Algunos políticos pagaron propaganda en redes sociales antes del inicio de la campaña electoral
La publicidad política en redes sociales es una constante en nuestro ecosistema digital. Pero, ¿qué sucede cuando esta irrumpe antes de que la ley lo autorice? Una investigación de CIPER revela una calculada estrategia para operar en las zonas grises de la ley: 31 parlamentarios chilenos, de todo el espectro ideológico, pagaron por propaganda en Facebook e Instagram meses antes del inicio oficial de la campaña. Este movimiento no solo adelanta la carrera por el poder, sino que pone en jaque la arquitectura de la fiscalización electoral.
Vea la lista de los parlamentarios haciendo click aquí.
A continuación, desglosamos cinco claves para entender esta práctica y sus profundas implicancias.
Sin embargo, este argumento choca frontalmente con la definición legal. El Artículo 31 de la Ley N° 18.700 establece que se considera propaganda cualquier publicidad pagada en redes sociales que "promueva a una o más personas o partidos políticos [...] con fines electorales". La norma, por tanto, no exige una petición explícita del voto.
Un dictamen del Servicio Electoral (Servel) zanja la discusión de manera categórica, sentando un precedente crucial para la fiscalización:
“El citado artículo 31 de la Ley N° 18.700, no establece ningún descriptor relacionado con una candidatura determinada, entiéndase este como la inclusión de una letra, número de lista, o cargo a postular; ni tampoco exige la realización de un llamado expreso a votar por un candidato en específico, por lo cual, no resulta posible desconocer la realización de propaganda en ausencia de lo anterior”.
Esta aclaración del Servel cambia por completo la perspectiva sobre lo que constituye una infracción. El factor determinante no es una semántica específica, sino la intencionalidad electoral que subyace en la publicación pagada.
Para ilustrar esta diversidad, la lista incluye nombres como el senador Juan Castro (PSC), el diputado Jorge Brito (FA), el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y el diputado Boris Barrera (PC). El análisis de CIPER revela una estrategia de propaganda diversificada en tres frentes: el fortalecimiento de la marca personal (15 parlamentarios), el apalancamiento de figuras presidenciales (14 parlamentarios), y el debilitamiento del adversario (2 parlamentarios).
La transversalidad es evidente en el apoyo a las candidaturas presidenciales: 14 parlamentarios pagaron por avisos a favor de sus abanderados, como Jorge Brito (FA) apoyando a Jeannette Jara del oficialismo, o Juan Castro (PSC) promoviendo a José Antonio Kast.
El Servel aclaró a CIPER que este tipo de publicidad también es fiscalizable, indicando que la propaganda electoral "comprende tanto mensajes a favor como en contra de candidaturas o partidos" siempre que su objetivo sea influir en el electorado y medie un pago.
Los ejemplos son elocuentes. La diputada Gael Yeomans (FA) pagó para promocionar contenido que vinculaba erróneamente al jefe de seguridad de Evelyn Matthei con el "Caso Hermosilla" y, en otro anuncio, calificaba a José Antonio Kast de "mentiroso". Por su parte, Andrés Jouannet (AMA) financió un anuncio que no solo criticaba al Partido Comunista, sino que lo vinculaba directamente con la crisis en Venezuela en un esfuerzo por dañar a la candidata presidencial del oficialismo.
La implicancia es directa: al no ser parte de los gastos de campaña formales, estos pagos no se rinden ante el Servel, quedando fuera de toda fiscalización, transparencia y de los topes de gasto. Esto genera una ventaja indebida, como advierte Eduardo Engel, director de Espacio Público:
“Da una ventaja frente a otros candidatos, porque uno parte antes instalando los temas de campaña, el nombre de la candidata, etcétera”.
Engel profundiza en el principio democrático vulnerado, recordando que el objetivo de la ley es "limitar la influencia que puede tener el dinero en la política, poniendo un tope al gasto [...]. Que haya gastos importantes durante el periodo anterior a la campaña apunta en contra de estos objetivos”.
