Senador Kast cuestiona millonaria propuesta de compensación territorial de la "Comisión de Paz y Entendimiento"
Senador Kast Analiza Informe de Comisión de Paz y Entendimiento: Destaca Acuerdos y Formula Críticas a Propuestas Clave. (Video a pie de nota)
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento hizo público su informe final, generando diversas reacciones en el ámbito político. El Senador Felipe Kast realizó un análisis detallado de las propuestas, expresando su respaldo a puntos como el reconocimiento constitucional y las políticas culturales para el pueblo Mapuche, pero manifestando serias dudas respecto al mecanismo de devolución de tierras y la creación de nueva institucionalidad, calificando algunas medidas como desproporcionadas y con un supuesto "poco riguroso". El parlamentario puso énfasis en la necesidad de un catastro fidedigno de Títulos de Merced antes de asignar cuantiosas compensaciones.
El informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, tras operar desde junio de 2023 hasta abril de 2025, presentó diversas recomendaciones para abordar la compleja situación en la Macrozona Sur. Entre ellas, se incluye el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, una propuesta que el Senador Kast considera "del todo razonable" y "muy antiguo que se ha discutido, no hay mucha polémica". Asimismo, valoró positivamente las políticas culturales orientadas a revitalizar la lengua y tradiciones del pueblo Mapuche, al que describió como "un pueblo maravilloso que tiene una cosmovisión preciosa".
Sin embargo, el Senador Kast expresó sus "dudas" respecto a otras propuestas contenidas en el informe. Cuestionó la creación de una nueva institucionalidad similar al Consejo de la CONADI, señalando que los pueblos originarios "muchas veces no se sienten representados con este tipo de organismos públicos que a veces incluso son cuestionados por los líderes tradicionales". De igual forma, manifestó su desacuerdo con la propuesta de un órgano de alta jerarquía para asuntos indígenas, que en la práctica sería un nuevo ministerio, calificándolo como una "mala idea" y señalando que no se necesita "más burocracia".
Uno de los puntos más críticos del análisis del Senador Kast fue el mecanismo de devolución de tierras y la propuesta de reparación. Si bien consideró que la reparación a las víctimas de la violencia es una "buena idea", lamentó que "no queda claro cuántas recursos van aquellos". Subrayó una percepción de desbalance en la asignación de recursos, indicando que de los 4.000 millones de dólares contemplados, "probablemente sería menos del 5% de esos recursos para las víctimas del terrorismo y el 95% sería para devolución de tierras". En este sentido, abogó por apoyar la ley de reparación de víctimas del terrorismo, quienes "siguen esperando que se haga justicia por una negligencia del Estado".
Respecto al mecanismo de devolución de tierras, el Senador Kast sostuvo que, en principio, no es algo a lo que uno deba oponerse siempre, especialmente cuando existen Títulos de Merced y documentación seria que acredite la expropiación de una comunidad. Recordó que en 2019, junto al ex comisionado Alfredo Moreno y el ex director de CONADI, Ignacio Malig, propusieron un mecanismo basado en un catastro de Títulos de Merced, donde las comunidades con documentación podrían postular a un máximo de 200 hectáreas.
La principal objeción del Senador Kast radica en el supuesto utilizado por la comisión para la compensación de tierras. Criticó que se proponga una compensación de 80 millones de pesos por familia para todas las comunidades que tienen "aplicabilidad", estimadas en más de 700, lo que implicaría un desembolso superior a los 3.000 millones de dólares para 45.000 familias. Kast calificó este supuesto como "poco riguroso" y cuestionó la justicia de entregar una compensación a todas las comunidades simplemente por estar inscritas, comparándolo con entregar casas a todos los postulantes a un subsidio de vivienda sin verificar si cumplen con los requisitos.
El parlamentario lamentó que la comisión no llevara adelante el catastro de Títulos de Merced durante sus dos años de funcionamiento, un catastro que, según mencionó, ya había sido propuesto y tomado razón por la Contraloría. A su juicio, este catastro habría permitido determinar con precisión la "merma" o diferencia entre las hectáreas que una comunidad tenía con título y lo que ha recibido, haciendo el proceso de compensación "más fino, más preciso y más justo".
El Senador Kast detalló la distribución de los 4.000 millones de dólares propuestos, señalando que la mayor parte, 3.266 millones, se destinarían a los grupos con aplicabilidad en lista de espera; 600 millones para futuros grupos postulantes; y un remanente de 120 millones para quienes ya recibieron tierras pero podrían tener una merma pendiente.
A modo de cierre, el Senador Kast consideró que el debate generado por el informe es positivo y existe un buen clima, pero reiteró que la propuesta presenta "luces y sombras". Resumió sus principales desacuerdos en dos puntos: el aumento de burocracia y el supuesto sobre el cual se basa la devolución de tierras.
Proyectando los próximos pasos, el Senador Kast estimó que el proceso probablemente incluirá una consulta indígena. Dada la magnitud de los recursos involucrados, sugirió que podría ser adecuado que el informe pase por un plebiscito nacional, considerando que es una decisión que "también compete a todos los chilenos y chilenas".
Para entender mejor:
Fuente información: Rocío Gambra
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La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento hizo público su informe final, generando diversas reacciones en el ámbito político. El Senador Felipe Kast realizó un análisis detallado de las propuestas, expresando su respaldo a puntos como el reconocimiento constitucional y las políticas culturales para el pueblo Mapuche, pero manifestando serias dudas respecto al mecanismo de devolución de tierras y la creación de nueva institucionalidad, calificando algunas medidas como desproporcionadas y con un supuesto "poco riguroso". El parlamentario puso énfasis en la necesidad de un catastro fidedigno de Títulos de Merced antes de asignar cuantiosas compensaciones.
El informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, tras operar desde junio de 2023 hasta abril de 2025, presentó diversas recomendaciones para abordar la compleja situación en la Macrozona Sur. Entre ellas, se incluye el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, una propuesta que el Senador Kast considera "del todo razonable" y "muy antiguo que se ha discutido, no hay mucha polémica". Asimismo, valoró positivamente las políticas culturales orientadas a revitalizar la lengua y tradiciones del pueblo Mapuche, al que describió como "un pueblo maravilloso que tiene una cosmovisión preciosa".
Sin embargo, el Senador Kast expresó sus "dudas" respecto a otras propuestas contenidas en el informe. Cuestionó la creación de una nueva institucionalidad similar al Consejo de la CONADI, señalando que los pueblos originarios "muchas veces no se sienten representados con este tipo de organismos públicos que a veces incluso son cuestionados por los líderes tradicionales". De igual forma, manifestó su desacuerdo con la propuesta de un órgano de alta jerarquía para asuntos indígenas, que en la práctica sería un nuevo ministerio, calificándolo como una "mala idea" y señalando que no se necesita "más burocracia".
Uno de los puntos más críticos del análisis del Senador Kast fue el mecanismo de devolución de tierras y la propuesta de reparación. Si bien consideró que la reparación a las víctimas de la violencia es una "buena idea", lamentó que "no queda claro cuántas recursos van aquellos". Subrayó una percepción de desbalance en la asignación de recursos, indicando que de los 4.000 millones de dólares contemplados, "probablemente sería menos del 5% de esos recursos para las víctimas del terrorismo y el 95% sería para devolución de tierras". En este sentido, abogó por apoyar la ley de reparación de víctimas del terrorismo, quienes "siguen esperando que se haga justicia por una negligencia del Estado".
Respecto al mecanismo de devolución de tierras, el Senador Kast sostuvo que, en principio, no es algo a lo que uno deba oponerse siempre, especialmente cuando existen Títulos de Merced y documentación seria que acredite la expropiación de una comunidad. Recordó que en 2019, junto al ex comisionado Alfredo Moreno y el ex director de CONADI, Ignacio Malig, propusieron un mecanismo basado en un catastro de Títulos de Merced, donde las comunidades con documentación podrían postular a un máximo de 200 hectáreas.
La principal objeción del Senador Kast radica en el supuesto utilizado por la comisión para la compensación de tierras. Criticó que se proponga una compensación de 80 millones de pesos por familia para todas las comunidades que tienen "aplicabilidad", estimadas en más de 700, lo que implicaría un desembolso superior a los 3.000 millones de dólares para 45.000 familias. Kast calificó este supuesto como "poco riguroso" y cuestionó la justicia de entregar una compensación a todas las comunidades simplemente por estar inscritas, comparándolo con entregar casas a todos los postulantes a un subsidio de vivienda sin verificar si cumplen con los requisitos.
El parlamentario lamentó que la comisión no llevara adelante el catastro de Títulos de Merced durante sus dos años de funcionamiento, un catastro que, según mencionó, ya había sido propuesto y tomado razón por la Contraloría. A su juicio, este catastro habría permitido determinar con precisión la "merma" o diferencia entre las hectáreas que una comunidad tenía con título y lo que ha recibido, haciendo el proceso de compensación "más fino, más preciso y más justo".
El Senador Kast detalló la distribución de los 4.000 millones de dólares propuestos, señalando que la mayor parte, 3.266 millones, se destinarían a los grupos con aplicabilidad en lista de espera; 600 millones para futuros grupos postulantes; y un remanente de 120 millones para quienes ya recibieron tierras pero podrían tener una merma pendiente.
A modo de cierre, el Senador Kast consideró que el debate generado por el informe es positivo y existe un buen clima, pero reiteró que la propuesta presenta "luces y sombras". Resumió sus principales desacuerdos en dos puntos: el aumento de burocracia y el supuesto sobre el cual se basa la devolución de tierras.
Proyectando los próximos pasos, el Senador Kast estimó que el proceso probablemente incluirá una consulta indígena. Dada la magnitud de los recursos involucrados, sugirió que podría ser adecuado que el informe pase por un plebiscito nacional, considerando que es una decisión que "también compete a todos los chilenos y chilenas".
Para entender mejor:
- CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo del Estado chileno encargado de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas.
- Títulos de Merced: Documentos históricos otorgados por el Estado chileno en el siglo XIX a comunidades mapuches, que reconocían la propiedad sobre ciertas extensiones de tierra.
- Aplicabilidad: En el contexto de la devolución de tierras, se refiere a si una comunidad o individuo cumple con los criterios y requisitos para postular a la restitución o compensación de tierras, a menudo vinculado a la posesión de Títulos de Merced.
- Merma: Diferencia entre la cantidad de tierra reconocida a una comunidad mediante Títulos de Merced u otros documentos históricos y la cantidad de tierra que actualmente poseen o les ha sido restituida. Representa la porción de tierra que falta por restituir o compensar.
- Catastro de Títulos de Merced: Proceso de levantamiento y sistematización de información sobre los Títulos de Merced existentes, su ubicación, extensión y los datos de las comunidades asociadas, con el fin de tener un registro preciso para los procesos de restitución o compensación territorial.
- Consulta Indígena: Proceso de diálogo y acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, previo a la adopción de medidas administrativas o legislativas que afecten sus derechos, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.
Fuente información: Rocío Gambra
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