Colegio de Profesores de Osorno denuncia acoso, persecución y "maltrato escondido"
La tesorera comunal del Colegio de Profesores, Pamela Valencia, expuso una serie de graves prácticas que estarían ocurriendo en escuelas de Osorno, incluyendo acoso sistemático, persecución a dirigentes y un mecanismo para amedrentar a docentes mediante la supresión de horas. El gremio denuncia, además, una dilación excesiva en los procesos sumariales contra directores, lo que permite que las malas prácticas se perpetúen y afecten el clima laboral, la salud mental de los educadores y la matrícula del sistema público.
Una severa y detallada denuncia sobre la gestión de algunos directores de establecimientos educacionales públicos en Osorno realizó el Colegio de Profesores de la comuna. A través de su tesorera, Pamela Valencia, el gremio alertó sobre situaciones de acoso laboral, persecución a docentes colegiados y dirigentes, y un sistema de "maltrato escondido" que estaría generando un profundo temor en el cuerpo docente.
Según Valencia, una de las principales problemáticas es la forma en que se gestionan las investigaciones administrativas. "Muchos de ellos (directores) tienen sumarios abiertos, pero finalmente al ellos renunciar, el sumario se termina. Entonces, ¿qué pasa? Estos directores van a otros establecimientos, a otras ciudades, pero continúan con estas mismas malas prácticas", explicó la dirigente.
El impacto de estas conductas, afirmó Valencia, ha llegado a niveles críticos, afectando directamente la salud mental de los educadores. "Tenemos casos de profesores con ideación suicida. O sea, cuando estas personas llevan a los profesores a ese nivel de frustración y de estrés, ya no es un tema simplemente de malos tratos. Estamos hablando de un acoso sistemático y de un sistema que lamentablemente lo permite", sostuvo.
Además, el gremio identificó un mecanismo de presión que califican como un "maltrato escondido". Según la tesorera, nuevos directores estarían contratando profesores externos, generando artificialmente "horas excedentes" para los docentes de planta. Esto se utilizaría para amedrentar al profesorado. "Cuando yo le digo al profesor: 'no es que este año te voy a dar 10 horas en aula', siendo que tengo para hacer al menos 30, evidentemente estoy amedrentando a mi profesor", detalló. Esta práctica, aseguran, no respeta el protocolo de supresión de horas estipulado en el Estatuto Docente.
Otro punto de alta preocupación es la excesiva demora en la resolución de los sumarios. "En el caso del DAEM Osorno, tenemos causas de hasta siete años", afirmó Valencia. El gremio sospecha que esta dilación, especialmente en casos que involucran a directivos, es una estrategia para que estos terminen sus periodos sin que los sumarios concluyan. "Estamos pensando igual denunciar la dilación porque también es un delito dilatar sin necesidad muchos de estos procesos", advirtió.
La dirigente señaló que, si bien en reuniones con el alcalde y el jefe del DAEM se les informó que los sumarios iniciados hasta 2021 ya estaban cerrados, las firmas finales para oficializar los decretos presentan demoras injustificadas de meses, cuando el plazo legal es de cinco días.
Estas situaciones, concluyó Valencia, generan malos climas laborales que repercuten en toda la comunidad educativa, provocando que los apoderados retiren a sus hijos de las escuelas y, por consiguiente, una pérdida de matrícula que agudiza la crisis del sistema de educación pública.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
Una severa y detallada denuncia sobre la gestión de algunos directores de establecimientos educacionales públicos en Osorno realizó el Colegio de Profesores de la comuna. A través de su tesorera, Pamela Valencia, el gremio alertó sobre situaciones de acoso laboral, persecución a docentes colegiados y dirigentes, y un sistema de "maltrato escondido" que estaría generando un profundo temor en el cuerpo docente.
Según Valencia, una de las principales problemáticas es la forma en que se gestionan las investigaciones administrativas. "Muchos de ellos (directores) tienen sumarios abiertos, pero finalmente al ellos renunciar, el sumario se termina. Entonces, ¿qué pasa? Estos directores van a otros establecimientos, a otras ciudades, pero continúan con estas mismas malas prácticas", explicó la dirigente.
El impacto de estas conductas, afirmó Valencia, ha llegado a niveles críticos, afectando directamente la salud mental de los educadores. "Tenemos casos de profesores con ideación suicida. O sea, cuando estas personas llevan a los profesores a ese nivel de frustración y de estrés, ya no es un tema simplemente de malos tratos. Estamos hablando de un acoso sistemático y de un sistema que lamentablemente lo permite", sostuvo.
Además, el gremio identificó un mecanismo de presión que califican como un "maltrato escondido". Según la tesorera, nuevos directores estarían contratando profesores externos, generando artificialmente "horas excedentes" para los docentes de planta. Esto se utilizaría para amedrentar al profesorado. "Cuando yo le digo al profesor: 'no es que este año te voy a dar 10 horas en aula', siendo que tengo para hacer al menos 30, evidentemente estoy amedrentando a mi profesor", detalló. Esta práctica, aseguran, no respeta el protocolo de supresión de horas estipulado en el Estatuto Docente.
Otro punto de alta preocupación es la excesiva demora en la resolución de los sumarios. "En el caso del DAEM Osorno, tenemos causas de hasta siete años", afirmó Valencia. El gremio sospecha que esta dilación, especialmente en casos que involucran a directivos, es una estrategia para que estos terminen sus periodos sin que los sumarios concluyan. "Estamos pensando igual denunciar la dilación porque también es un delito dilatar sin necesidad muchos de estos procesos", advirtió.
La dirigente señaló que, si bien en reuniones con el alcalde y el jefe del DAEM se les informó que los sumarios iniciados hasta 2021 ya estaban cerrados, las firmas finales para oficializar los decretos presentan demoras injustificadas de meses, cuando el plazo legal es de cinco días.
Estas situaciones, concluyó Valencia, generan malos climas laborales que repercuten en toda la comunidad educativa, provocando que los apoderados retiren a sus hijos de las escuelas y, por consiguiente, una pérdida de matrícula que agudiza la crisis del sistema de educación pública.
Fuente información: Álvaro Torres Riobó