María Jaraquemada, del Consejo para la Transparencia, contextualiza el problema, señalando que, pese a que en 2016 la ley buscó ampliar el concepto de propaganda, la regulación "se quedan cortas en el tiempo". Esto, afirma, genera un "vacío legal que nos deja prácticamente ciegos respecto de quién está financiando esas campañas".
La interpretación del organismo electoral es tajante y se enfoca en el propósito detrás del mensaje, no en el calendario oficial:
“Del mismo modo, la promoción de un candidato con fines electorales no exige previamente la inscripción de una candidatura determinada, ya que la normativa electoral [...] eliminó el concepto de candidatos y lo reemplazó por el de personas que promuevan ideas con fines electorales, resultando preponderante la intencionalidad por sobre el criterio netamente cronológico”.
Esta visión legal, que prioriza la "intencionalidad" por sobre el calendario o la semántica, desmantela las dos excusas más comunes —la ausencia de un llamado al voto y la inexistencia de una candidatura formal—, dejando a los infractores con escaso margen de defensa.
Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/09/17/al-menos-31-parlamentarios-pagaron-propaganda-en-redes-sociales-antes-del-inicio-de-la-campana-electoral/
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Vea la lista de los parlamentarios haciendo click aquí.
A continuación, desglosamos cinco claves para entender esta práctica y sus profundas implicancias.
1. "No pedí el voto": La excusa que la ley no acepta
El principal argumento de defensa de los parlamentarios consultados es que sus publicaciones son meras opiniones políticas o difusión de ideas, ya que no contienen un "llamado expreso a votar". Bajo esta lógica, sostienen que sin esa frase clave no se puede hablar de propaganda.Sin embargo, este argumento choca frontalmente con la definición legal. El Artículo 31 de la Ley N° 18.700 establece que se considera propaganda cualquier publicidad pagada en redes sociales que "promueva a una o más personas o partidos políticos [...] con fines electorales". La norma, por tanto, no exige una petición explícita del voto.
Un dictamen del Servicio Electoral (Servel) zanja la discusión de manera categórica, sentando un precedente crucial para la fiscalización:
“El citado artículo 31 de la Ley N° 18.700, no establece ningún descriptor relacionado con una candidatura determinada, entiéndase este como la inclusión de una letra, número de lista, o cargo a postular; ni tampoco exige la realización de un llamado expreso a votar por un candidato en específico, por lo cual, no resulta posible desconocer la realización de propaganda en ausencia de lo anterior”.
Esta aclaración del Servel cambia por completo la perspectiva sobre lo que constituye una infracción. El factor determinante no es una semántica específica, sino la intencionalidad electoral que subyace en la publicación pagada.
2. No es cosa de un solo color: Una práctica política transversal
La investigación de CIPER demuestra que esta estrategia no es exclusiva de un sector político. El reportaje identificó a 30 diputados y un senador de todo el espectro ideológico, desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Republicano (PREP).Para ilustrar esta diversidad, la lista incluye nombres como el senador Juan Castro (PSC), el diputado Jorge Brito (FA), el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y el diputado Boris Barrera (PC). El análisis de CIPER revela una estrategia de propaganda diversificada en tres frentes: el fortalecimiento de la marca personal (15 parlamentarios), el apalancamiento de figuras presidenciales (14 parlamentarios), y el debilitamiento del adversario (2 parlamentarios).
La transversalidad es evidente en el apoyo a las candidaturas presidenciales: 14 parlamentarios pagaron por avisos a favor de sus abanderados, como Jorge Brito (FA) apoyando a Jeannette Jara del oficialismo, o Juan Castro (PSC) promoviendo a José Antonio Kast.
