PDI allana Municipalidad de Los Muermos por presunta falsificación de patentes
Detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Puerto Montt allanaron las oficinas de la Municipalidad de Los Muermos durante la tarde de este jueves 31 de julio, en el marco de una investigación por falsificación de instrumento público. El operativo, ordenado por el tribunal local y dirigido por la Fiscalía, se originó tras detectar un permiso de comercio ambulante adulterado, y apunta a la presunta participación de un funcionario municipal.
La tranquilidad de la comuna de Los Muermos se vio alterada este jueves 31 de julio, luego de que un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpiera en las dependencias del edificio consistorial para llevar a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por presunta corrupción.
El procedimiento fue ejecutado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Puerto Montt, quienes dieron cumplimiento a una "orden judicial de entrada a registro de incautación emanada del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos", según confirmó el jefe de dicha unidad, Subprefecto Fredy Biere.
Durante el operativo, que se extendió por varias horas en la tarde, los agentes incautaron "equipos computacionales y dispositivos electrónicos" desde diversas oficinas municipales. Estos elementos serán sometidos a peritajes para recabar evidencia crucial en la causa.
La investigación, que está siendo dirigida por la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos, persigue el delito de "falsificación o uso malicioso de documento público". De acuerdo con el subprefecto Biere, las diligencias se iniciaron a raíz de un hecho específico: "La mencionada diligencia guarda relación con una fiscalización que se llevó a cabo en la Comuna de Los Muermos, específicamente a comerciantes ambulantes, donde se detectó un permiso de comercio ambulante adulterado, el que habría sido otorgado por un funcionario municipal".
Horas después del operativo, la Ilustre Municipalidad de Los Muermos emitió un comunicado oficial fechado el mismo 31 de julio, en el que reafirmó su "compromiso con la probidad y la transparencia". En el texto, el municipio informó que ya se encontraba desarrollando un "proceso investigativo, destinado a esclarecer una posible adulteración de documentos municipales vinculados a patentes comerciales". Según la casa edilicia, la situación fue detectada gracias a sus "sistemas internos de control" y a fiscalizaciones preventivas realizadas en coordinación con Carabineros, siendo comunicada de forma inmediata a las autoridades competentes.
La declaración municipal enfatiza la colaboración activa con la Fiscalía "para que se esclarezcan los hechos con la máxima rigurosidad" y advierte que, de comprobarse responsabilidades, "ejercerá todas las acciones legales que correspondan, incluyendo la presentación de querellas contra quienes resulten responsables". En un tono enérgico, el comunicado concluye señalando que "nuestra postura es clara: no habrá espacio para la impunidad".
Por el momento, las diligencias de la PDI se mantienen en desarrollo para establecer fehacientemente el origen de los permisos adulterados y el grado de participación del o los funcionarios involucrados en esta red de falsificación que atenta contra la fe pública.
Fuente información: Comunicaciones PDI / Agencia MI
La tranquilidad de la comuna de Los Muermos se vio alterada este jueves 31 de julio, luego de que un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpiera en las dependencias del edificio consistorial para llevar a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por presunta corrupción.
El procedimiento fue ejecutado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Puerto Montt, quienes dieron cumplimiento a una "orden judicial de entrada a registro de incautación emanada del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos", según confirmó el jefe de dicha unidad, Subprefecto Fredy Biere.
Durante el operativo, que se extendió por varias horas en la tarde, los agentes incautaron "equipos computacionales y dispositivos electrónicos" desde diversas oficinas municipales. Estos elementos serán sometidos a peritajes para recabar evidencia crucial en la causa.
La investigación, que está siendo dirigida por la Fiscalía Local de Maullín y Los Muermos, persigue el delito de "falsificación o uso malicioso de documento público". De acuerdo con el subprefecto Biere, las diligencias se iniciaron a raíz de un hecho específico: "La mencionada diligencia guarda relación con una fiscalización que se llevó a cabo en la Comuna de Los Muermos, específicamente a comerciantes ambulantes, donde se detectó un permiso de comercio ambulante adulterado, el que habría sido otorgado por un funcionario municipal".
Horas después del operativo, la Ilustre Municipalidad de Los Muermos emitió un comunicado oficial fechado el mismo 31 de julio, en el que reafirmó su "compromiso con la probidad y la transparencia". En el texto, el municipio informó que ya se encontraba desarrollando un "proceso investigativo, destinado a esclarecer una posible adulteración de documentos municipales vinculados a patentes comerciales". Según la casa edilicia, la situación fue detectada gracias a sus "sistemas internos de control" y a fiscalizaciones preventivas realizadas en coordinación con Carabineros, siendo comunicada de forma inmediata a las autoridades competentes.
La declaración municipal enfatiza la colaboración activa con la Fiscalía "para que se esclarezcan los hechos con la máxima rigurosidad" y advierte que, de comprobarse responsabilidades, "ejercerá todas las acciones legales que correspondan, incluyendo la presentación de querellas contra quienes resulten responsables". En un tono enérgico, el comunicado concluye señalando que "nuestra postura es clara: no habrá espacio para la impunidad".
Por el momento, las diligencias de la PDI se mantienen en desarrollo para establecer fehacientemente el origen de los permisos adulterados y el grado de participación del o los funcionarios involucrados en esta red de falsificación que atenta contra la fe pública.
Fuente información: Comunicaciones PDI / Agencia MI
