Tensión en el INDH: Contraloría investiga paro de funcionarios tras solicitud de diputado Lilayú
La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado formalmente la recopilación de antecedentes sobre la paralización de actividades que afecta al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde el pasado 16 de junio. La acción del ente fiscalizador responde a un oficio presentado por el diputado Daniel Lilayú (UDI), quien solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la movilización y la eventual aplicación de descuentos salariales a los trabajadores involucrados. El organismo contralor, con fecha 27 de junio, requirió a la dirección del INDH la entrega de un informe detallado en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Un nuevo capítulo se abrió en el conflicto que enfrenta a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con su directora, Consuelo Contreras. La Contraloría General de la República intervino formalmente en la disputa, iniciando un proceso de recopilación de antecedentes para evaluar la legalidad del paro que la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) mantiene desde el 16 de junio.
El requerimiento formal fue despachado por el organismo contralor el pasado 27 de junio, estableciendo un plazo perentorio de 10 días hábiles para que el INDH, en su calidad de servicio público, remita toda la información pertinente a la paralización. Esta acción busca determinar si la movilización se ajusta a la normativa vigente para el sector público y, en consecuencia, si procede la aplicación de descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que adhirieron a ella.
La intervención del ente fiscalizador tiene su origen en la gestión del diputado por la Región de Los Lagos, Daniel Lilayú, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El parlamentario ingresó un oficio solicitando a la Contraloría que se pronunciara sobre la situación, argumentando la necesidad de resguardar el correcto uso de los recursos fiscales y la continuidad del servicio público.
En declaraciones relacionadas a su solicitud, el diputado Lilayu fue enfático en la necesidad de aplicar las normativas administrativas. "Es muy importante que se haya iniciado una investigación por parte de la Contraloría para ver la legalidad de este paro de funcionarios del INDH y, por supuesto, que se apliquen todos los descuentos salariales que correspondan", señaló el parlamentario al diario La Tercera.
Además, Lilayú estableció un parangón con el reciente paro de profesores, un conflicto de alta connotación pública donde la Contraloría también jugó un rol clave al monitorear y validar la potestad de los sostenedores para aplicar descuentos por los días no trabajados. Para el legislador, la situación en el INDH debe seguir el mismo criterio de rigurosidad administrativa, sin importar la naturaleza de la institución afectada.
La movilización que motivó esta controversia institucional fue convocada de manera indefinida por la AFFINDH el 16 de junio. La principal razón esgrimida por los funcionarios es un profundo descontento con la gestión de la directora del organismo, Consuelo Contreras.
Según han comunicado los representantes de los trabajadores, el punto central del quiebre ha sido la presunta negativa de la dirección del instituto a implementar medidas efectivas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, con especial énfasis en las necesidades de cuidado de menores. Los funcionarios acusan una falta de diálogo y empatía por parte de la dirección para abordar problemáticas que consideran fundamentales para un ambiente laboral sano, especialmente en una institución cuya misión es la defensa de los derechos humanos.
La paralización ha generado una tensión evidente dentro de una de las instituciones más simbólicas del Estado chileno, encargada de velar por la promoción y protección de los derechos fundamentales en el país.
Con la solicitud de Contraloría en curso, el foco se traslada ahora a la respuesta que entregará la dirección del INDH dentro del plazo establecido. El informe que emita la institución será clave para la decisión final del ente contralor.
El dictamen que emita la Contraloría no solo definirá la legalidad de los eventuales descuentos para este caso particular, sino que también podría sentar un precedente importante para futuras movilizaciones en servicios públicos autónomos. Mientras tanto, el conflicto interno en el Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue sin resolverse, a la espera de un acercamiento entre las partes que permita destrabar una movilización que ya se extiende por varias semanas y que ahora suma un flanco de fiscalización externa.
Fuente información: Agencia MI
Un nuevo capítulo se abrió en el conflicto que enfrenta a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con su directora, Consuelo Contreras. La Contraloría General de la República intervino formalmente en la disputa, iniciando un proceso de recopilación de antecedentes para evaluar la legalidad del paro que la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) mantiene desde el 16 de junio.
El requerimiento formal fue despachado por el organismo contralor el pasado 27 de junio, estableciendo un plazo perentorio de 10 días hábiles para que el INDH, en su calidad de servicio público, remita toda la información pertinente a la paralización. Esta acción busca determinar si la movilización se ajusta a la normativa vigente para el sector público y, en consecuencia, si procede la aplicación de descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que adhirieron a ella.
La intervención del ente fiscalizador tiene su origen en la gestión del diputado por la Región de Los Lagos, Daniel Lilayú, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El parlamentario ingresó un oficio solicitando a la Contraloría que se pronunciara sobre la situación, argumentando la necesidad de resguardar el correcto uso de los recursos fiscales y la continuidad del servicio público.
En declaraciones relacionadas a su solicitud, el diputado Lilayu fue enfático en la necesidad de aplicar las normativas administrativas. "Es muy importante que se haya iniciado una investigación por parte de la Contraloría para ver la legalidad de este paro de funcionarios del INDH y, por supuesto, que se apliquen todos los descuentos salariales que correspondan", señaló el parlamentario al diario La Tercera.
Además, Lilayú estableció un parangón con el reciente paro de profesores, un conflicto de alta connotación pública donde la Contraloría también jugó un rol clave al monitorear y validar la potestad de los sostenedores para aplicar descuentos por los días no trabajados. Para el legislador, la situación en el INDH debe seguir el mismo criterio de rigurosidad administrativa, sin importar la naturaleza de la institución afectada.
El origen del conflicto interno
La movilización que motivó esta controversia institucional fue convocada de manera indefinida por la AFFINDH el 16 de junio. La principal razón esgrimida por los funcionarios es un profundo descontento con la gestión de la directora del organismo, Consuelo Contreras.
Según han comunicado los representantes de los trabajadores, el punto central del quiebre ha sido la presunta negativa de la dirección del instituto a implementar medidas efectivas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, con especial énfasis en las necesidades de cuidado de menores. Los funcionarios acusan una falta de diálogo y empatía por parte de la dirección para abordar problemáticas que consideran fundamentales para un ambiente laboral sano, especialmente en una institución cuya misión es la defensa de los derechos humanos.
La paralización ha generado una tensión evidente dentro de una de las instituciones más simbólicas del Estado chileno, encargada de velar por la promoción y protección de los derechos fundamentales en el país.
Con la solicitud de Contraloría en curso, el foco se traslada ahora a la respuesta que entregará la dirección del INDH dentro del plazo establecido. El informe que emita la institución será clave para la decisión final del ente contralor.
El dictamen que emita la Contraloría no solo definirá la legalidad de los eventuales descuentos para este caso particular, sino que también podría sentar un precedente importante para futuras movilizaciones en servicios públicos autónomos. Mientras tanto, el conflicto interno en el Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue sin resolverse, a la espera de un acercamiento entre las partes que permita destrabar una movilización que ya se extiende por varias semanas y que ahora suma un flanco de fiscalización externa.
Fuente información: Agencia MI
