Filtran videos de maltrato en Hospital de Osorno: Confirman sumario y denuncia en Fiscalía
Una grave denuncia por actos de tortura y vejaciones en contra de un ex funcionario del espectro autista (TEA) remece al Hospital Base San José de Osorno. Tras la filtración de videos que evidencian los maltratos —ocurridos entre 2018 y 2020—, la Confederación FENATS Nacional exigió la máxima sanción para los responsables y acusó una "omisión intolerable" de la dirección. Por su parte, el Servicio de Salud y el hospital aludido aseguraron que el caso fue denunciado al Ministerio Público en 2024 tras recibir nuevos antecedentes y que un sumario se encuentra en etapa de notificación.
Una grave denuncia por maltrato laboral y actos calificados como tortura ha puesto en el centro de la polémica al Hospital Base San José Osorno (HBSJO). La situación se hizo pública durante la madrugada de este lunes 1 de septiembre, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera enviado a parlamentarios y medios de comunicación, desatando una inmediata reacción de los gremios de la salud y las autoridades del recinto.
La denuncia detalla un patrón de abusos ocurrido en el área de Informática del hospital en contra de un funcionario de reemplazo diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según los antecedentes, un grupo de profesionales habría infligido graves vejaciones al trabajador, las cuales incluyeron cortarle el cabello contra su voluntad, atarlo a una silla, cubrir su rostro con plástico e incluso forzarlo a desnudarse. Todos estos actos habrían sido grabados y fotografiados por los mismos agresores.
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) reaccionó a través de un comunicado público, expresando su "más enérgico rechazo" a lo sucedido. Calificaron los hechos como "inaceptables maltratos y vejaciones que constituyen una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana". La organización fue más allá, criticando lo que consideran una grave omisión por parte de las autoridades del recinto: "Más grave aún es el silencio del Servicio de Salud correspondiente, cuya omisión frente a estos acontecimientos refleja una falta de responsabilidad intolerable y una desprotección absoluta hacia quienes sostienen la atención sanitaria".
Como Confederación, la FENATS exigió "la máxima sanción inmediata de todos quienes resulten responsables, incluyendo a los directivos de los establecimientos que, al omitir la denuncia, se transforman en cómplices de estos hechos". Asimismo, demandaron la presentación formal de las denuncias ante la Fiscalía para que los actos no queden en la impunidad.
En respuesta a la controversia, la Dirección del Servicio de Salud Osorno (SSO) y la Dirección del Hospital Base, encabezadas por Héctor Alarcón y Julio Vargas respectivamente, emitieron una declaración conjunta. En ella, confirmaron que "los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020", período en el cual se realizó un primer sumario que "no arrojó sanciones administrativas para los implicados". Sin embargo, aseguraron que en el año 2024, la Dirección "toma conocimiento del caso y recibe nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y la denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito". Actualmente, dicho proceso se encuentra "en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables".
Franco Julián Véjar, dirigente de la Fenats Nacional Base Osorno, profundizó en la preocupación del gremio, afirmando tener "la certeza de que (los directivos) estaban en conocimiento del contenido de estas imágenes y de esta denuncia, y que no se han tomado medidas concretas y proporcionales a la gravedad de los hechos". Julián describió el contenido de los videos como "bastante fuertes", donde se ve al funcionario "siendo objeto de de conductas denigrantes, de vejámenes y torturas, como son cortarle su el pelo contra la voluntad, amarrado a una silla, amarrados de pies y manos, y aplicándole calor en un costado de su cuerpo".
El dirigente local agregó que, según la información que manejan, los funcionarios involucrados "aún se mantienen trabajando con su mismo grado y su misma remuneración", y que la reapertura del sumario no ha traído respuestas concretas. "No hay transparencia sobre las medidas adoptadas y parece todo haberse solucionado entre cuatro paredes", sentenció.
Esta situación se suma a otros casos que, a juicio de los dirigentes, evidencian una "utilización de los procesos disciplinarios en que ciertas personas son protegidas y otras personas son condenadas con los más altos estándares". Julián recordó el caso del funcionario Carlos Currieco, quien fue desvinculado y, tras ganar un juicio, obligó al SSO y al HBSJO a pagar una indemnización de 33 millones de pesos y a ofrecer disculpas públicas.
