3.500 funcionarios utilizaron licencias médicas emitidas por médicos bajo investigación penal
Un devastador informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha sacado a la luz un extenso esquema de fraude en el sistema de licencias médicas del sector público. La investigación, correspondiente al decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC), detectó que 3.532 servidores públicos hicieron uso de licencias fraudulentas entre 2020 y 2022. Estos documentos fueron emitidos por un grupo de 44 médicos que actualmente enfrentan una investigación penal. El análisis reveló que el 79% de los permisos correspondía a diagnósticos de salud mental, y que diez de los facultativos investigados, todos extranjeros, llegaron a ejercer como funcionarios públicos, cinco de ellos sin contar con el examen EUNACOM, requisito indispensable para trabajar en el sistema estatal.
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en jaque la probidad de una parte del aparato estatal al publicar los resultados de una exhaustiva investigación sobre el uso de licencias médicas. El informe detalla cómo miles de funcionarios se beneficiaron de un sistema fraudulento para obtener reposo laboral remunerado, con un grave perjuicio para las arcas fiscales y la fe pública.
La investigación, consolidada en el informe CIC número trece, se centró en el análisis de 10.111 licencias médicas emitidas por un grupo específico de 44 médicos, quienes ya se encontraban en el radar de la Fiscalía por su presunta participación en la emisión masiva de documentos fraudulentos. El período analizado abarca desde el año 2020 hasta el 2022, un lapso en el que se autorizaron, solo con estos documentos, cerca de 192 mil días de reposo.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la prevalencia de los diagnósticos de salud mental. Según la CGR, un 79% de las licencias fraudulentas correspondía a patologías de esta índole, las que en conjunto sumaron un total de 192.781 días de reposo autorizados. Esta cifra no solo evidencia una vulnerabilidad en la fiscalización de este tipo de diagnósticos, sino que también apunta a un patrón de abuso sistemático.
La situación se torna más crítica al constatar que, de esa decena de médicos, cinco de ellos no contaban con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) aprobado. Este examen es un requisito legal y obligatorio para que cualquier médico, chileno o extranjero, pueda ser contratado en el sistema público de salud, en establecimientos municipales o en recintos que mantengan convenios con el Estado. Su ausencia implica que estos individuos no solo emitieron licencias fraudulentas, sino que además ejercieron la medicina en el sector público sin la certificación requerida por ley.
De manera aún más preocupante, se identificó que 1.208 de estas nuevas licencias fraudulentas fueron emitidas por seis de los mismos 44 médicos que ya estaban siendo investigados. Este hallazgo sugiere que, pese a las indagatorias penales en curso, parte de la red continuó operando, lo que plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los controles y sanciones.
Una arista clave en este proceso es que la existencia de una investigación penal en curso por parte de la Fiscalía tiene un efecto jurídico fundamental: impide que opere la prescripción de la responsabilidad administrativa. Esto significa que los funcionarios no podrán eludir una eventual sanción disciplinaria —que puede ir desde una anotación de demérito hasta la destitución de su cargo— argumentando que el plazo para investigar los hechos ha expirado. Se espera que en los próximos meses los distintos servicios públicos comiencen a materializar estas investigaciones internas, en paralelo al avance de la causa penal que busca determinar
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/noticias/-/asset_publisher/AmxFf8h7l735/content/cic-13
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en jaque la probidad de una parte del aparato estatal al publicar los resultados de una exhaustiva investigación sobre el uso de licencias médicas. El informe detalla cómo miles de funcionarios se beneficiaron de un sistema fraudulento para obtener reposo laboral remunerado, con un grave perjuicio para las arcas fiscales y la fe pública.
La investigación, consolidada en el informe CIC número trece, se centró en el análisis de 10.111 licencias médicas emitidas por un grupo específico de 44 médicos, quienes ya se encontraban en el radar de la Fiscalía por su presunta participación en la emisión masiva de documentos fraudulentos. El período analizado abarca desde el año 2020 hasta el 2022, un lapso en el que se autorizaron, solo con estos documentos, cerca de 192 mil días de reposo.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la prevalencia de los diagnósticos de salud mental. Según la CGR, un 79% de las licencias fraudulentas correspondía a patologías de esta índole, las que en conjunto sumaron un total de 192.781 días de reposo autorizados. Esta cifra no solo evidencia una vulnerabilidad en la fiscalización de este tipo de diagnósticos, sino que también apunta a un patrón de abuso sistemático.
Médicos investigados: Algunos ejercieron en el propio Estado
El foco de la investigación no solo se posa sobre los funcionarios que utilizaron estas licencias, sino también sobre los profesionales que las emitieron. De los 44 médicos investigados penalmente, el informe de Contraloría revela un dato aún más grave: diez de ellos, todos de nacionalidad extranjera, ejercieron como funcionarios públicos en distintos organismos del Estado entre los años 2019 y 2024.La situación se torna más crítica al constatar que, de esa decena de médicos, cinco de ellos no contaban con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) aprobado. Este examen es un requisito legal y obligatorio para que cualquier médico, chileno o extranjero, pueda ser contratado en el sistema público de salud, en establecimientos municipales o en recintos que mantengan convenios con el Estado. Su ausencia implica que estos individuos no solo emitieron licencias fraudulentas, sino que además ejercieron la medicina en el sector público sin la certificación requerida por ley.
La reincidencia: un problema que persiste
Lejos de ser un hecho aislado en el tiempo, el informe de Contraloría advierte sobre la persistencia de estas malas prácticas. El análisis detectó que **5.284 trabajadores que utilizaron licencias fraudulentas entre 2020 y 2022 reincidieron en esta conducta entre los años 2023 y 2025.De manera aún más preocupante, se identificó que 1.208 de estas nuevas licencias fraudulentas fueron emitidas por seis de los mismos 44 médicos que ya estaban siendo investigados. Este hallazgo sugiere que, pese a las indagatorias penales en curso, parte de la red continuó operando, lo que plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los controles y sanciones.
Proyección: Sumarios y responsabilidad administrativa
Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría General de la República ha anunciado que notificará a todos los organismos públicos involucrados para que inicien los respectivos sumarios administrativos en contra de los 3.532 funcionarios identificados.Una arista clave en este proceso es que la existencia de una investigación penal en curso por parte de la Fiscalía tiene un efecto jurídico fundamental: impide que opere la prescripción de la responsabilidad administrativa. Esto significa que los funcionarios no podrán eludir una eventual sanción disciplinaria —que puede ir desde una anotación de demérito hasta la destitución de su cargo— argumentando que el plazo para investigar los hechos ha expirado. Se espera que en los próximos meses los distintos servicios públicos comiencen a materializar estas investigaciones internas, en paralelo al avance de la causa penal que busca determinar
Fuente información: https://www.contraloria.cl/portalweb/web/cgr/noticias/-/asset_publisher/AmxFf8h7l735/content/cic-13
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