Prisión preventiva para joven de 23 años en Osorno por pornografía infantil
Un hombre de 23 años quedó en prisión preventiva en Osorno tras ser formalizado por los delitos de difusión y almacenamiento malicioso de pornografía infantil. La investigación, a cargo de la Fiscalía Local, se originó a raíz de una alerta emitida por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que fue recibida directamente por la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile.
La Fiscalía Local de Osorno logró que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto de 23 años, quien fue formalizado por su presunta responsabilidad en los delitos de difusión y almacenamiento malicioso de pornografía infantil en la ciudad.
La investigación que llevó a su detención tuvo su punto de partida fuera de las fronteras nacionales. Según detalló la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, el caso se inició "a raíz de los reportes que hace el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, y que se hacen directamente a Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile".
A partir de esta denuncia internacional, la Fiscalía de Osorno dio comienzo a una serie de diligencias investigativas. Se solicitaron las respectivas órdenes de entrada y registro para el domicilio del imputado, quien ya había sido individualizado por las autoridades. La ejecución de esta orden estuvo a cargo de detectives de la unidad de Cibercrimen de la PDI de la ciudad de Santiago, quienes se trasladaron a la capital provincial.
Durante el operativo, se logró la detención del individuo, quien, según la persecutora, fue sorprendido "haciendo uso de justamente estos dispositivos tecnológicos en los cuales se encontraba almacenada y estaba difundiendo la pornografía infantil de niños, niñas y adolescentes, las cuales daban cuenta de ciertos actos de relevancia sexual".
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público comunicó los hechos al imputado y, "en atención a la gravedad de este tipo de delito, es que se solicitó la prisión preventiva del imputado". La medida fue acogida por el Juzgado de Garantía local, que además fijó un plazo de investigación de 100 días para que la fiscalía continúe con las indagatorias correspondientes.
Fuente información: Comunicaciones Fiscalía
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La Fiscalía Local de Osorno logró que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto de 23 años, quien fue formalizado por su presunta responsabilidad en los delitos de difusión y almacenamiento malicioso de pornografía infantil en la ciudad.
La investigación que llevó a su detención tuvo su punto de partida fuera de las fronteras nacionales. Según detalló la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, el caso se inició "a raíz de los reportes que hace el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, y que se hacen directamente a Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile".
A partir de esta denuncia internacional, la Fiscalía de Osorno dio comienzo a una serie de diligencias investigativas. Se solicitaron las respectivas órdenes de entrada y registro para el domicilio del imputado, quien ya había sido individualizado por las autoridades. La ejecución de esta orden estuvo a cargo de detectives de la unidad de Cibercrimen de la PDI de la ciudad de Santiago, quienes se trasladaron a la capital provincial.
Durante el operativo, se logró la detención del individuo, quien, según la persecutora, fue sorprendido "haciendo uso de justamente estos dispositivos tecnológicos en los cuales se encontraba almacenada y estaba difundiendo la pornografía infantil de niños, niñas y adolescentes, las cuales daban cuenta de ciertos actos de relevancia sexual".
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público comunicó los hechos al imputado y, "en atención a la gravedad de este tipo de delito, es que se solicitó la prisión preventiva del imputado". La medida fue acogida por el Juzgado de Garantía local, que además fijó un plazo de investigación de 100 días para que la fiscalía continúe con las indagatorias correspondientes.
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