Finalmente, la dirección del hospital informó que la víctima de las vejaciones ya no trabaja en la institución y, según información extraoficial, habría abandonado el país. Junto con ello, anunciaron que tomarán acciones legales contra quienes resulten responsables de la filtración de los videos, argumentando que son de carácter reservado y su difusión afecta "la honra y a la revictimización de la persona afectada".
Fuente información: Rocío Gambra / Agencia MI
La denuncia detalla un patrón de abusos ocurrido en el área de Informática del hospital en contra de un funcionario de reemplazo diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según los antecedentes, un grupo de profesionales habría infligido graves vejaciones al trabajador, las cuales incluyeron cortarle el cabello contra su voluntad, atarlo a una silla, cubrir su rostro con plástico e incluso forzarlo a desnudarse. Todos estos actos habrían sido grabados y fotografiados por los mismos agresores.
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) reaccionó a través de un comunicado público, expresando su "más enérgico rechazo" a lo sucedido. Calificaron los hechos como "inaceptables maltratos y vejaciones que constituyen una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana". La organización fue más allá, criticando lo que consideran una grave omisión por parte de las autoridades del recinto: "Más grave aún es el silencio del Servicio de Salud correspondiente, cuya omisión frente a estos acontecimientos refleja una falta de responsabilidad intolerable y una desprotección absoluta hacia quienes sostienen la atención sanitaria".
Como Confederación, la FENATS exigió "la máxima sanción inmediata de todos quienes resulten responsables, incluyendo a los directivos de los establecimientos que, al omitir la denuncia, se transforman en cómplices de estos hechos". Asimismo, demandaron la presentación formal de las denuncias ante la Fiscalía para que los actos no queden en la impunidad.
En respuesta a la controversia, la Dirección del Servicio de Salud Osorno (SSO) y la Dirección del Hospital Base, encabezadas por Héctor Alarcón y Julio Vargas respectivamente, emitieron una declaración conjunta. En ella, confirmaron que "los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020", período en el cual se realizó un primer sumario que "no arrojó sanciones administrativas para los implicados". Sin embargo, aseguraron que en el año 2024, la Dirección "toma conocimiento del caso y recibe nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y la denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito". Actualmente, dicho proceso se encuentra "en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables".
Franco Julián Véjar, dirigente de la Fenats Nacional Base Osorno, profundizó en la preocupación del gremio, afirmando tener "la certeza de que (los directivos) estaban en conocimiento del contenido de estas imágenes y de esta denuncia, y que no se han tomado medidas concretas y proporcionales a la gravedad de los hechos". Julián describió el contenido de los videos como "bastante fuertes", donde se ve al funcionario "siendo objeto de de conductas denigrantes, de vejámenes y torturas, como son cortarle su el pelo contra la voluntad, amarrado a una silla, amarrados de pies y manos, y aplicándole calor en un costado de su cuerpo".
El dirigente local agregó que, según la información que manejan, los funcionarios involucrados "aún se mantienen trabajando con su mismo grado y su misma remuneración", y que la reapertura del sumario no ha traído respuestas concretas. "No hay transparencia sobre las medidas adoptadas y parece todo haberse solucionado entre cuatro paredes", sentenció.
Esta situación se suma a otros casos que, a juicio de los dirigentes, evidencian una "utilización de los procesos disciplinarios en que ciertas personas son protegidas y otras personas son condenadas con los más altos estándares". Julián recordó el caso del funcionario Carlos Currieco, quien fue desvinculado y, tras ganar un juicio, obligó al SSO y al HBSJO a pagar una indemnización de 33 millones de pesos y a ofrecer disculpas públicas.
Finalmente, la dirección del hospital informó que la víctima de las vejaciones ya no trabaja en la institución y, según información extraoficial, habría abandonado el país. Junto con ello, anunciaron que tomarán acciones legales contra quienes resulten responsables de la filtración de los videos, argumentando que son de carácter reservado y su difusión afecta "la honra y a la revictimización de la persona afectada".
Fuente información: Rocío Gambra / Agencia MI
