por la ciudadanía–, también causan un "daño terrible a la política" y a la credibilidad de las instituciones. Se planteó un "doble estándar" en la recepción de estas filtraciones, dependiendo de a quién afecten, recordando el caso Hermosilla, cuyas filtraciones fueron ampliamente difundidas y comentadas. Cortés subrayó que una filtración "está fuera de la norma" y daña la imagen del Poder Judicial, aunque reconoció que la revelación de la corrupción es necesaria.
La seguidilla de escándalos ha exacerbado la frustración ciudadana, alimentando la percepción de que "las instituciones están podridas por la corrupción", como expresó un auditor del programa. Sin embargo, también se destaca que el hecho de que estas investigaciones avancen, involucrando a figuras de alto nivel como el exdirector de la PDI, ministros de la Corte Suprema (en el caso Hermosilla), y ahora parlamentarios, demuestra que, al menos en cierta medida, las instituciones están funcionando.
Se enfatizó la importancia de los contrapesos institucionales, como el rol de los jueces de garantía para asegurar que las investigaciones fiscales no excedan sus atribuciones. La discusión también abordó la lentitud de los tiempos judiciales en comparación con los tiempos políticos, lo que a menudo genera una sensación de impunidad en la ciudadanía. No obstante, se recordaron casos como los de la exalcaldesa Cathy Barriga o el exalcalde Raúl Torrealba, quienes enfrentan procesos judiciales.
La corrupción fue descrita como un fenómeno inherente al ser humano y a las instituciones a lo largo de la historia, y se subrayó la necesidad constante de fiscalizar y sancionar, independientemente del color político. Se mencionó el "Mop Gate" y los sobresueldos como ejemplos de escándalos de corrupción en décadas pasadas que también enfrentaron procesos y generaron reformas.
En el contexto de una incipiente carrera presidencial, se planteó la necesidad de una mayor transparencia y de que los políticos actúen a la altura de las expectativas ciudadanas. Un punto de debate fue el comportamiento de parlamentarios que, estando en campaña presidencial, no renuncian a su dieta parlamentaria, una práctica que genera cuestionamientos éticos. Se hizo un llamado a la ciudadanía a observar quiénes "se están comportando a la altura".
Fuente información: Rocío Gambra