3. La "contracampaña" pagada también juega en la cancha electoral
La propaganda no se limita a la autopromoción. La investigación también expuso el uso de la "contracampaña": el acto de pagar por la difusión de mensajes que critican o atacan directamente a adversarios electorales.El Servel aclaró a CIPER que este tipo de publicidad también es fiscalizable, indicando que la propaganda electoral "comprende tanto mensajes a favor como en contra de candidaturas o partidos" siempre que su objetivo sea influir en el electorado y medie un pago.
Los ejemplos son elocuentes. La diputada Gael Yeomans (FA) pagó para promocionar contenido que vinculaba erróneamente al jefe de seguridad de Evelyn Matthei con el "Caso Hermosilla" y, en otro anuncio, calificaba a José Antonio Kast de "mentiroso". Por su parte, Andrés Jouannet (AMA) financió un anuncio que no solo criticaba al Partido Comunista, sino que lo vinculaba directamente con la crisis en Venezuela en un esfuerzo por dañar a la candidata presidencial del oficialismo.
4. El dinero fantasma: Un vacío legal que elude la fiscalización
Aquí radica uno de los problemas estructurales más graves: el financiamiento. Todos los parlamentarios consultados por CIPER afirmaron que la publicidad fue pagada con "recursos propios", no con asignaciones del Congreso. Esta declaración activa un punto ciego en la regulación, creando una "campaña sombra" que opera al margen de la ley.La implicancia es directa: al no ser parte de los gastos de campaña formales, estos pagos no se rinden ante el Servel, quedando fuera de toda fiscalización, transparencia y de los topes de gasto. Esto genera una ventaja indebida, como advierte Eduardo Engel, director de Espacio Público:
“Da una ventaja frente a otros candidatos, porque uno parte antes instalando los temas de campaña, el nombre de la candidata, etcétera”.
Engel profundiza en el principio democrático vulnerado, recordando que el objetivo de la ley es "limitar la influencia que puede tener el dinero en la política, poniendo un tope al gasto [...]. Que haya gastos importantes durante el periodo anterior a la campaña apunta en contra de estos objetivos”.
María Jaraquemada, del Consejo para la Transparencia, contextualiza el problema, señalando que, pese a que en 2016 la ley buscó ampliar el concepto de propaganda, la regulación "se quedan cortas en el tiempo". Esto, afirma, genera un "vacío legal que nos deja prácticamente ciegos respecto de quién está financiando esas campañas".
5. La intención es lo que cuenta: No se necesita una candidatura inscrita
Quizás uno de los puntos más reveladores de las resoluciones del Servel es que ni siquiera se necesita una candidatura formalmente inscrita para que su promoción sea considerada propaganda electoral. Esto derriba por completo el argumento de que la promoción de "precandidaturas" existe en una zona legalmente gris.La interpretación del organismo electoral es tajante y se enfoca en el propósito detrás del mensaje, no en el calendario oficial:
“Del mismo modo, la promoción de un candidato con fines electorales no exige previamente la inscripción de una candidatura determinada, ya que la normativa electoral [...] eliminó el concepto de candidatos y lo reemplazó por el de personas que promuevan ideas con fines electorales, resultando preponderante la intencionalidad por sobre el criterio netamente cronológico”.
Esta visión legal, que prioriza la "intencionalidad" por sobre el calendario o la semántica, desmantela las dos excusas más comunes —la ausencia de un llamado al voto y la inexistencia de una candidatura formal—, dejando a los infractores con escaso margen de defensa.
Conclusión
Las tácticas de campaña en la era digital exponen una regulación electoral que, en palabras de María Jaraquemada, "se quedan cortas en el tiempo". Si la élite política fuerza las reglas antes de que la carrera comience oficialmente, la pregunta no es solo sobre la equidad de las próximas elecciones, sino sobre la legitimidad de un sistema cuya regulación parece perpetuamente un paso por detrás de la estrategia.Fuente información: https://www.ciperchile.cl/2025/09/17/al-menos-31-parlamentarios-pagaron-propaganda-en-redes-sociales-antes-del-inicio-de-la-campana-electoral/
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